Cabo Cope, al fondo, durante la grabación de un documental sobre sus valores naturales. FRANCISCO MÁRQUEZ / EFE

La Sareb desmiente a la Comunidad: «No hubo una oferta por Cabo Cope»

El 'banco malo' asegura que nunca negoció con el Gobierno regional, que ha ejercido el derecho de retracto para despojar a ANSE del espacio protegido

Sábado, 16 de mayo 2020, 00:44

El 'banco malo' desmintió ayer el argumento alegado por la Comunidad Autónoma para ejercer el derecho de retracto y despojar a la Asociación de Naturalistas del Sureste de Cabo Cope, el emblemático espacio protegido en el litoral de Águilas por el que los ecologistas han pagado recientemente 500.000 euros. Nunca hubo una negociación, ni siquiera «una oferta formal o informal» del Gobierno regional por la montaña litoral, como ha confirmado este periódico en distintas fuentes y recoge la agencia Efe.

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Como avanzó LA VERDAD, el Ejecutivo autónomo aseguró que en 2018 trató la adquisición de la joya del Parque Regional Cabo Cope-Calnegre, pero que finalmente desestimó la operación porque la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) le pidió una cantidad muy superior a la abonada por ANSE: 750.000 euros. Algo que niega la Sareb. Tampoco a Solvia, comercializadora de los activos 'tóxicos' de bancos rescatados con dinero público, le consta propuesta alguna de la Administración murciana.

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente mantiene su versión –«hubo interés»– pese al desmentido de la Sareb e insiste en que en septiembre de 2018 tanteó la posibilidad de comprar Cabo Cope, pero anoche añadió un matiz: no negoció directamente con Solvia sino con un intermediario. Fue una inmobiliaria de Águilas la que tomó la iniciativa de comprar Cabo Cope para ofrecerlo a la Comunidad Autónoma, que rechazó la propuesta.

Este relato no afecta a las intenciones de la Comunidad Autónoma, que sigue firme en su trámite legal del derecho de retracto para anular la compra del Cabezo de Cope por parte de los ecologistas –le asiste la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad–, y además reprocha a Solvia que no le advirtiese en su día de las intenciones de ANSE, porque perdió la oportunidad de haber ejercido entonces el derecho de tanteo, dice ahora.

Pedir «responsabilidades»

La Asociación de Naturalistas del Sureste siente que ha sido apartada con malas artes del parque regional: «Genera una gran desconfianza que el Gobierno regional justifique el retracto en que habían realizado una oferta de compra a Sareb mayor que la pagada por la Fundación ANSE, y la misma Sareb haya confirmado a las pocas horas que no es verdad. Parece lógico pedir explicaciones en sede parlamentaria de estas afirmaciones, e incluso responsabilidades si se demuestra que no existió dicha oferta formal», se lamenta Pedro García, director de la asociación ecologista.

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«Y nos preocupa que la discusión sobre el ejercicio del retracto y el desmentido de Sareb olvide el objetivo prioritario para proteger el conjunto del parque regional», añade García, «como es la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales».

Vox agradece al consejero «la rapidez» en atender su demanda de impedir que los ecologistas asumieran la propiedad de Cabo Cope

Pedro García plantea «cómo se va a realizar el pago por parte de una Comunidad arruinada y con las cuentas intervenidas, y con una enorme deuda pública. Nos preguntamos», continúa, «cuántas veces ha ejercido la CARM el derecho de retracto en este y en otros espacios protegidos durante estos últimos años, y si va a ejercerlo sobre el resto de las fincas que se puedan vender próximamente dentro del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre, y de dónde van a proceder los fondos para ello».

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Mientras tanto, Vox se atribuye el mérito de dejar a ANSE sin la propiedad de Cabo Cope. El diputado regional del partido ultraconservador Juan José Liarte agradeció ayer en rueda de prensa al consejero Antonio Luengo «la rapidez» con la que ha reaccionado a sus demandas, tras exigir la semana pasada con una moción en la Asamblea que la Comunidad ejerciera el derecho de retracto.

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