María Ramírez
Lunes, 10 de febrero 2025, 07:24
El Gobierno de España avanza en su compromiso de mejorar las condiciones laborales. Una de las medidas más esperadas del 2025 es la reducción de la jornada, que se rebajaría de 40 horas semanales a 37 y media. El Consejo de Ministros aprobó el 4 de febrero el anteproyecto de ley, por lo que, para su aprobación definitiva, deberá pasar ahora al Congreso, donde será necesario conseguir una mayoría parlamentaria.
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El acuerdo también establece que los contratos a tiempo parcial con una duración igual o superior a las 37,5 horas semanales de promedio «se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo». Con respecto a la distribución del horario, como indica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, el reparto dependerá de cómo se pacte en los convenios o contratos. De este modo, habrá empresas que permitirán salir 30 minutos antes y otras que preferirán descontar el tiempo el viernes para poder alargar el fin de semana.
El inicio de año también trajo consigo una importante novedad: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El objetivo es mejorar la situación económica de aquellos trabajadores que tienen sueldos bajos para que puedan hacer frente a la inflación y otros factores. La crecida pactada es de un 4,4%, lo que hace que la nueva cifra ascienda hasta los 1.184 euros mensuales en 14 pagas, es decir, un salario bruto anual de 16.576 euros.
El ajuste del SMI trae cambios importantes en la nómina de febrero, ya que su aplicación tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Esto significa que los empleados que hasta ahora recibían esta cuantía verán un aumento de 50 euros adicionales a partir de este mes si tienen una retribución de 14 pagas. Además, se tendrá que sumar también los 50 euros extra de enero. Como resultado, los trabajadores verán 100 euros más en su nómina.
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En el caso de aquellos que lo perciben en 12 pagas recibirán un aumento de 58,34 euros por mes, es decir, 116,68 euros en la nómina de febrero al aplicar el efecto retroactivo. El Gobierno calcula que habrá casi 2,5 millones de beneficiarios de esta medida, entre ellos, las empleadas del hogar.
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