Bruselas pide a España que mejore la protección de la naturaleza y la gestión del agua

Estos apercibimientos de sanción, así como las multas si llegara el caso, se notifican siempre directamente desde Bruselas al Reino de España, aunque los planes de gestión se tramitan por parte de diferentes administraciones: los de Red Natura 2000 dependen de las comunidades autónomas y los de cuenca y riesgo de inundación, de las confederaciones hidrográficas, órganos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La demora en completar la Red Natura 2000 ha provocado una carta de emplazamiento, que supone el primer paso en un procedimiento sancionador por parte de la normativa comunitaria. La CE alerta de que España está incumpliendo la Directiva de Hábitats porque todavía no ha designado todos sus Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), con sus correspondientes objetivos y medidas de conservación «para mantener o restablecer las especies y los hábitats protegidos presentes en esos lugares, a fin de alcanzar un estado de conservación favorable».

Bruselas recuerda que «de aquí a 2030 es fundamental que la Unión ponga fin a la pérdida de biodiversidad y que la proteja y restablezca», de acuerdo con el Pacto Verde Europeo.

La Región de Murcia es una de las comunidades españolas con más retraso en la aprobación de los planes de gestión de Red Natura 2000: hasta el momento se han aprobado siete (Noroeste; Ríos Mula y Pliego; Minas de la Celia y Cueva de las Yeseras; Mar Menor y franja litoral mediterránea; Sierras de Ricote y La Navela; Alto Guadalentín; y Relieves y Cuencas Centro-Orientales) y quedan pendientes otros seis (Altiplano; Saladares del Guadalentín; Sierra Espuña; Sierras de Cartagena; Carrascoy, El Valle, Escalona y Altaona; y Costa Occidental).

La tramitación que se prevé más conflictiva es la que afecta a estos tres últimos espacios protegidos, que incluyen Calblanque, El Valle y la Marina de Cope, entre otros, porque será necesario ordenar usos turísticos, agrícolas y urbanísticos.

Esta planificación ambiental tendría que estar aprobada desde el año 2012, por lo que la Comisión Europea abrió un primer expediente de infracción a España en 2015 por el retraso de la Región y de otras autonomías.

En cuanto a la gestión del agua, la CE reclama a ocho países (España, Bulgaria, Chipre, Irlanda, Malta, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia) que finalicen la revisión de sus planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación, unas estrategias que deben ser revisadas cada seis años. Se trata de instrumentos de planificación que garanticen el buen estado de las masas de agua y para prevenir «consecuencias potenciales adversas asociadas a los escenarios de inundación».

Precisamente, la elaboración de los mapas de zonas inundables en la Región que elabora la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está causando una gran controversia en municipios como Murcia y Lorca, donde los ayuntamientos y la patronal de la construcción consideran que se protege contra las avenidas zonas que estarían fuera de peligro, y por tanto se limita el desarrollo urbanístico.

Según el Ministerio, los dieciocho planes hidrológicos de cuenca que dependen del Gobierno central, entre ellos el del Segura, ya están aprobados y solo quedarían pendientes cinco demarcaciones internas cuya revisión corresponde al Gobierno de Canarias: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Sobre los planes de cuenca y de riesgo de inundación, Bruselas ha enviado un dictamen motivado, que consiste en que la Comisión fija su posición sobre la persistencia del incumplimiento y ofrece al Estado miembro un plazo de dos meses para adoptar las medidas necesarias. Si, transcurrido este tiempo, la CE considera que la reacción no ha sido la adecuada, puede presentar ante el Tribunal de Justicia un recurso por incumplimiento.