La financiación local, eje indispensable de la gestión de los servicios públicos

Es innegable que las entidades locales son las administraciones que más se aproximan a los problemas y necesidades de los ciudadanos. Estas estructuras de gobierno organizan los barrios donde vivimos, la seguridad y el mantenimiento de las zonas públicas, el abastecimiento del agua y el alumbrado público más la ordenación del tráfico en vías urbanas, entre otras funciones, con el claro objetivo de hacer que la vida que compartimos en comunidad sea más agradable.

Todos estos servicios requieren dos factores imprescindibles. El primero de ellos es la aportación de recursos por parte de los ciudadanos para poder llevarlos a cabo. El segundo es la gestión inteligente de estos recursos por parte de la Administración.

Con el objetivo de poner sobre la mesa la complicada estructura de los mismos, su gestión y los retos a los que se enfrentan, LA VERDAD y Suma organizaron este martes un desayuno informativo en el Hotel Palacio Tudemir de Orihuela.

El encuentro, que fue moderado por el corresponsal de LA VERDAD en la Vega Baja, Jesús Nicolás, contó con la presencia de José Antonio Belso, director de Suma; María del Mar Sáez Martínez, vicepresidenta segunda de Administración General y Hacienda de la Diputación de Alicante y concejala de Pilar de la Horadada y Juan Benito Gallego, doctor de Derecho Financiero y Tributario y subdirector del Máster Fiscal de la Universidad de la Universidad Miguel Hernández, que está patrocinado por Suma.

Entre las cuestiones planteadas durante esta jornada primó el interés por debatir si los municipios de la comarca de la Vega Baja del Segura están financiados correctamente; si esta aportación es proporcional a los servicios que ofrecen los consistorios y si las fuentes de subvención están adaptadas al funcionamiento actual de los gobiernos locales.

Durante los últimos años, las administraciones municipales han tenido que enfrentarse a diversas situaciones adversas, como la pandemia por la covid más la inflación, que han puesto la estabilidad económica de la sociedad contra las cuerdas. Esto ha supuesto a menudo una dicotomía para los gobiernos locales, que se han visto forzados a poner en un lado de la balanza la necesidad de acceder a prestaciones para suplir estas necesidades y, en el otro extremo, la presión de obtener las subvenciones necesarias para llevar a cabo todos esos proyectos.

Para hacer frente a esos retos, los consistorios beben de diversas fuentes de ingresos tales como las tasas municipales, los impuestos ciudadanos y las transferencias procedentes de los entes gubernamentales superiores. Desde Suma, principal generador de ingresos para los ayuntamientos de la provincia de Alicante, José Antonio Belso pone el foco en la necesidad de rediseñar el sistema de dotación presupuestaria de las administraciones públicas. «Existe una necesidad de recursos creciente en los consistorios y en gran parte esa necesidad viene determinada por la asunción de competencias impropias que han de financiar, aunque no estén dentro de sus propias competencias habituales», explica Belso. Este problema, apunta el director de Suma, se agrava en el caso de los municipios con una población inferior a los 20.000 habitantes.

Estos municipios, señala, tienen unos déficits de financiación bastante más elevados que los ayuntamientos de poblaciones grandes porque no son capaces de generar tantos ingresos por sus tributos. Además, estas administraciones tienen que hacer frente a un 10% más de gasto corriente, con lo cual tienen muchos más problemas a la hora de cerrar sus presupuestos. En este sentido, Belso indica que la Diputación de Alicante «tiene un papel clave a la hora de diseñar herramientas que permitan que las necesidades de financiación de esos municipios sean más llevaderas».

Por su parte, la vicepresidenta segunda de Administración General y Hacienda de la Diputación de Alicante, María del Mar Sáez Martínez, recoge también la reivindicación de José Antonio Belso sobre la necesidad de revisar la imposición de competencias impropias.

«La principal problemática derivada de estas competencias es que afectan generalmente a los servicios básicos. Los Ayuntamientos no pueden permitirse perder esa prestación en detrimento de su ciudadanía, por lo que acaban asumiéndolas», explica María del Mar Sáez.

