El saqueo de Venezuela

Alguien dijo que, en la construcción de un relato, la mentira siempre está al principio. Si ésta consigue pasar da igual lo que nos cuenten después porque todo nos lo vamos a creer o, en su defecto, no podremos rebatir nada de lo que nos digan. Así es como ha funcionado el gobierno de Venezuela en los últimos años, vendiendo al exterior una imagen de progresismo social imparable. Cuando este relato no se sostuvo, vendieron al exterior otro relato, el de ser la víctima del imperialismo más atroz. En realidad, el mundo estaba ante otro tipo de venta, la del país. Una de las naciones más ricas del planeta ha sido despedazada y, hasta la fecha, la comunidad internacional no ha hecho nada sustancial para impedirlo.

El estado caribeño pasa por tener una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Esto es lo que siempre se nos ha contado desde todos los medios de comunicación y es verdad. Hasta el año pasado el estanco petrolífero probado para Venezuela ascendía a 300.000 millones de barriles, muy por delante del segundo en el ranking, la monarquía saudí, con 266.000 millones. Durante mucho tiempo, la fuente de hidrocarburos ha sido la chequera del régimen de la camarilla chavista y de ella se han nutrido las nuevas élites económicas colocadas a dedo en los puestos clave de la estatal PDVSA, bien a través de contratos a compañías de Estados Unidos y China, bien a través de intermediarios de cualquier pelaje, como el recientemente detenido Alex Saab, conocido por sus vínculos con dictaduras y organizaciones criminales. Muchos de éstos agraciados y sus familias viven con total impunidad en Europa y en España, los llamados 'bolichicos'.

Pero hay más, mucho más. El petróleo de Venezuela, como el de cualquier país, tiene un camino finito porque los mercados internacionales donde se puede vender y comprar este recurso están muy tasados. La vigilancia del oro negro es exhaustiva debido a la competencia feroz dentro de los propios mercados. Por eso, para el sostén del régimen es necesaria otra vía de ingresos permanente, y Venezuela la tiene. En su subsuelo hay oro en cantidades abismales aún sin explorar, además de hierro, bauxita (fuente del aluminio), fosfatos, níquel, cobre, coltán, uranio y lo que representa el mayor atractivo para los buitres del comercio internacional: diamantes y otras piedras preciosas, cuya extracción sin ningún tipo de control aleja la vigilancia que durante las dos últimas décadas se ha hecho sobre los famosos 'diamantes de sangre' del continente africano. Pero en el caso de Venezuela, nadie sabía de dónde proceden. Hablamos del Arco Minero del Orinoco, probablemente la mayor despensa de recursos naturales del planeta que se encuentre en explotación, un área cercana a los 112mil km cuadrados (dos veces España, casi la mitad de Venezuela, el 7% del total de la Amazonía y el doble de grande que la faja petrolífera) y cuya riqueza se calcula en trillones de dólares. En él viven 33 etnias indígenas, muchas de ellas en los territorios de Guayana, Amazonas y Bolívar.

Sin embargo, los esfuerzos de la dictadura por ocultar el tráfico ilícito se dieron de bruces cuando la Asamblea Nacional de Venezuela, sabedora del saqueo, comenzó una investigación oficial cuyas conclusiones han sido la piedra angular de la oposición para deslegitimar las transacciones del gobierno de Maduro y conseguir aislarlo económicamente. El demoledor informe fue liderado por el diputado Américo de Grazia, miembro de la Mesa de Unidad Democrática en el partido La Causa Radical, que tuvo que estar asilado en la embajada de Italia en Caracas durante siete meses y posteriormente salir de Venezuela para no ser arrestado. Desde hace algo más de un año se encuentra en Europa, previa intervención del ahora senador Ferdinando Casini, y con él hemos hablamos del trasfondo que oculta el régimen de Maduro.

