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El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher Noguera (Tavernes de la Valldigna, Valencia, 1953), ve la botella medio ... llena: si aumentan los delitos por atentados contra la naturaleza es por una mayor eficacia de la Justicia y conciencia social, aunque admite que España es el país europeo con más sentencias condenatorias. Doctor por la Universidad de Cambridge (Reino Unido), máster por la Universidad de Harvard (EE UU) y vicepresidente del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, el martes ofreció en el Museo Arqueológico de Murcia la conferencia 'Delitos urbanísticos y contra el medio ambiente', invitado por la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, en la que repasó la actividad de este departamento especializado del Ministerio Público, que él dirige desde su creación en 2006. Pero sobre el Mar Menor, ni media palabra.
–¿Qué opina sobre la catástrofe ambiental del Mar Menor?
–Me va a permitir que no hable de eso porque es un tema judicializado, y no voy a pronunciarme.
La negativa del fiscal a hablar sobre la contaminación del Mar Menor y la investigación que instruye un juzgado de Murcia sobre su proceso de degradación, un caso en el que están imputados políticos, altos cargos de diferentes administraciones y empresarios agrícolas, obliga a descartar casi la mitad del guion de la entrevista.
–La mayoría de las sentencias condenatorias en 2018, más de mil, obedecieron a delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio. Parece que los españoles tenemos un problema con el ladrillo...
–Tenemos un serio problema con el ladrillo, y como usted es periodista, eso lo sabe mejor que yo. Ysobre todo en el Levante, a mayor abundamiento. Si entre el 30% y el 40% de los ingresos municipales dependen de la construcción, como revela un estudio de la Fundación Alternativas... El derecho ambiental tiene un fuerte componente económico.
–La mayor parte de las diligencias en la Región de Murcia se abren por construcciones ilegales en la huerta. Pero no dejan de construirse chalés en ese suelo no urbanizable y sin embargo no se ve demolición alguna. ¿Por qué?
–Si se ha leído la Memoria de la Fiscalía de 2018, que ya veo que sí, habrá comprobado que ese año se ordenaron 184 demoliciones.
–En toda España.
–Sí, pero cuando empezamos a controlar esto en 2014 fueron solo 60. En apenas cuatro años hemos llegado a 184. La demolición es una materia que nunca jamás ha existido en el sistema penal español: por favor, denos una tregua.
–El fiscal jefe del TSJ de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, se lamentó cuando era fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de que en Murcia no había manera de derribar las construcciones ilegales. Una queja que vuelve a aparecer en la Memoria de Actividades de 2018. ¿Por qué los jueces son tan reacios a dictar demoliciones?
–Insisto, es una materia nueva. El robo ya estaba en el Código de Hammurabi y esto en cambio no ha existido nunca. Hay falta todavía de uso judicial en relación con este tipo de temas, pero llegará. Porque las demoliciones realmente se han multiplicado desde 2014 y estoy absolutamente convencido de que en las estadísticas de 2019 veremos un aumento, seguro.
[El Código de Hammurabi, promulgado en Babilonia, es uno de los conjuntos de leyes más antiguos]
–Pero el mensaje que se traslada a la sociedad es que sale muy barato saltarse las leyes urbanísticas y medioambientales.
–Nuestra función no es enviar mensajes a nadie, sino aplicar el Código Penal, como usted comprenderá. No somos una agencia de marketing.
–Otra lacra en la Región de Murcia son las roturaciones agrícolas de montes para implantar regadíos ilegales. Los tractores actúan de noche y las empresas que están detrás no atienden las peticiones de paralización, en una política de tierra quemada. ¿Puede hacer algo más la Administración?
–Yo no dispongo de una cámara para vigilar a cada alcalde ni a cada autoridad administrativa ni nada por el estilo. Yo me entero de las denuncias que llegan a la Fiscalía. Ese tipo de actividades pueden constituir delito y se tienen que denunciar, otra cosa es que no se quiera denunciar o que se espere una respuesta en solo veinte días. Hay que ser un poco realistas: se tardó siete años en dar una sentencia desde que se instaurase el delito medioambiental. Hoy estamos consiguiendo miles en un año. Eso es realmente lo que hay que tener en cuenta.
[El delito medioambiental se instauró en España en 1983 y la primera sentencia se dictó en 1990]
–Ha sido muy llamativa su petición al Ayuntamiento de Madrid de que actúe penalmente contra los conductores de coches más contaminantes que se salten las restricciones de tráfico. ¿Le preocupa la calidad del aire?
