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Que el dinero para el Mar Menor procedente de las instituciones europeas se destine a la recuperación de la laguna, y no a otros proyectos, y además que esos fondos comunitarios se ejecuten y no se dejen sin gastar. Esta es la principal novedad ... en el informe de la misión de europarlamentarios que visitó en febrero el humedal, para comprobar sobre el terreno su degradación, y que se ha debatido este jueves en Bruselas durante una sesión de la Comisión de Peticiones. Esta exigencia ya se apuntaba en el borrador del dictamen, que se hizo público en julio, pero en la revisión del documento, con aportaciones consensuadas por todos los participantes en la inspección del espacio natural y en las reuniones con los sectores afectados, se insiste en un posible «uso indebido» de estas dotaciones presupuestarias.
En concreto, en la recomendación número 17 se pide que «la Comisión de Control Presupuestario» del Parlamento Europeo «investigue las alegaciones, detalladas en varias ocasiones durante la misión, sobre el posible uso indebido de fondos de la UE utilizados en proyectos en la zona que han contribuido a un mayor deterioro del Mar Menor». Los redactores del informe, que no es vinculante, no detallan posibles actuaciones incorrectas, pero fuentes cercanas a la misión europea consultadas por LA VERDAD citan varias obras de la Inversion Territorial Integrada (ITI) del Mar Menor, como el carril bici de La Manga y el nuevo paseo marítimo y mirador del Galúa, que se pagaron con fondos europeos Feder.
Pese a estas sospechas y acusaciones veladas al Gobierno regional, en el documento no se plantea que se cierre el grifo de las subvenciones, sino que se insiste a la Comisión Europea para que «siga aportando recursos financieros necesarios para la conservación y restauración del Mar Menor a través de los diferentes fondos de inversión y desarrollo, en estrecha coordinación con las autoridades españolas».
Eso sí, garantizando que «la asignación de fondos de la UE se basa en medidas fundamentadas en la ciencia» y que se «supervisa el gasto correcto de los proyectos financiados por la Unión Europea». La eurodiputada de Cs Soraya Rodríguez aseguró que el Ejecutivo autónomo solo ejecutó el 10% de las aportaciones económicas comunitarias en 2021.
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La versión actualizada del informe sobre el estado del Mar Menor y las recomendaciones para su recuperación, que aún puede recibir enmiendas hasta el 23 de septiembre y que se aprobará definitivamente en el Parlamento Europeo los días 24 y 25 de octubre, pone el foco en los nitratos agrarios y el regadío ilegal como principales causas de la eutrofización. Ya se subrayaba en su primera versión la afección de la actividad agrícola y ganadera como desencadenante clave del proceso de degradación del humedal, pero en la redacción actualizada se señala especialmente a los nitratos que entran a la masa de agua tanto por la rambla del Albujón y otros cauces secundarios como a través del acuífero Cuaternario, que acumula 300.000 toneladas de estos contaminantes después de cuatro décadas de regadío intensivo sin los controles adecuados.
La jefa de la misión del Comité de Peticiones, la letona Tatjana Zdanoka, inició la sesión en el Parlamento Europeo adelantando que el texto que se iba a debatir es ahora «más maduro» y fruto de una participación social récord: 73 entidades y personas particulares. La parlamentaria europea incidió en la necesidad de que se cumpla la normativa ambiental y de que colaboren todas las administraciones, y además repasó otras actividades que han perjudicado al Mar Menor, como los vertidos urbanos, los residuos de la minería, el urbanismo excesivo y la mala planificación territorial.
Advirtió también de que la laguna comienza a dar señales de que está perdiendo su capacidad de autorregulación y avisó acerca de una evaluación futura de sus recomendaciones por parte del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.
Pese a que el informe, a falta de las enmiendas, está consensuado entre los diferentes grupos políticos, durante el debate quedó en evidencia la diferente interpretación de sus conclusiones. Por ejemplo, el eurodiputado murciano Marcos Ros recalcó que «los nitratos y la agricultura ilegal están matando el Mar Menor» y cargó contra el Comité de Asesoramiento Científico, al que tildó de «títere del Gobierno regional, que por cierto ni siquiera aplica la ley autonómica, por lo que llevamos dos años perdidos». Acusó también al Ejecutivo que preside Fernando López Miras de «tapar los lodos con arena limpia la noche anterior a la visita de la misión del Comité de Peticiones», y reclamó un cambio en el modelo agrario y productivo: «Una transición hacia un modelo agrícola de calidad», propuso, que será posible «gracias al Marco de Actuaciones Prioritarias, con actuaciones en origen, en el que el Gobierno de España ha comprometido 500 millones de euros».
La parlamentaria europea del PP Dolors Montserrat, que participó en la inspección del Comité de Peticiones (también es la presidenta de este órgano), insistió por su parte en el Plan de Vertido Cero, un plan de actuaciones que el Ministerio para la Transición Ecológica heredó del Gobierno de Mariano Rajoy y que la vicepresidenta Teresa Ribera considera inadecuado para la recuperación del espacio natural. Mantuvo que el Ejecutivo central está « de brazos cruzados» porque el PSOE no gobierna en la Región de Murcia y reclamó a la Unión Europea que «lidere la coordinación» de las actuaciones e inversiones necesarias.
El europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, también presente en febrero en el Mar Menor durante la misión del Comité de Peticiones, criticó el « juicio sumarísimo» que según su criterio está sufriendo el sector agrario mediante «una visión sesgada y simplista» de un problema complejo. También defendió «aumentar el trasvase de agua de otras cuencas al Campo de Cartagena para garantizar el abastecimiento del sector agrícola y ganadero».
