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La Fiscalía de Área de Cartagena pidió en mayo a un juzgado local el archivo de la investigación penal sobre el presunto 'pucherazo' en las elecciones primarias de Ciudadanos en la Región de Murcia no porque descartara la existencia de indicios de irregularidades en la ... victoria de Isabel Franco, sino porque «no se pudo determinar quién las cometió». Así lo confirmaron ayer a LA VERDAD fuentes del Ministerio Fiscal, que en un informe dirigido al Juzgado de Instrucción 5 explicó que la investigación sobre la supuesta manipulación del sistema informático en favor de Franco, actual vicepresidenta en funciones de la Comunidad Autónoma, se vio «condicionada» por la «reiterada falta de colaboración» con la Policía del partido y de una empresa informática contratada por éste.
En concreto, aseguraron que Ciudadanos y la mercantil encargada de las votaciones telemáticas tardaron más de un año en atender solicitudes de información de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Y añadieron que ello provocó que determinados datos relevantes para las pesquisas policiales se borraran, por haberse superado el plazo máximo de almacenamiento.
La demora en contestar provocó una «pérdida de información obrante en las bases de daños de las compañías telefónicas». Esos datos eran «esenciales» para acceder a las IP de los ordenadores de los afiliados que ejercieron su derecho al voto para elegir al candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma en los comicios regionales. Así, no se pudo completar la geolocalización, indicaron en la Fiscalía sobre la denuncia del candidato perdedor, Leonardo Pérez.
La fiscal del caso, especialista en delitos informáticos, recordó el informe de la Policía de 2022. Según los agentes, el análisis de la ubicación de los votos a la también ahora consejera de Transparencia, Participación y Cooperación reveló «una agrupación de votos concentrados en unas zonas geográficas con la misma geolocalización». Salieron de zonas próximas a sedes del partido y de grupos municipales en varias ciudades.
Eso es «algo inusual en este tipo de votaciones, que deberían presentar un voto mucho más disperso», señaló la UDEF. Y añadió que «la posibilidad de que esta concentración de voto geolocalizada sea fruto del azar es prácticamente nula»
Así, 149 de los 160 apoyos se emitieron desde lugares cuyas coordenadas coinciden con los alrededores de la sede política en Centrofama, en Murcia. También hubo respaldos similares desde Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Yecla y San Pedro del Pinatar desde las 9.00 a las 12.00 horas del 8 de marzo de 2019.
La Fiscalía también recordó en su informe que, según la Policía, cerca de la mitad de apoyos, 233 de 599, procedieron de fuera de la Región. También fueron emitidos en el entorno de sedes y grupos locales de Madrid, Valencia y Barcelona. Asimismo, pudo haber votos falsos, pues la Policía llamó a 149 afiliados que supuestamente habían participado en las primarias y 6 de ellos afirmaron que no lo hicieron. Otros 9 dijeron no recordaban haberlo hecho.
Franco fue expulsada en 2021 de Ciudadanos por oponerse a la moción de censura conjunta con el PSOE al Gobierno regional de Fernando López Miras, del PP. De él sigue formando parte.
En la Fiscalía indicaron que para remover los obstáculos en la investigación, se habría tenido que levantar el derecho al secreto de las comunicaciones de personas implicadas en las elecciones. Y señalaron que, al ser un derecho constitucional, y por el principio de proporcionalidad, se optó por no 'pinchar' teléfonos ni intervenir correos electrónicos. Con la información disponible, «no se pudo determinar que las irregularidades tuvieran carácter delictivo ni quién las cometió». El denunciante del presunto fraude y candidato perdedor, el cartagenero Leonardo Pérez, afirmó este lunes, a preguntas de LA VERDAD, que pedirá al juzgado que no archive la causa sino «que llegue hasta el final».
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