El Gobierno regional no ha cambiado de idea sobre Cabo Cope: quiere ejercer su derecho de retracto sobre el emblemático espacio natural aguileño comprado en abril por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ... a cambio de 500.000 euros a Solvia, comercializadora de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). La Comunidad Autónoma acaba de confirmarlo esta misma semana a requerimiento del 'banco malo', que le ha preguntado si mantiene su intención de dejar sin efecto la adquisición de los ecologistas, a lo que tiene derecho según el artículo 40 de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, por tratarse de un enclave protegido.
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La pregunta de la Sareb es solo una formalidad en el proceso abierto por la Administración regional en mayo, semanas después de saber que ANSE había comprado la 'joya de la corona' del Parque Regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre. El contexto económico no es el mismo que hace cuatro meses. Tampoco las prioridades, marcadas ahora por las exigencias de hacer frente a la pandemia del coronavirus, de ahí la pertinencia de la consulta.
Una vez recibida la reafirmación del Ejecutivo autonómico, la Sareb tiene que contestar ahora si concede el derecho de retracto o mantiene la propiedad en manos de ANSE. Sobre el papel, la normativa es clara –la Administración tiene prioridad y ha reclamado en plazo–, pero la resolución final podría tener en cuenta otros factores, como el confuso relato de la Comunidad para justificar su repentino interés por Cabo Cope.
El Gobierno regional razonó su actuación alegando unas supuestas negociaciones en 2018 que tanto la Sareb como Solvia desmintieron. En realidad, fue una inmobiliaria de Águilas la que pidió precio a Solvia para vender Cope a la Administración regional por 750.000 euros, un ofrecimiento que fue rechazado, como publicó LA VERDAD.
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La Asociación de Naturalistas del Sureste siempre ha mantenido que la Consejería de Medio Ambiente actúa con mala fe porque tiempo atrás rechazó la adquisición de Cabo Cope, precisamente a propuesta de los ecologistas.
ANSE pagó Cabo Cope con fondos propios y un préstamo bancario, y aspiraba a amortizar la cantidad abonada con una campaña de donaciones en colaboración con WWF que tuvo que suspenderse tras la irrupción de la Comunidad Autónoma.
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