Es en este punto, añade, «nos encontramos con la enorme dificultad de que la mayoría de esos servicios no vienen al 100% subvencionados por parte de la administración competente, con lo cual es el propio municipio el que ha de soportar ese gasto y esto al final se ve repercutido en el ciudadano mediante el aumento de impuestos y tasas».

El subdirector del Master Fiscal que Suma patrocina en la Universidad Miguel Hernández, Juan Benito Gallego, subraya la trascendencia de que la ciudadanía comprenda que esas medidas económicas por parte de los ayuntamientos obedecen directamente a la necesidad de obtener recursos para mantener activos los servicios públicos.

«El artículo 31.2 de la Constitución Española indica que hay que hacer una asignación equitativa de los recursos públicos. Estos recursos son limitados, por lo que hay que ser eficientes y racionalizar el gasto mediante la búsqueda de medidas de coordinación con otras administraciones e incluso con empresas privadas», manifiesta Benito.

Desde Suma apuntan que la inflación y los tipos de interés están lastrando e hipotecando los presupuestos municipales, lo que ha provocado que los ayuntamientos estén siendo bastante prudentes tanto al estimar los ingresos como a la hora de trabajar los gastos.

Para paliar esta situación, los consistorios están incidiendo en el incremento de los ingresos mediante revisiones de la tasa de residuos urbanos y la eliminación de bonificaciones del IBI, entre otros.

Para contribuir a ello, Suma ha puesto a disposición de muchas administraciones un programa para la eliminación del fraude por omisiones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de mejorar de cara a los próximos ejercicios.

«El panorama financiero se complica cada día más y esto obliga a revisar nuevas figuras presupuestarias que propicien el incremento de los ingresos locales», recalca Belso.

Uno de los temas que más preocupan a los expertos en dotación y gestión presupuestaria local es la necesidad de una reforma de la financiación de las comunidades autónomas y de los municipios, así como la complejidad que supone.

José Antonio Belso apunta que, tal y como se está gestionando la reforma a fecha de hoy, el sistema de financiación es «inviable que salga adelante».

«Se está proyectando como un duelo de esgrima entre presidentes de distintas comunidades, donde a lo que aspiramos es que pierda el de enfrente, y mientras el sistema siga planteado de esta manera difícilmente se va a poder reformar», destaca José Antonio Belso.

En este sentido, el director de Suma indica que el único modo de asumir una reforma completa y eficaz de la financiación de las comunidades autónomas y de los municipios es «abrir el prisma, redefinir el mapa competencial, incluir la financiación local y que se abra un debate mucho más grande sobre pérdidas y ganancias entre los distintos territorios implicados».

La gestión del presupuesto económico de un consistorio no es tarea baladí. María del Mar Sáez vive esta situación desde dentro de dos de las partes implicadas en este proceso: la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

Es por ello, que desde su posición, María del Mar Sáez señala la importancia de buscar una financiación que suponga una inyección económica en el municipio, sin dejar nunca de lado las demandas de los ciudadanos y la buena calidad de los servicios públicos.

«Cuando estamos en situación de crisis económica y social, se busca el equilibrio justo entre una inversión que tienda a la eficiencia del servicio y que esto redunde en un beneficio para el ciudadano. En un ayuntamiento se trabaja en priorizar estas inversiones y que en el servicio que se presta al ciudadano y queden cubiertas todas sus necesidades», cuenta Sáez.

Uno de los puntos clave del encuentro residió en el debate sobre la incorporación de la llamada «tasa turística», así como en las dificultades que enfrentan los municipios turísticos de la comarca.

«Se da el caso de ayuntamientos que no son considerados como grandes municipios por el número de habitantes habituales, pero que en determinadas épocas del año incrementan su población. Al no obtener este distintivo, no tienen acceso a ciertos privilegios y tienen que hacer frente a numerosos gastos, lo que supone falta de financiación y saturación de los recursos públicos», destaca Juan Benito Gallego.

A día de hoy, lamenta, la ley no contempla esa peculiaridad específica que se da en muchos municipios de nuestra zona, como Pilar de la Horadada, que durante la época estival ve cómo su población pasa de los 20.000 a las 100.000 personas. «Esa es una cuestión crucial que se debería analizar por parte del legislador estatal cuando se plantee un nuevo sistema de financiación local».

• Temas
• Orihuela