La Fiscalía reclama a Medio Ambiente las cifras de aves muertas en líneas eléctricas

La Fiscalía reclama datos exhaustivos de cada accidente: fecha, especie afectada, titularidad de la línea y localización, así como si se ha avisado a la empresa propietaria del tendido para que lo adapte a las exigencias legales de seguridad. El objetivo es que el Seprona lleve un registro de la muerte de aves y se agilice la «identificación de hechos reincidentes por no haberse adoptado las medidas correctoras adecuadas». La Guardia Civil no ha recibido aún esta información, que se solicitó en noviembre del año pasado. El Gobierno regional explica que «es un informe complejo por el amplio periodo temporal que se solicita», pero que se está ultimando para enviarlo al Seprona «en los próximos días».

El fiscal pretende que se reduzcan «las intolerables cifras de mortandad de avifauna», advierte en la carta enviada a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, al mismo tiempo que expresa su desconfianza sobre la diligencia de la Administración: «Salvo excepciones, las administraciones competentes no incoaban expedientes sancionadores para averiguar la trascendencia legal de la muerte de avifauna por electrocución o colisión con tendidos eléctricos en aplicación de la normativa ambiental o de la legislación sectorial de industria», afirma.

Tampoco se exigían las obligaciones que se derivan de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, insiste la Fiscalía, que no descarta perseguir penalmente los casos más notorios en los que las compañías eléctricas incumplan su obligación legal de garantizar la seguridad de sus infraestructuras para las aves, especialmente las rapaces.

«Es la primera vez que se emprende este camino en la Región de Murcia para frenar unos datos que nos parecen alarmantes», señala a este diario el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel de Mata Hervás, quien cita los casos de Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha, comunidades donde se están imponiendo fuertes sanciones por la muerte de aves rapaces achacable a la negligencia de las empresas eléctricas. En este sentido, la Fiscalía está investigando la muerte por electrocución de tres búhos reales en el mismo apoyo de un tendido eléctrico propiedad de Iberdrola y situado en Yecla, próximo a la carretera de Valencia, tras una denuncia de las organizaciones ecologistas ANSE y Anida.

Las cifras de la discordia son espectaculares: casi 33.000 aves mueren al año en España según un estudio del Ministerio de Ambiente, que hace tres años puso cifras por primera vez a esta sangría para la biodiversidad.

Los ingenieros de montes M. Ángeles Soria y Francisco Guil Celada, autores de este trabajo, señalaron a la Región como el segundo punto negro del país en mortalidad en tendidos eléctricos con más de 7.000 aves al año, solo por detrás de Zaragoza.

El Gobierno regional solo admite 588 en el periodo 2012-2016, ámbito temporal de la investigación. Los expertos advierten de que computar solo los cuerpos encontrados o entregados en los centros de recuperación de fauna es engañoso porque la mayoría no aparecen o son depredados, un factor corrector conocido científicamente como tasa de desaparición.