El Tribunal de Cuentas detecta «irregularidades» en la UMU y en la UPCT

Advierte de las elevadas modificaciones presupuestarias de las dos universidades y subraya el aumento de personal docente investigador laboral

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Martes, 10 de junio 2014, 13:45

El Tribunal de Cuentas ha detectado «deficiencias e irregularidades» en la gestión de la Universidad de Murcia (UMU) y de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en materia de contratación. Especialmente, hace hincapié en que «se han observado diversas irregularidades» en la adjudicación de contratos públicos de la institución, durante los ejercicios 2010 y 2011.

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El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, presentó este martes, en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el informe de fiscalización de la Universidad de Murcia de los años 2010 y 2011, así como el de la Universidad Politécnica de Cartagena.

A raíz de los informes de fiscalización, aprobados por el Pleno de la Cámara de Cuentas el pasado 28 de noviembre, el Tribunal señala que las justificaciones de la necesidad para el servicio público en materia de contratación se limitan a describir o mencionar las prestaciones constitutivas del objeto o son excesivamente genéricas e imprecisas.

Asimismo, establece en el informe presentado en la Comisión Mixta que en la mayoría de los contratos de servicios que se han examinado se aprecia «una regulación contradictoria y confusa» sobre la revisión de precios. De igual modo, señala la falta de transparencia de las instituciones, ya que en muchos de los contratos no se estableció «la forma o método de valoración ni de asignación de los criterios susceptibles de valoración subjetiva» ni se determinaron con precisión los plazos de ejecución.

Por otro lado, Alvarez de Miranda destacó que el Gobierno regional remitió las cuentas de las universidades de acuerdo con los plazos legales. Eso sí, puso de manifiesto que estas dos universidades no han implantado un sistema de contabilidad analítica en los ejercicios fiscalizados.

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En concreto, respecto a la Universidad de Murcia, en el informe de la Cámara de Cuentas se advierten problemas de control, debido a que el procedimiento de aprobación y rendición de las cuentas de las entidades dependientes fue conjunto con las cuentas anuales de dicha universidad. En ese sentido, la Cámara considera «más adecuado» individualizar ambos procedimientos.

El informe señala, asimismo, que los presupuestos de ambas universidades fueron aprobados y publicados de acuerdo con la normativa aplicable, aunque no se cumplió con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, al no incluir en el estado de gastos corrientes la relación de puestos de trabajo del personal de las Universidad y sus costes.

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Asimismo, Alvarez de Miranda enfatizó el «elevado grado» de modificación de los presupuestos iniciales que consecuentemente alteraron los créditos concedidos inicialmente, lo que, según afirmó, es «contrario a las prescripciones y exigencias» derivadas de la estabilidad presupuestaria y a la regla del gasto máximo.

En el caso de la Universidad de Murcia, las modificaciones suponían un 27% en 2010 (lo que provocó un aumento del crédito de 227 millones a un total de 289 millones), y un 36% en 2011 (lo que alteró el crédito inicial de 211 millones de euros a 288 millones).

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En la Universidad Politécnica de Cartagena, en 2010 se pasó de unos créditos iniciales de 62 millones de euros a unos créditos finales de 89 millones de euros, mientras que en el año 2011 se pasó de 60 millones a la misma cantidad de 89 millones de euros.

En cuanto a los recursos humanos de que disponen estas dos universidades, se destaca el «incremento» en el periodo 2007 y 2011 de una media del 13% en la de Murcia, y del 6,2% en la Politécnica de Cartagena. Este aumento corresponde principalmente al personal docente investigador laboral, según el informe.

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Además, se subraya la reducción de alumnos de nuevo ingreso de un 8% en la UMU en los últimos cinco cursos, mientras que destaca el «aumento» en la misma proporción de la de Cartagena. Esto sucede, señala el informe, a pesar de que la plazas ofertadas por la UMU para nuevo ingreso presentaban un incremento de 7%, y en la UPCT cayeron en un 44%.

En este sentido, la satisfacción de la oferta en el curso 2011-2012, es decir, el porcentaje de plazas ofertadas de nuevo ingreso que son cubiertas, en la Universidad de Murcia supuso un 86% de media, y en la Universidad de Cartagena un 63%.

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Respecto a la evolución de los créditos matriculados e impartidos en los último cinco años, en la UMU existe una tendencia creciente. En el caso de la UPCT la evolución solo aumenta en el porcentaje de créditos impartidos y no en el de los créditos matriculados, que disminuye un 5%.

Asimismo, el número de alumnos graduados aumentó en ambas universidades en los últimos cinco años.

Sobre los costes de personal, el informe indica que no se cumplió con el objetivo de reducir la masa salarial ni con los límites legales establecidos, y además, observa la existencia de «diferencias de tratamiento de los premios de jubilación» en ambas instituciones.

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De igual forma, el informe advierte de que el procedimiento de funcionarización que las universidades han aplicado respecto a hacer posible que el personal docente e investigador laboral pueda solicitar que se le cree una plaza de funcionario, «resulta contrario a los principios de organización y planificación» y al régimen jurídico del funcionariado público.

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