La investigación comenzó por la denuncia que realiza la oposición de la masacre cometida en la región del Alto Paragua (en el interior del país), cuando los militares chavistas asesinaron a un grupo de trabajadores de la minería el 26 de septiembre de 2006. Era sólo el principio de las pesquisas que destaparían una operación de tráfico ilegal que a día de hoy, por estratosférica, no se puede cuantificar. Al menos desde esa fecha, los abusos continuados a través de la compañía CAMIMPEG (Compañía Militar de Petróleo, Minería y Gas), «controlada por la organización de narcotraficantes del Cártel de los Soles», explica de Grazia, ha dado cobijo a las operaciones de tráfico ilegal que manejan «cubanos, rusos e iraníes, repartidos por zonas geográficas, y que cuentan con el apoyo de las redes creadas por las guerrillas de Hezbola y Hamas y el soporte operativo del ELN colombiano y los disidentes de las FARC». Sin ningún tipo de concesión o contrato regular, el 'oro de sangre' y otros cotizados salen de Venezuela para pagar el apoyo que los diferentes gobiernos prestan a la dictadura, por ejemplo, para bloquear posibles sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Todo esto sucede a través de otra empresa tapadera, MINERVEN.

Éste es el nudo gordiano de la cuestión. El saqueo también produce un «beneficio directo y personal a todos los altos mandos del régimen venezolano», que después se traslada a cuentas cifradas en paraísos fiscales y al mismo tiempo, con esas operaciones, «se consigue el lavado de dinero obtenido por el tráfico de estupefacientes, sobre todo cocaína, de los cárteles de la zona», afirma el diputado. Éstos a su vez prestan sus servicios de rutas para el almacenamiento, transformación y salida de los recursos mineros.

El descontrol ha llegado a tal punto que, según de Grazia, «los sedimentos producidos por la minería ilegal afectan a la estabilidad de la presa del Guri, la central que suministra electricidad a todo el país y que deja a oscuras a Venezuela cada vez que se ve obligada a parar su trabajo por los dragados de lodazales» que impiden a las turbinas de la presa funcionar normalmente. Como efecto añadido hay que nombrar también el envenenamiento masivo de las aguas de los ríos que surten a la presa del Guri (los ríos Caroní y Paragua)» y posteriormente a gran parte de la cuenca del Orinoco, en lo que será, si nadie lo para, un desastre ambiental de proporciones todavía inimaginables. Los reportes que llegan de la zona por parte de los pueblos indígenas (Pemón, Yanemas, Yekuán, Hoti, etc) indican que las operaciones no sólo continúan sino que van a aumento.

A este respecto, el pasado verano, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicaba un informe en el que, en referencia a las organizaciones criminales que controlan la zona, se citaba: «Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección».

Los mineros que trabajan en turnos de doce horas han de entregar hasta la mitad de su producción a las mafias y a los capataces, con cuadrillas donde son explotados niños de hasta 9 años. Asímismo, las mismas mafias han normalizado la prostitución forzada de mujeres y adolescentes. El demoledor informe avisa de que «las condiciones de vida en las zonas mineras son pésimas, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento». Los pozos de agua estancada y contaminada como resultado de la minería son lugar de cultivo para los mosquitos, provocando un aumento de los casos de malaria en la región, que afecta no solo a los trabajadores migrantes sino también a las comunidades indígenas. Ambos grupos también se ven gravemente afectados por el envenenamiento por mercurio.

Este informe, donde se denuncian al menos 149 asesinatos de mineros y sus familias, ha sido recogido por la Corte Penal Internacional cuya fiscal jefe, la gambiana Fatou Bensouda, ha determinado que ya tiene elementos suficientes para concluir que «al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad», en lo que significa la antesala para juzgar en la CPI a toda la plana mayor del régimen venezolano, un proceso que podría iniciarse a lo largo de 2021.

Las autoridades internacionales denuncian que el Banco Central de Venezuela, a través de la empresa MINERVEN, no publica la información sobre qué volúmenes de oro y otros materiales son sacados del Arco Minero del Orinoco, su valor, cuñal es su destino ni el rédito que el Estado obtiene por ellos. La oposición venezolana, como hemos relatado, sí lo tiene bastante claro. El saqueo ya no tiene únicamente proporciones económicas y ambientales, abarca también el secuestro de las posibilidades de futuro de una población sumida en la precariedad y en la carestía, cuando no en la indigencia, la muerte o el exilio. Mientras, el mundo civilizado sigue sin actuar.