En busca del precio justo en la ley de la Cadena Alimentaria

El pasado noviembre, el Gobierno nacional aprobó el proyecto de reforma de la ley de la Cadena Alimentaria. Esta nueva legislación, que está en trámite parlamentario, tiene por objeto para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mejorar el equilibrio de la cadena alimentaria; garantizar el futuro de esta actividad; favorecer la capacidad negociadora de agricultores y ganaderos; e incentivar el reparto justo del valor que se genera. En este sentido, entre las novedades de esta normativa, que completa las modificaciones planteadas por el Real Decreto-Ley 5/2020, destaca la protección de las transacciones de los operadores de la cadena en toda Europa, la ampliación de los productos cubiertos por la norma, la obligatoriedad de los contratos por escrito y la ampliación de las prácticas prohibidas.

Todas estas novedades han llevado a los operadores del sector a modificar su forma de trabajar y a comenzar a adaptarse a una nueva normativa que todavía plantea grandes retos. Con el objetivo de analizar estos desafíos a los que se enfrentan, LA VERDAD y Banco Sabadell organizaron ayer un encuentro que reunió a expertos de los ámbitos financiero, legal y agroalimentario, que abordaron la situación y vislumbraron los efectos de esta medida a medio y largo plazo. Moderado por el jefe del área de Local, Manuel Buitrago, en el encuentro intervinieron el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo; el director de Segmento Agrario Banco Sabadell, José Antonio Morante; el presidente de Coag, Miguel Padilla; el presidente de Agrupal, José García; la directora regional de Relaciones Externas de Mercadona, Ana Belén Martínez; y el socio de Contratación Mercantil y Derecho Societario de Garrigues, Miguel Ángel López Mateo.

Los primeros meses de 2020 fueron intensos en el sector agroalimentario. Agricultores y ganaderos tomaron las calles de toda España para denunciar la situación límite en la que se encontraban debido, entre otras cosas, a los reducidos precios que cobran por sus productos y los elevados costes que tienen que soportar. Estas movilizaciones fueron el detonante de una serie de modificaciones legales que comenzaron con la puesta en marcha del Real Decreto Ley 5/2020, que, entre otras novedades, incluyó la obligación de que el precio pactado entre los agricultores y ganaderos y su comprador cubriese los costes de producción. Para complementar más estas medidas, el Gobierno central aprobó el pasado noviembre el proyecto de reforma de la ley de la Cadena Alimentaria, que ahora mismo está en trámite y que nace «viciada», en palabras del consejero Antonio Luengo, que consideró que perjudica «especialmente al pequeño productor».

Así, el titular del ramo en la Región recalcó la importancia de establecer para los productos un precio justo «que compense el trabajo, la inversión y el riesgo empresarial que asumen los agricultores y ganaderos» y que tenga en cuenta variables «como el precio del agua y el coste de producción». A este respecto, Miguel Padilla reclamó la existencia de unos costes de producción de referencia que sean controlados por el Gobierno central y las comunidades autónomas, «porque, efectivamente, no es lo mismo producir un determinado producto en una comunidad autónoma que en otra».

Pese a estar de acuerdo con ese precio justo, José García criticó la obligación, impuesta por el Real Decreto-Ley 5/2020, de que «el comprador tenga que manifestar en un contrato que se cumple el coste de producción». Para el presidente de Agrupal, esto obliga al comprador a «que firme algo que no tiene por qué conocer y que puede ser o no cierto, e incluso derivarse de ello ciertas responsabilidades legales». También resaltó la dificultad de definir ese coste de producción cuando la partida de un mismo producto tiene diferentes calibres y pesos. Por otro lado, recalcó su visión contraria a la venta a pérdidas, una idea compartida por Ana Belén Martínez, que mostró la oposición de Mercadona a emplear esta práctica, «porque consideramos que destruye el valor de la cadena alimentaria».

Al hilo, José García valoró esta reforma como una oportunidad para «corregir uno de los mayores fiascos de la ley de la Cadena Alimentaria»: la obligación de pagar al proveedor en un plazo de 30 días cuando los productos son perecederos. Explicó que esto merma «nuestra competitividad y nos deja fuera del mercado porque no hay un solo país de Europa que pague el producto que va a industria en ese plazo». Para ponerle solución, abogó por diferenciar entre las materias primas destinadas a la industria y las que van directas al consumidor final, y por incorporar en el proyecto de reforma de ley el 'confirming', una forma de pago que permite a los proveedores adelantar el cobro de sus facturas. En esta línea, Banco Sabadell dispone de este servicio en varias vertientes ('Confirming', 'Confirming Pronto Pago' y 'Confirming Plus'), que ponen de manifiesto el «carácter transversal» de la entidad «para dar apoyo a todos los eslabones de la cadena alimentaria», apostilló José Antonio Morante.

El debate sobre los costes de producción dejó en el aire, durante el encuentro, la pregunta de si el resultado de estas acciones recaerá en el precio que paga el consumidor final. A este respecto, Miguel Pérez recalcó que esto sería «algo gravísimo» que se puede evitar si «del primer eslabón al último, que es el consumidor final, se hace una construcción del precio razonable tomando como referencia los costos».

La nueva normativa que está en tramitación regula su ámbito de actuación en tres escenarios distintos, en función de dónde estén afincadas las empresas que establezcan una relación comercial. La posibilidad de que se aplique o no la normativa española dependiendo de la ubicación de las compañías firmantes genera, en palabras de Miguel Ángel López, una «incertidumbre muy importante», porque en las relaciones comerciales entre una compañía localizada en el país y otra en la Unión Europea puede ocurrir que «muchas de nuestras empresas, acostumbradas a trabajar con la legislación española, tengan que hacerlo con otra extranjera porque el cliente lo imponga». Por otro lado, este abogado vislumbró, además, la posibilidad de pérdida de competitividad de los operadores nacionales en sus relaciones con empresas de fuera de la Unión Europea, puesto que en esos casos se aplican siempre las prohibiciones de la ley de la Cadena Alimentaria. «Cuando vendamos en Estados Unidos, por ejemplo, no vamos a tener la opción de elegir entre una ley u otra, por lo que, si nuestro cliente no quiere aplicar la española, la única solución va a ser buscarse un proveedor alternativo».

Para terminar, el profesional destacó también la falta de adaptación de esta ley a la legislación europea: «De hecho, desde el despacho estamos llevando algunas actuaciones ante la Comisión Europea por este motivo».