El Gobierno regional destituye a la responsable de Calidad Ambiental

La Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental es un eslabón clave en la Administración regional; de este órgano dependen las autorizaciones de las actividades más contaminantes y también las inspecciones, así como la apertura de expedientes y aplicación de sanciones por incumplimiento de la normativa medioambiental. Hasta su cese, Encarna Molina era la máxima responsable de las competencias de Medio Ambiente a nivel técnico.

Aunque tanto subdirectores generales como jefes de servicio son cargos de libre designación (y por tanto, también de cese), son ocupados por funcionarios experimentados y una trayectoria contrastada en las competencias de las que se les hace responsables. Es el caso de Encarna Molina, una de las profesionales más respetadas de la Consejería, que durante el ejercicio de sus funciones ha tenido que afrontar 'patatas calientes' como el vertedero de Abanilla (caso Proambiente); el impulso de la planificación de los espacios protegidos después de años de retrasos y parones; los episodios de contaminación por el polo químico de Alcantarilla; el Plan de Calidad del Aire; y la reducción en las poblaciones de arruí, el polémico muflón del Atlas, entre otros asuntos.

También emitió un informe, en el verano de 2016, en el que advertía sobre la necesidad de someter a evaluación ambiental el proyecto para instalar una tubería que afectaba al espacio protegido de la Marina del Carmolí, en plena crisis de la 'sopa verde' del Mar Menor. Su recomendación fue obviada y, tras una denuncia de Ecologistas en Acción, se inició una investigación judicial en la que están imputados el ex director general de Agua Andrés Martínez Francés y la exconsejera Adela Martínez Cachá.

El de Encarna Molina es el único cese entre los subdirectores generales y jefes de servicio en la estructura medioambiental de la Consejería, que de momento tiene congelado el proyecto de convertir la Dirección General de Medio Ambiente en la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA). Este proyecto, una iniciativa de la patronal Croem que el Gobierno regional adoptó como propia, estaba destinado a agilizar las autorizaciones ambientales, pero su creación es aún una incógnita por las reticencias de Ciudadanos, partido que la bloqueó en la Asamblea Regional durante la pasada legislatura.