El bronco divorcio verde

«Hasta hace algo más de un año todavía teníamos cierta relación, incluso con el consejero, pero con los directores generales Francisco Marín y Fulgencio Perona no ha habido contacto alguno», asegura Rubén Vives.

La lista de reproches es larga, pero el distanciamiento comenzó con el abandono de tres foros de participación: los consejos asesores de Medio Ambiente y Caza y el consejo social del Mar Menor. Comités en los que, de acuerdo con las quejas de los ecologistas, no es posible una intervención real. Bien porque el orden del día está «vacío de contenido» o porque «las decisiones ya se han tomado de antemano».

El retraso en la tramitación de la Red Natura 2000 y de la normativa de los parques regionales, así como los planes de recuperación de fauna guardados en un cajón, como el de las aves esteparias y la tortuga mora, son otros motivos de queja, pero se trata de asuntos eternamente aplazados. Una paralización que viene de atrás y «no se ha agilizado». Lo más grave, en opinión de Rubén Vives y Pedro García, es el «desmantelamiento» de la administración ambiental, con el «traslado forzoso de funcionarios competentes» y el despido reciente de «interinos en puestos estructurales». Y la «relajación» de las leyes ambientales para beneficiar «a determinados sectores empresariales», perjudicando «el patrimonio común de la naturaleza». El decreto publicado esta semana en el boletín oficial, que minimiza la evaluación de repercusiones en zonas próximas a espacios de la Red Natura 2000, sería un ejemplo.

Con respecto al Mar Menor, una de las mayores catástrofes ecológicas de España en décadas, los portavoces de Ecologistas en Acción y ANSE consideran que «no se ha hecho nada, solo maquillaje y propaganda; aún no se ha tomado medida alguna para evitar en origen las afecciones que causaron la eutrofización».

«Esta deriva ha llevado a la peor situación del medio ambiente en la historia democrática de la Región», asegura Vives. «El consejero Antonio Luengo es uno de los gestores que menos ha trabajado por la conservación del medio ambiente y la aplicación de las leyes», sentencia García.

En el caso de ANSE, el derecho de retracto ejercido por la Comunidad Autónoma contra la compra de Cabo Cope por la asociaciación ha supuesto un desencuentro añadido.

Para los ecologistas, detrás de este «negacionismo ambiental» del Gobierno regional está la «presión de la patronal Croem y de las organizaciones agrarias». También de los cazadores: los conservacionistas han chocado con el sector cinegético por la práctica del silvestrismo, la moratoria de la tórtola común y la aprobación de las órdenes de vedas sin evaluación ambiental. Luengo y sus directores generales Perona y Marín están investigados por este motivo en un juzgado de Murcia, denunciados por ANSE y Ecologistas en Acción.

«Es tal el nivel de sumisión que se sitúan fuera de la ley», acusa Rubén Vives, «sin tener en cuenta que los recursos naturales y el paisaje son un motor económico. No puedes tener granjas de cerdos, agricultura intensiva, minería, turismo y vivienda residencial en el mismo espacio. Todo tiene que existir, pero cada actividad en su sitio». «Mienten en todo lo que dicen y están generando tantos problemas ambientales que lo terminaremos pagando caro», augura Pedro García.

Rubén Vives menciona un conflicto que considera clave en las malas relaciones entre Gobierno regional y ecologistas: el precinto por mandato judicial de la cantera de Arimesa, en Santomera, propiedad de Pedro García Balibrea, expresidente de la Cámara de Comercio de Murcia y empresario poderoso e influyente. «Sacaban un árido de gran calidad y en un punto estratégico para abastecer las grandes obras del AVE, el Arco Norte y la nueva variante de Archena, entre otras, pero estaban en situación ilegal. Nunca nos perdonarán que lo denunciásemos», afirma Rubén Vives. «Nos llaman revolucionarios, pero lo único que pedimos es que apliquen las leyes ambientales y las hagan cumplir», termina.

El malestar no es exclusivo de ANSE y Ecologistas en Acción. Pacto por el Mar Menor también cree que la Comunidad Autónoma «no tiene ningun interés por la conservación del medio ambiente y aún menos en dialogar con organizaciones sociales o conservacionistas», mantiene Ramón Pagán, portavoz de esta plataforma. Ypone este ejemplo: «Hemos tenido que recurrir al Consejo de la Transparencia para que se dignaran a responder a unas preguntas sobre inspecciones a fincas que teníamos sin responder cinco meses».

«Nos sentimos muy frustrados porque ya no es una falta de comunicación o distanciamiento con organizaciones sociales y ecologistas, sino con la propia ciudadanía», sostiene.