Ultimátum de Bruselas para mejorar la gestión de los espacios protegidos

La Región de Murcia es una de las comunidades más rezagadas en este proceso, que tiene el objetivo de dotar de normativa a los enclaves naturales catalogados como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por su riqueza en biodiversidad, que son declarados Zonas de Especial Conservación (ZEC) una vez que se aprueba su plan de gestión. La Comunidad Autónoma cuenta con 49 LIC, agrupados en trece Áreas de Planificación Integrada (API), de los cuales solo se han designado como ZEC 19 de ellos (en el Noroeste y el Mar Menor, entre otros espacios). El Gobierno regional asegura que los 30 restantes estarán aprobados en 2022, cuando el plazo inicial de la Comisión Europea cumplió en julio de 2012.

De estos 30 LIC aún sin normativa, doce se encuentran en la fase final de tramitación, cuatro han finalizado la fase de consultas y participación pública, otros dos han cumplido la etapa de consulta previa y doce siguen aún en elaboración, informa la Consejería. Los últimos en pasar por el Consejo de Gobierno serán los que se prevén como más conflictivos: Costa Occidental (que incluye el Parque Regional Cabo Cope-Calnegre, entre Lorca y Águilas); Sierras de Cartagena (donde se ubican, entre otros lugares, Calblanque y la Sierra de la Fausilla); y El Valle y Carrascoy, en Murcia y en menor medida Alhama y Fuente Álamo.

De los 1.278 LIC españoles, 345 no cuentan aún con un plan de gestión que ordene los usos y actividades económicas en esos espacios, garantice la conservación de los valores naturales y aporte seguridad jurídica a los propietarios de terrenos. «Ha habido una práctica general y persistente por parte de doce comunidades autónomas y a nivel central en la cual no se han detallado ni cuantificado suficientemente ni los objetivos de conservación ni las medidas necesarias para alcanzarlos», se lamentan las autoridades europeas.

Aunque asegura no haber recibido aún la carta de emplazamiento complementaria (se decidió este jueves en la reunión del Colegio de Comisarios), la Consejería de Medio Ambiente se prepara ya para responder a este nuevo requerimiento de Bruselas por la incorrecta aplicación de la Directiva 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales.

El Gobierno regional achaca sus sucesivos retrasos en la planificación de la Red Natura 2000 a la complejidad de la tramitación: «Nuestros procedimientos de aprobación son muy distintos a los de otras comunidades autónomas, con mucha participación pública y de todos los agentes sociales y sometimiento a valoración e informe de órganos consultivos. El resultado es que obtenemos documentos muy debatidos y consensuados y con muy elevadas garantías procedimentales, pero exigen un procedimiento de aprobación más elaborado y largo», aseguran fuentes del Ejecutivo autónomo.