–No es cuestión de preocupación: si yo me guiara por mis preocupaciones no podría ejercer como fiscal, como usted comprenderá. Simplemente, se ha examinado la materia, hay varios procedimientos por parte de la Comisión Europea contra muchos países, uno de ellos España, y tenemos ciudades enormemente contaminadas. Madrid es la más grande y evidentemente es la que más problemas tiene, lo cual nos llevó a actuar antes en la capital que en otra sitios.
–Murcia ha estado varios días en alerta por contaminación atmosférica, justo unos días antes de que usted llegara a la ciudad [la entrevista se realizó el martes 28].
–Y antes Valencia, y también Madrid. Menos mal que ahora existen alertas, porque antes teníamos el mismo problema y sin embargo no se ponía de manifiesto.
–¿Tendremos que acostumbrarnos a convivir con la contaminación del aire en nuestra vida cotidiana?
–Más bien tendremos que acostumbrarnos a utilizar menos los vehículos particulares. Y como usted seguro que tiene coche, aplíqueselo.
–¿Cuáles son los principales problemas ambientales de la sociedad española?
–Prácticamente todos: los malos tratos a animales domésticos no formaban parte del derecho ambiental y ahora sí lo son, y por ejemplo en el año 2018 se consiguieron casi doscientas sentencias de condena. Todavía hay mucha dificultad en temas ambientales. Quizá lo que más se refleje sean los asuntos urbanísticos, pero la problemática es infinitamente más compleja.
–En 2018 aumentaron las diligencias de investigación con respecto a 2017 (de 2.525 a 3.023) y los procedimientos judiciales. ¿Qué significa esta tendencia, vamos a peor ambientalmente?
–Llegaremos a un momento en el que se estabilizará, lo que no sé es cuándo. Mientras tanto, vamos tratando la materia, trabajando y haciendo estadísticas, eso es todo lo que le puedo decir. En cualquier caso, tenemos un sistema legal de los más potentes, claros y precisos de Europa, y España es el país europeo con más condenas penales por esta materia.
–Y aumentan las condenas por malos tratos a animales domésticos. ¿Qué dice eso de nosotros?
–También hay que reconocer que también hay cada vez más gente que respeta extraordinariamente a los animales domésticos, que además cumplen una función terapéutica. Llegaremos a un punto en el que esto se empezará a estabilizar y a reducir.
–¿Somos los españoles especialmente sucios o contaminantes comparados con nuestros vecinos europeos?
–En modo alguno, esa es una idea con la que se está jugando constantemente y no es así. Lo que ocurre es que tenemos un país ambientalmente muy rico, cuando por ejemplo el medio ambiente en Islandia es francamente limitado, y todo lo que es limitado es más apreciado porque es escaso. En España hay exuberancia y esto, desde el punto de vista de las reacciones sociológicas, lleva a situaciones en las que quizá se aprecie menos.
–¿Por qué no valoramos la conservación de nuestros espacios naturales? ¿Es un problema de cultura, de educación?
–Yo creo que eso puede venir por la gran riqueza y variedad de naturaleza que tenemos. Un escandinavo, por ejemplo, disfruta de un medio ambiente más limitado. Aunque no soy sociólogo, esto da lugar a percepciones distintas.
El contacto continuo con los denunciantes –a los que no duda en atender personalmente– durante los últimos catorce años ha permitido a Antonio Vercher establecer una clasificación de los españoles según su relación con la naturaleza:«En primer lugar están los que siguen militando en el cerrilismo ecológico, que son quienes no son conscientes aún de que la protección del medio ambiente está consagrada en la Constitución. Son un sector minoritario que sigue insistiendo en que puede hacer lo que le dé la gana. Después están los tranquilos o atemperados ambientales», continúa, «que son los que defienden el medio ambiente, pero de boquilla, y delegan toda la responsabilidad en la Administración. Luego están los talibanes, para quienes el medio ambiente es todo, lo absoluto. Y en cuarto lugar», mantiene el fiscal del Tribunal Supremo, «está el ciudadano responsable, el que entiende que el medio ambiente no es una propiedad privada. Este cuarto grupo es cada vez más amplio y está integrado por un sector de la sociedad bastante sensato y comprometido. Son los sujetos que se saben parte de la naturaleza».
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