Ana de Dios
Jueves, 20 de marzo 2025, 11:09
En 2020 se aprobó la Orden Ministerial ICT/155/2020, por la cual los contadores de agua fría y caliente deberán ser sustituidos en España en un plazo de cinco años. Una cuenta atrás que finalizará el próximo mes de agosto. Se trata de una exigencia normativa que, según ISTA, empresa comprometida con la mejora de la eficiencia energética en el sector residencial, afecta a casi dos millones de contadores de agua en nuestro país. Esta compañía da servicio a un millón de equipos inteligentes de medición ya instalados o reemplazados en edificios existentes.
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Sin embargo, no todos los contadores están sujetos a esta exigencia, ya que la normativa solo afecta a aquellos que tengan más de 12 años de antigüedad. El contador de agua es un dispositivo que se instala en las viviendas para controlar el volumen real de consumo de agua por hogar. De acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:
«La vida útil de los contadores de agua validados para aguas de dominio público hidráulico es de 12 años, prorrogables en periodos de 5 años, si se cumplen los requisitos de verificación validados por un órgano autorizado».
Esta medida, ya aplicada en otros países como Alemania, favorece un mejor control del consumo, permitiendo detectar posibles problemas. Además, otro de los motivos de su sustitución es que contribuye a un mayor ahorro económico en los hogares. A grandes rasgos, este cambio puede beneficiar la economía de los hogares españoles.
«Según nuestros cálculos, para una familia media que gasta 250 euros al año en agua, la sustitución de contadores supone un ahorro cercano al 15%, unos 37,50 euros», explica Eduardo Echarren, director comercial de ISTA.
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Esta cuestión dependerá de si el contador es propiedad de la empresa o del usuario. En la mayoría de las ciudades, el contador es propiedad de la empresa concesionaria o del propio ayuntamiento, si gestiona el servicio directamente. En estos casos, el cambio del contador se realizará de manera gratuita.
Sin embargo, en muchas comunidades de propietarios existe un único contrato para el suministro de agua con un contador general de entrada, que la empresa suministradora cambiará cuando corresponda. Este sistema se combina con contadores individuales instalados por los vecinos para que cada uno pague su parte de la factura común en función de su consumo real. Estos contadores también deben ser reemplazados y, por lo general, los propietarios deberán asumir el coste.
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Según recuerdan desde ISTA, el incumplimiento de esta obligación podría acarrear multas de hasta 5.000 euros, tal como establece la Ley de Metrología de 2014, ya que se considera una infracción leve.
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