La reducción de la jornada afronta este miércoles su primera prueba de fuego

Pero sí puede suponer la primera piedra en el largo y tortuoso camino que se vislumbra para que el primer recorte por ley de las horas de trabajo de los españoles en más de cuarenta años vea la luz. Eso, si es que finalmente lo logra.

Porque la polémica que ya existe en torno a esta norma y que se vivió durante los once meses de negociación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal se ha trasladado también al CES, que está más dividido que nunca y no logra elaborar un texto consensuado con el que las partes se sientan conformes.

Este órgano está compuesto por un total de 61 miembros, su presidente, Antón Costas, y sesenta consejeros nombrados por el Gobierno. Se distribuyen en tres grandes grupos: el primero, con 20 representantes de los sindicatos mayoritarios (UGT, CC_OO, CIG y ELA); el segundo, con otros 20 miembros de las patronales más representativas (CEOE y Cepyme); y un tercer grupo más variopinto, también de 20 personas, conformado por representantes de asociaciones agrarias, de pesca, de consumidores... y seis expertos elegidos por el Ejecutivo.

La comisión de trabajo lleva desde el pasado 14 de febrero elaborando un dictamen que tendrá que presentar en el pleno del próximo miércoles y que se someterá a votación. Pero en esta ocasión la redacción del texto está resultando mucho más compleja de lo que es habitual por tratarse de un tema tan delicado y que puede tener un impacto de hasta 23.000 millones de euros al año para las empresas, sobre todo para las más pequeñas, según estimaciones de la patronal. Por eso no hay aún un documento cerrado sino un borrador que se seguirá matizando, pese a que quedan apenas dos días laborables para consensuarlo, según confirmaron a este periódico fuentes presentes en las largas y constantes reuniones que están manteniendo en estos días.

La última fue este viernes y nuevamente no se ha llegado a un acuerdo, por lo que volverán a juntarse el lunes a primera hora. La patronal, que se opone rotundamente a esta medida, está batallando para conseguir que en el dictamen se recoja expresamente que el CES considera que el periodo transitorio que se ofrece a las empresas para aplicarlo es «muy corto y debería ser mucho más largo»; es decir, que se refleje que los plazos han de flexibilizarse más allá del 31 de diciembre de 2025. Este fue uno de los principales caballos de batalla en la negociación en la mesa del diálogo social, pero Díaz se ha negado de plano a retrasar su aplicación, aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sí se ha manifestado a favor.

Y en este caso los sindicatos se muestran dispuestos a ceder y recoger esta apreciación en el dictamen, siempre y cuando la CEOE, que se decanta por emitir un voto particular, da su apoyo al texto acordado. Porque si finalmente el CES vota en contra, aunque no sea nada vinculante, supondrá un duro golpe para el Gobierno –también para los sindicatos– puesto que daría más argumentos a los que se oponen.