El Gobierno regional quiere aplicar el plan de gestión del Mar Menor antes del verano

El ansiado Plan de Gestión Integral de Espacios Protegidos del Mar Menor y Franja Litoral Mediterránea empieza a ver la luz al final del túnel. Tras más de seis años de tramitaciones, presiones desde todos los ámbitos (desde los empresarios a los ecologistas), dos periodos de exposición pública y más de 24.500 alegaciones (de las que se han admitido total o parcialmente el 83%), el plan de gestión del espacio natural más conflictivo y presionado por todo tipo de actividades económicas, y que al mismo tiempo cuenta con más figuras de protección -aunque sea sobre el papel-, fue presentado ayer al Consejo de Gobierno por el titular de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, tras un «arduo» trabajo, adjetivo que repitió hasta en tres ocasiones.

Este es uno de los pasos previos antes de su aprobación, que aún tiene que contar con el visto bueno del Consejo Asesor de Medio Ambiente, el dictamen del Consejo Económico y Social y el sello positivo de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. Es decir, varios meses más antes de su aprobación final en el Consejo de Gobierno y su puesta en marcha efectiva, que la Comunidad tiene prevista antes de verano. Lo de ayer, simplemente, fue una exposición por parte de Celdrán de las líneas maestras que recogerá definitivamente el plan para los próximos seis años, y las principales novedades, entre las que está el incremento en 337 hectáreas de la superficie protegida para blindar unos terrenos de interés comunitario al norte de la rambla del Albujón con presencia estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). En total, el plan ordenará 31.119 hectáreas de litoral.

Con respecto al último borrador del plan, presentado hace casi dos años y que los empresarios veían como un «freno al desarrollo socioeconómico», el documento recoge también un notable incremento del presupuesto previsto para la ordenación y gestión del litoral para los próximos seis años. De los casi 14 millones de euros que se planteaban hace dos años, a los casi 22 que se recogen en el nuevo borrador. Es decir, unos ocho millones más. El plan sigue manteniendo algunas de las medidas más importantes que ya se habían anunciado, como la prohibición de construir nuevos puertos en la laguna salada y la limitación para ampliar los ya existentes. También está estrictamente prohibida la construcción de playas artificiales. Además, el plan limita el fondeo y la velocidad máxima de navegación de las embarcaciones a motor en el Mar Menor. Así, esa velocidad deberá ser inferior a cinco nudos en la Zona de Reserva de Islas Hormigas, de Isla de Las Palomas y de la Franja Sumergida de Punta de Cabo Tiñoso; en la Zona de Conservación Prioritaria de Fondos de Las Palomas, Fondos de Cueva de Lobos, Franja Litoral de Isla Grosa y Franja Litoral del Farallón, y en las zonas de conservación prioritaria de las Islas del Mar Menor, así como en las de batimetría inferior a cuatro metros del Mar Menor. Por otra parte, la velocidad se limita a 20 nudos para embarcaciones de más de diez metros de eslora en el resto de zonas de Conservación Compatible del Mar Menor recogidas en el plan.

El documento -presentado solo dos días después del 'portazo' con el que abandonaron seis organizaciones el Comité de Participación Social del Mar Menor, denunciando precisamente el retraso de la normativa en relación a la laguna salada- es «de toda la sociedad», como incidió ayer Celdrán. El consejero también señaló que el plan «trata de definir las reglas que rigen en todas las áreas protegidas del Mar Menor y el litoral y cómo se puede disfrutar para poder legarlo en las mejores condiciones a nuestros hijos y nietos». El objetivo del documento no es otro que «recuperar de forma consensuada los valores de este espacio protegido y lograr un desarrollo socioeconómico compatible con la preservación de las 61 especies clave a nivel europeo de aves y fauna, flora y especies lagunares y marinas que desarrollan su vida en 28 hábitats de interés comunitario».

El plan marca directrices y regulaciones generales y relativas a ámbitos de actuación como la conservación y la gestión ambiental, el patrimonio cultural, las actividades agrícolas y ganaderas, la pesca profesional, los cultivos marinos, la actividad cinegética y las actividades turísticas. También centra el foco en infraestructuras portuarias y viarias; industria, energía y minas; actividades militares; urbanización y edificación; y a la investigación. En total, se establece una planificación de 63 acciones, 32 comunes y 31 específicas, sobre algunas de las 61 especies consideradas clave y que están en riesgo a nivel mundial.

Con el documento se pretende «consolidar la Red Natura 2000; potenciar el seguimiento y la investigación como instrumento de apoyo a la gestión; establecer medidas para mejorar el estado de conservación de los hábitats y las especies; garantizar la integración de los requerimientos de conservación del patrimonio natural en el desarrollo económico, social y cultural; potenciar la coordinación y cooperación administrativa y la participación en la gestión; o potenciar la educación ambiental», según la Consejería. Entre las acciones concretas están el seguimiento y control de las especies exóticas de flora; el estudio de impactos asociados al cambio climático; la restauración de los hábitats marinos de la laguna del Mar Menor o la elaboración y actualización de manuales de buenas prácticas ambientales para las empresas turísticas.

El plan, no obstante, no solo es importante para el Mar Menor, ya que ordena la gestión de islotes y recorre la costa hasta los paisajes protegidos de Águilas, como Cuatro Calas. De hecho, el texto también incluye el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro, que define con claridad qué actividades se pueden desarrollar y cuáles no. Algo fundamental para quienes viven o desarrollan su actividad en el espacio protegido o junto a él, desde vecinos a empresarios, pasando por el ayuntamiento. El plan rector establece tres programas de actuación: uno de investigación y seguimiento; otro de conservación y restauración de los valores naturales y paisajísticos; y otro de educación ambiental, uso público y participación con una inversión concreta para su desarrollo de casi tres millones de euros en seis años.

Por último, Celdrán anunció que en unas semanas, previsiblemente, saldrá a licitación del proyecto para instalar los filtros verdes en la desembocadura de la rambla del Albujón con los que se pretende evitar vertidos de nitratos al Mar Menor, y que también acumulan notables retrasos. Según Celdrán, la razón de la demora que se ha producido en la ejecución radica en que «en un principio se realizó con un volumen de agua que transcurría por la Rambla del Albujón que se redujo drásticamente, por lo que hubo que rehacer todo el proyecto».

Por su parte, fuentes de Ecologistas en Acción aseguraron ayer que les parece «positivo» que el plan vea la luz tras tantos años de retraso. Un retraso que, incluso, «ha motivado una sanción por parte de la UE». Eso sí, tanto los ecologistas como la Plataforma Pacto por el Mar Menor esperarán unos días para analizar «en detalle» el documento.