La representante del grupo La Izquierda, Sira Rego, calificó como «ecocidio» el proceso de degradación del Mar Menor, lamentó que el informe no sea «más preciso y contundente»' y puso el foco en el «continuo incumplimiento de las directivas europeas por el Gobierno regional» y en la «responsabilidad de la agroindustria».
La intervención de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se activó tras la reclamación de una plataforma social integrada por Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Federación de Vecinos de Cartagena y Comarca y Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar.
Sobre el informe de la Comisión de Peticiones, el presidente López Miras manifestó ayer que «llevo algunos meses, por no decir años, diciendo que el gran problema es el acuífero», y que «por ello todos los técnicos y los científicos nos dicen que hay que bajar el nivel freático, extraer el agua que está contaminada por nitratos del acuífero y evitar que lleguen los vertidos a través de la rambla del Albujón», informa Inmaculada Ruiz.
La Región de Murcia no está haciendo lo suficiente para recuperar el Mar Menor. Esta es la sentencia de la Comisión Europea, expresada este jueves en Bruselas por medio de uno de sus altos funcionarios ambientales, Manuel Altemir Mergelina, en respuesta a la lectura del informe del Comité de Peticiones y su posterior debate. «La Comisión Europea es consciente de la gravísima situación del Mar Menor y de las causas que lo motivan»', explicó, antes de añadir que «las medidas adoptadas han sido insuficientes».
«Solo el trabajo conjunto de las diferentes administraciones será capaz de revertir esta catástrofe y de sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo», aseguró el funcionario de la Oficina de Infracciones de la CE.
El representante de la CE recordó los dos procedimientos abiertos contra España por la vulneración de las directivas de Hábitats y de Nitratos, «que tienen una especial repercusión en la Región de Murcia», y señaló que, en conversaciones con la Consejería, desde la Administración autonómica se ha admitido la necesidad de extremar los controles, «algo que no se ha conseguido». Y se llega tarde, expuso, porque esta causa ya se ha enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
También avisó sobre otra posible denuncia ambiental contra España próximamente, derivada de un posible incumplimiento de la Directiva de Aguas. La CE está evaluando en estos momentos la elaboración de los planes de cuenca, entre ellos el de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
El Gobierno regional defiende su «actuación coordinada» con los ayuntamientos y acusa de «sectarismo» al Gobierno de Pedro Sánchez. Insiste en que las «soluciones basadas en la naturaleza no son suficientes» para rehabilitar ambientalmente el Mar Menor y en que sigue trabajando en el control de los nitratos y las buenas prácticas de la actividad agraria.
Y ante las críticas a su supuesta inacción o falta de ejecución de proyectos, recuerda actuaciones como la retirada de biomasa, el control diario de los parámetros de la laguna, las obras ejecutadas para evitar la llegada de riadas a la laguna y la aprobación de la ley del Mar Menor y de la Estrategia de Zonas Costeras.
R. G. BASTIDA
El plazo para la presentación de enmiendas en el Senado a la ILP que dota de personalidad jurídica al Mar Menor finalizó ayer con la presentación de varias enmiendas que, de ver luz verde en la Cámara Alta, tendrán que ser valoradas por el Congreso. Una de ellas, formulada por el Partido Popular, propone incluir a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en el Comité Científico de la ILP para el seguimiento del estado de la laguna salada, formado por diversas instituciones, entre las que sí está la Universidad de Murcia (UMU). «Detectamos un fallo del que no sabemos cómo no se dio cuenta nadie, que es la incomprensible omisión de la UPCT, que pensamos que debe estar», explicó ayer a LA VERDAD el senador popular por Murcia Francisco Bernabé. En concreto, la ILP recoge que el comité «estará formado por científicos y expertos independientes» propuestos por las universidades de Murcia y Alicante, el Instituto Español de Oceanografía a través del Centro Oceanográfico de Murcia, la Sociedad Ibérica de Ecología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). «Hemos hablado con los rectores de la UMU y la UPCT y ambos están de acuerdo», señaló Bernabé. También Ciudadanos presentó enmiendas «de carácter técnico, que no afectan al fondo», señalaron fuentes de la formación.
Por su parte, Vox formuló una propuesta de veto sin opciones de salir adelante tras ser el único partido en votar en contra de la ILP en el Congreso. La próxima semana se celebrará la reunión de la ponencia en el Senado, donde se decidirán las enmiendas que volverán al Congreso, que el pasado mes de julio aprobó la ILP.
Los colectivos integrados en SOS Mar Menor, así como IU-Verdes y Podemos Región, valoran que el informe de la Comisión de Peticiones recoge «elementos positivos», aunque presentarán enmiendas para corregir «algunos déficits no mencionados en el mismo», informa EP. A juicio de estos colectivos, el informe apunta al origen del problema, que sería «la agroindustria intensiva»; y también hace un llamamiento a las autoridades «para actuar de manera coordinada y urgente». Igualmente, consideran positivo el reconocimiento de la importancia y la necesidad de aplicar medidas basadas en la naturaleza. No obstante, estos colectivos sociales y partidos políticos han considerado que el informe debería ser «más preciso» en el señalamiento de las causas y las responsabilidades. Asimismo, estiman que el documento debería ser más «contundente» con la exigencia del cumplimiento de la legislación europea.
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