«La protección del Mar Menor debe estar en el Estatuto»

En la agenda del Parlamento Europeo de esta legislatura queda pendiente el Pacto Verde. Pese a haber avanzado con importantes leyes, los eurodiputados se hallan inmersos en una norma que se dirime crucial: la Ley de Restauración de la Naturaleza, que indudablemente tendría un impacto en la Región, con uno de los ecosistemas más ricos del continente como es el Mar Menor. Soraya Rodríguez, eurodiputada por Ciudadanos y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la UE, visita hoy la Región para hablar de la normativa.

–¿Qué significaría para la Región la Ley de Restauración de la Naturaleza?

–Sería realmente un punto y aparte. Esta ley, que espero se apruebe antes de que acabe la legislatura, establece objetivos vinculantes y obligatorios a los Estados miembros a la hora de presentar planes nacionales de restauración. Se ha observado que leyes y figuras de protección de ecosistemas únicos no han servido para protegerlos. Por ejemplo, el Gobierno del PP no ha cumplido la ley de protección y ni parece que lo vaya a hacer; ni tan siquiera ahora firmaron el decálogo de protección del Mar Menor para estas elecciones.

–¿Qué objetivos se marca?

–Nos planteamos que el 20% de los ecosistemas que están en deterioro de la UE sean restaurados hasta el año 2030 y estén en fase de restauración todos los que están en franco deterioro hasta el 2050. La protección del Mar Menor debe estar en el Estatuto de la Comunidad, entre las prioridades del Gobierno de España y, si esta ley se aprueba en el Parlamento Europeo en este mandato, estará en la máxima prioridad de la UE a través de la inclusión de la restauración de la laguna en sus planes nacionales de restauración.

–¿Qué medidas deben tomarse?

–El propio ecosistema tiene capacidad de regeneración. Pero nos tememos mucho que, si no se actúa rápido, posiblemente en cuatro o cinco años esa pequeña ventana de oportunidad quede cerrada. Hay que adoptar medidas en todas esas actividades que han sobreexplotado la laguna, como la agricultura. Todas las políticas de contaminación de acuíferos, sobreexplotación de agua y la presión urbanística deben realmente reconfigurarse. Esto no significa que deban prohibirse sino que deben hacerse acorde al mantenimiento del ecosistema.

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