Los sindicatos denuncian «acoso laboral» en Medio Ambiente

Entre el personal que ha abandonado recientemente la Dirección General de Medio Ambiente, a cargo del ingeniero de Caminos Francisco Marín, destaca la figura de Inmaculada Ramírez Santigosa, subdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental durante parte de la pasada legislatura y hasta hace tres semanas responsable del Servicio de Información e Integración Ambiental.

Bióloga de formación, sus casi 32 años de carrera en la Comunidad Autónoma han estado dedicados en exclusiva al medio ambiente, con responsabilidades en materia de planificación de espacios protegidos y evaluación ambiental, entre otras. También ejerció el cargo de subdirectora general de Medio Natural, periodo en el que impulsó el desarrollo de la Red Natura 2000, tras años de retrasos y parálisis política. Con fama de profesional rigurosa y trabajadora, su salida de la Dirección General de Medio Ambiente se ha producido por voluntad propia. Su destino actual, en comisión de servicio, es la Consejería de Turismo, Juventud y Deporte.

Los otro cuatro funcionarios han sido recolocados en la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino, según fuentes sindicales «de manera forzosa». La Consejería argumenta que este movimiento de empleados de la Dirección General de Medio Ambiente entra dentro de la normalidad: «El personal de la administración está para realizar un servicio público y servir en aquellas tareas que son necesarias en cada momento. Por ejemplo, tres personas de Medio Ambiente se encuentran ahora desempeñando provisionalmente funciones en otra dirección general a fin de desarrollar e impulsar el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor y el control de nitratos, porque en la actualidad se necesitaba contar con su trabajo ahí». Las vacantes que dejan estos funcionarios «será cubiertas en la mesa de función pública», informa el Gobierno regional.

La Dirección General de Medio Ambiente es un órgano clave porque de él dependen, entre otras, las autorizaciones para la instalación de empresas y permisos para actividades económicas potencialmente contaminantes o con posibles afecciones al medio natural o la salud.

«En la Comunidad Autónoma necesitan personas que sean sumisas y que firmen lo que interese en cada momento», asegura a LAVERDAD el delegado de Intersindical de Servicios Públicos, Nacho Álvarez-Castellanos, quien afirma que el personal «está muy quemado, y prueba de ello son las últimas asambleas de trabajadores;nunca las había visto tan masivas».

Este delegado sindical advierte de que los funcionarios de la administración ambiental se sienten «injustamente señalados» por la tardanza en la tramitación de los expedientes: «El Gobierno regional transmite a la opinión pública que la economía se resiente porque los funcionarios no sacan adelante su trabajo, carga contra sus propios empleados en lugar de protegerlos, escucharlos y solucionar sus problemas», señala. «Hay montañas de papeles pendientes en las mesas y no dan abasto, pero si pusieran medios humanos y materiales se solucionaría. Y también saldrían adelante expedientes sancionadores y se recaudaría en multas», manifiesta el delegado sindical.

Para la Intersindical de Servicios Públicos, estos traslados suponen un «desmantelamiento» que se habría iniciado en octubre de 2019 con el cese de Encarna Molina, ex directora general de Medio Ambiente y subdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental desde la pasada legislatura, que fue destinada a la Secretaría General de la Consejería, como adelantó este periódico, y sustituida por la arquitecta Catalina Simón —anteriormente subdirectora general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento–.

Hay otra mudanza en marcha en la Consejería, esta vez en sentido literal: las direcciones generales de Medio Ambiente y Medio Natural están siendo trasladadas desde su sede de Ronda de Levante al edificio principal de Agua y Agricultura, en la plaza de Juan XXIII. Nunca antes la administración ambiental se había emplazado dentro de la consejería a la que estaba adscrita.