El Gobierno regional se lía con la caza

El Gobierno regional realiza una encendida defensa de la caza en el preámbulo de un informe técnico que evaluará cómo afectan a los espacios protegidos de la Red Natura 2000 las órdenes de vedas de la temporada 2021-2022. En un párrafo en el que expone que no existe relevo generacional porque en la Comunidad Autónoma «el 72% de los cazadores tienen más de 50 años» y «solo el 5,3% menos de 30», se señala que este dato «pone de manifiesto la necesidad de fomentar la actividad cinegética entre la juventud».

El trámite administrativo de este documento coincide con una investigación judicial a la Comunidad Autónoma, tras una denuncia de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción, precisamente por aprobar los periodos de caza de la temporada actual (2020-2021) y la anterior (2019-2020) sin someterlos previamente a Evaluación de Impacto Ambiental, un procedimiento obligatorio según la ley.

Como publicó LA VERDAD el pasado jueves 12, el juzgado número 4 de Murcia ha abierto diligencias previas para determinar si cometieron un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente los consejeros Antonio Luengo (actual responsable de esas competencias) y Javier Celdrán (anterior titular, ahora en Presidencia y Hacienda), junto con los directores generales de Medio Ambiente, Francisco Marín, y de Medio Natural, Fulgencio Perona.

La Consejería sí ha tenido la precaución de seguir el trámite reglado para la próxima temporada cinegética, pero en la introducción al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada (EIA), la Subdirección General de Política Forestal y Caza –dependiente de la Dirección General de Medio Natural, órgano de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente– defiende «el impacto positivo que tiene la caza en la fauna silvestre y en la actividad económica a través de todas las mejoras que se realizan: siembras, colocación de puntos de agua, mantenimiento de caminos, vigilancia contra incendios, puestos de trabajo, fijación de población rural, control de poblaciones y disminución de daños en la agricultura y en accidentes de tráfico», mientras asegura que son «otras actividades» las que «provocan mayores impactos a la fauna silvestre sin ningún tipo de evaluación de repercusiones a la Red Natura 2000», como «el uso público y la agricultura intensiva (uso de pesticidas, herbicidas, eliminación de márgenes…)».

Pese al imperativo legal de valorar cómo afecta al medio natural la actividad de la caza, y en especial a algunas especies cuyas poblaciones están en retroceso, como la perdiz roja y la tórtola europea, esta obligación es cuestionada en el documento oficial, ya que la Administración regional no considera necesario un trámite tan garantista. De hecho, la Subdirección General de Política Forestal y Caza propone la modificación de un artículo del Plan de Gestión Integrado del Noroeste para que se pueda obviar la EIA.

Sin embargo, la Ley 21/2013 de evaluación ambiental establece que es necesario realizar este procedimiento sobre «cualquier proyecto que, por sus características», pudiera tener repercusiones sobre la Red Natura 2000 «y que no forme parte de la gestión del espacio». «En estos casos», añade el texto legal, «los impactos significativos a considerar en la evaluación serán aquellos que causen efectos apreciables que pueden empeorar los parámetros que definen el estado de conservación de los hábitats o especies objeto de conservación en el lugar o, en su caso, las posibilidades de su restablecimiento».

La caza entra dentro de estos supuestos, según el Gobierno central, pero la Comunidad Autónoma defiende que «basta con un informe previo del estado de conservación de las especies a las que afecta y que garantice que la práctica cinegética no se desarrolle sobre aquellas que se encuentren en un estado desfavorable o de las que no se conozca su conservación». Esta información se encontraría en el Mapa Cinegético Regional, redactado por la Consejería.

La Comunidad incluye otras aseveraciones que no justifica con datos ni estudios, como la siguiente: «La actividad de la caza se viene realizando desde hace milenios y ha contribuido a que tengamos estos valores naturales en los actuales LIC/ZEC y ZEPAs, mientras que se desarrollan otras actividades de uso público con un mayor impacto y una regulación inferior (senderos junto a nidos de águila perdicera)».

También asegura que «la actividad cinegética no tiene un efecto negativo sobre la supervivencia de las especies más sensibles, como las aves», aunque sí propone adoptar medidas sobre «nuevos usos a los que la fauna silvestre no está adaptada, como aglomeraciones, ruidos inusuales, presión por persecución, etc».

Este documento está en exposición pública desde el 27 de octubre durante treinta días hábiles para que cualquier ciudadano o colectivo afectado pueda formular alegaciones. La Consejería emitirá un informe de impacto ambiental cuando analice las aportaciones de los interesados.

Tanto el Gobierno regional como el partido político Vox pidieron la semana pasada –ante el Ministerio para la Transición Ecológica y la Asamblea Regional, respectivamente– que la caza sea considerada una actividad esencial, para que quienes la practiquen queden eximidos de las restricciones por la crisis sanitaria de la Covid-19.