Portazo en el Mar Menor

Si quedaba algo de confianza entre las organizaciones más críticas con el proceso de recuperación ambiental del Mar Menor y la administración, aunque fuera un hilo mínimo, se rompió definitivamente ayer con la salida del Comité de Participación Social de las seis entidades que han liderado la presión popular: Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca y Asociación de Vecinos de Mar de Cristal.

Se van de este órgano porque lo consideran un paripé "contemplativo" en el que no tienen voz ni voto. Un foro que, "lejos de servir a la participación real de la sociedad en la gestión del Mar Menor, se ha convertido en una suerte de púlpito donde el Gobierno regional pretende ocultar su inacción en cuestiones urgentes y validar las actuaciones inadecuadas, promovidas por intereses privados, y que cuentan con el amplio rechazo de la comunidad científica", se lamentan en el comunicado conjunto que difundieron este lunes.

La masa crítica representada por estas seis entidades censura que, a estas alturas, aún no se hayan puesto en marcha algunas de las principales medidas prometidas por la Comunidad Autónoma para salvar al humedal del colapso ecológico que sufre, principalmente por la contaminación agrícola, y que, por ejemplo, se siga utilizando maquinaria pesada para recomponer las playas pese a que los científicos advierten de que es perjudicial para el ecosistema.

Un síntoma más, aseguran, de que nada ha cambiado después de décadas de abandono pese al escándalo nacional que supuso la ya histórica fotografía de la sopa verde en la primavera de 2016.

Ni filtros verdes, ni soluciones ante el impacto de los puertos deportivos en la dinámica costera, ni regulación de navegación y fondeo de embarcaciones, "mientras se favorece el acceso de las mismas con nuevas rampas". Tampoco se han planteado cambios "en el modelo turístico, ni en la política de infraestructuras litorales como paseos costeros o diques", mientras se anuncian "nuevas obras en La Manga encaminadas a una mayor ocupación de la línea de costa".

Ecologistas, pescadores y vecinos reclaman también que se ponga en marcha el decreto ley de medidas urgentes para la sostenibilidad de la agricultura en el entorno del Mar Menor, que se apruebe de una vez el plan de gestión de la laguna y que el Gobierno regional redacte la ley integral que debe garantizar la protección (real, no solo sobre el papel) de este espacio natural tan agredido y sobreexplotado desde hace décadas.

La salida de las seis organizaciones críticas del Comité de Participación Social se produjo el mismo día en el que el consejero de Medio Ambiente comparecía en este órgano para comunicar el "éxito" que ha supuesto la draga conocida como 'araña finlandesa' para succionar fangos en Los Urrutias, Los Alcázares y Los Nietos. Un método criticado por los ecologistas por considerarlo agresivo con fondos donde sobreviven a duras penas especies amenazadas como el fartet.

Los políticos no se quedan solos: el Comité de Participación Social está formado por decenas de miembros, aunque en su mayor parte poco o nada críticos con la estrategia de la administración: representantes de ayuntamientos, sindicatos, organizaciones agrícolas y hosteleras...

El consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, considera una "deslealtad" esta fuga de organizaciones del comité Social, una decisión que espera reconsideren porque "siempre han podido tomar la palabra en cualquier momento". En cualquier caso, rechaza sus razones.

El otro órgano del Mar Menor, el Comité de Asesoramiento Científico (este al menos consultivo, no contemplativo), tampoco atraviesa su mejor momento, con algunos de sus miembros enfrentados y otros tentados de abandonarlo porque se sienten utilizados por el Gobierno regional.

Seguiremos informando.