Expedientes ambientales en el Triángulo de las Bermudas

No es una crítica exagerada ni un rumor:son datos oficiales contenidos en una petición del director general Francisco Marín a su consejero, Antonio Luengo, para la contratación «urgente e inaplazable» de al menos siete interinos ante la cantidad de trabajo que se acumula en un departamento fundamental tanto para la protección del medio ambiente como para la actividad económica. Detrás de cada papel hay una empresa que necesita una certificación o una inversión que puede irse a otra comunidad más rápida y diligente.

Este atasco de autorizaciones ambientales no se ha producido en el último cuarto de hora, sino que se explica por un debilitamiento progresivo de la administración ambiental que se acentuó durante los últimos siete años, cuando comenzó a disolverse el equipo del exconsejero Antonio Cerdá, que dimitió en febrero de 2015 tras su imputación en el 'caso Novo Carthago'.

Durante los diferentes mandatos de sus sucesores –Adela Martínez-Cachá, Javier Celdrán y Antonio Luengo– se ha producido una salida continuada de personal en las direcciones generales de Medio Ambiente y Medio Natural, junto con destituciones y traslados de jefes de servicio y funcionarios experimentados.

Por encima del goteo constante de bajas sobresalen tres nombres: José Mora Navarro, jefe de servicio de Planificación y Evaluación Medioambiental [responsable de los informes de calificación ambiental y de todo lo relacionado con la gestión de residuos, suelos contaminados, calidad del aire e instalaciones ganaderas], cuyo relevo en abril de 2018 fue contestado con una carta de protesta firmada por cincuenta funcionarios; Encarna Molina Miñano, con fama de rigurosa y eficaz, en su día directora general y destituida como subdirectora de Calidad y Evaluación Ambiental en octubre de 2019; e Inmaculada Ramírez Santigosa, en su momento subdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental, que salió de la Consejería en comisión de servicio a otro departamento de la Comunidad Autónoma, en febrero de 2020, cuando era responsable del Servicio de Información e Integración Ambiental y después de 32 años de carrera dedicados exclusivamente a la protección, planificación y conservación de los espacios protegidos.

Los sindicatos Comisiones Obreras e Intersindical de Servicios Públicos calificaron como «desmantelamiento» este adelgazamiento de la administración 'verde' y denunciaron el «acoso laboral» que venía sufriendo el personal de este órgano de la Consejería. «En la Comunidad necesitan personas que sean sumisas y que firmen lo que interese en cada momento», aseguró a LA VERDAD el delegado sindical Nacho Álvarez-Castellanos.

Mientras tanto, el sector empresarial no ha dejado de presionar al Gobierno regional con quejas acerca de los retrasos en la tramitación de las autorizaciones ambientales y también sobre la gran cantidad de trámites que deben superar las empresas.

Fruto de este tira y afloja entre la patronal y la Comunidad surgió la frustrada Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA), una propuesta de la Confederación de Organizaciones Empresariales (Croem) que fue anunciada en noviembre de 2017 por el presidente Fernando López Miras como la solución al tapón de papeles, que en ese momento ascendía 'solo' a 600 asuntos.

En la agencia ARCA iban a trabajar 56 técnicos especializados. Puesto que ya había 32 disponibles en la Dirección General de Medio Ambiente, sería necesario contratar a 24.

Según los datos del informe que se conoció hace unos días, solo hay disponibles once funcionarios para despachar más de 2.000 autorizaciones empantanadas y que «crecen de forma exponencial a lo largo de los años».

Buena parte de ellas corresponden a granjas de ganado porcino y actividades industriales potencialmente contaminantes.

Ni se puso en marcha esta agencia –por la desconfianza de Ciudadanos–, que funcionaría como un organismo autónomo, ni parecen haber dado resultado los decretos de simplificación administrativa aprobados por el Gobierno regional para dar respuesta a la emergencia social y económica de la pandemia de coronavirus.

La oposición ha aprovechado la inesperada crisis de la montaña de expedientes para exigir la dimisión del consejero Antonio Luengo, que el miércoles alegó en la Asamblea Regional una excusa de manual: la culpa es del Gobierno central, por la injusta financiación por parte del Estado.

Para Ecologistas en Acción, esta «desidia y dejación de funciones» responde a una «estrategia» para «seguir aligerando la normativa ambiental», en opinión del coordinador de esta asociación en la Región, Pedro Luengo.