Para la Comisión Europea, el Mar Menor está en proceso de recuperación, con una notoria mejoría con respecto a la crisis de la 'sopa verde' y una serie de medidas legales y administrativas que garantizan la buena marcha del proceso de regeneración ambiental. Nada más lejos de la realidad, según los incrédulos denunciantes que en 2016 se presentaron en Bruselas para relatar en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la dramática situación de la laguna, y que tres años después han recibido una carta con membrete de la CE que les ha dejado «decepcionados».
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En la misiva, que llegó hace unos días, se comunica a Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar y Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca que las autoridades europeas descartan abrir un procedimiento de infracción contra la Región de Murcia porque les han convencido los argumentos del Ejecutivo autónomo: básicamente, Bruselas considera suficientes medidas como la creación de una web informativa, la creación de un Comité de Asesoramiento Científico y otro de Participación Social, y la adopción de legislación específica, como la creación de una dirección general para el Mar Menor.
Esta respuesta de la CE ha indignado a los colectivos conservacionistas «por su tolerancia y complacencia con la ineficiente actividad de las autoridades regionales», señala el abogado ambientalista Eduardo Salazar, redactor de la denuncia hace tres años. Salazar sostiene que estas medidas no son efectivas: «Una web que ofrece información incompleta a la ciudadanía y un Comité Científico que lleva sin reunirse un año, con una gran parte de sus miembros en desacuerdo con su gestión», junto con «un Comité de Participación Social que ni funciona ni asesora decisión alguna».
Pacto por el Mar Menor advierte, además, de que confiar en una supuesta mejora del humedal por las medidas adoptadas «supone una inexacta ingenuidad», y que los 30 millones de euros de fondos europeos que la CE considera invertidos en la mejora de la laguna no han repercutido en su recuperación ambiental porque «se han gastado en infraestructuras como tanques de tormenta y rampas de acceso a embarcaciones».
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