DKV renuncia a Muface y ya son más de 700.000 los funcionarios sin seguro médico

Si se suman los de Adeslas, prácticamente 700.000 funcionarios se quedarán sin seguro médico a partir de abril, fecha a la que el Gobierno ha obligado a las aseguradoras implicadas a mantener la atención de los pacientes mientras se resuelve -si finalmente lo hace- el nuevo convenio. Esa cifra de afectados supone casi la mitad del colectivo de mutualistas, y dos terceras partes de los empleados públicos que se decantan por el sistema de salud privado, puesto que hay más de medio millón de mutualistas que ya elegían la sanidad pública.

En el aire queda también el futuro sanitario de los más de 8.000 empleados públicos que viven en el extranjero y a los que DKV presta cobertura aunque, en este caso, la firma sí ha dejado la puerta abierta a alcanzar un acuerdo para mantener sus servicios durante un año.

Ahora toda la presión recae sobre Asisa, la tercera aseguradora de Muface con más de 363.000 funcionarios a su cargo y que debe decidir antes del 15 de enero si acude o no a la licitación. La duda es si será capaz de asumir a todos los funcionarios que ahora se quedarán sin el servicio de las otras aseguradoras. Fuentes de la firma indican que siguen analizando los pliegos y que esa posibilidad de presentarse en solitario también está siendo analizada.

Si no lo hace, supondrá un duro golpe para el Ministerio de Función Pública, que podría optar por una nueva licitación 'in extremis' -la tercera- o si se da por vencido y suspende un modelo que el propio titular de la cartera, Óscar López, ha tachado de antiguo y mejorable, con el riesgo que supondría sobre el más que probable deterioro en las listas de espera del sistema público.

«La situación es insostenible y no vemos ni voluntad política, ni certezas que garanticen la viabilidad de Muface», denuncian desde CSIF, el principal sindicato de este colectivo. Y advierten de acciones judiciales contra las aseguradoras y contra Muface. Acusan al Gobierno de «dejación de funciones» y llaman la atención sobre la anulación de citas y consultas, así como de intervenciones quirúrgicas, pese a que el Ejecutivo ha obligado a las tres aseguradoras a mantener sus servicios hasta abril.

«Exigimos al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo General de Muface para analizar con rigor y objetividad la situación económica y las posibles vías de solución para seguir garantizando la atención sanitaria del colectivo de funcionarios en esta mutualidad», insisten.

La decisión de Adeslas y de DKV ha puesto sobre la mesa un modelo que todos coinciden en calificar de infrafinanciado. La alemana, de hecho, ya calcuó unas pérdidas antes de impuestos de 70 millones de euros con el anterior convenio, que podrían engordar hasta los 100 millones en los próximos tres años bajo la nueva oferta del Ejecutivo, pese a que esta implica una mejora de las primas del 33,5%, que implica un esfuerzo presupuestario histórico de 1.000 millones de euros.

Fuentes de DKV ya confirmaron a este periódico que, pese a ello, los pliegos de la nueva licitación incluían varios puntos que no terminaban de encajar en sus planes. Entre ellos, el hecho de que el concierto se ampliase a tres años, algo que perjudica a la firma de origen alemán en términos de contabilidad.

«En los últimos diez años, el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido tan sólo un 31,6%, apenas la mitad del incremento», justifican ahora desde la firma.

«Una empresa responsable y con una buena reputación como la nuestra no puede permitirse continuar con estas condiciones, ya que repercutirían en un empeoramiento de la atención a los mutualistas y en que persista la retribución insuficiente de los profesionales sanitarios», apunta el consejero delegado de DKV, Fernando Campos.

Desde la compañía recuerdan además que del 1 al 31 de enero de 2025 sus clientes asociados a Muface podrán solicitarse el cambio al INSS (servicio públicos de salud de comunidades autónomas e INGESA en Ceuta y Melilla). «A partir del momento en que esté vigente el nuevo concierto y hasta la fecha que se disponga, se abrirá un segundo plazo para realizar el cambio desde servicio de salud autonómico a una entidad concertada o entre entidades concertadas que sean adjudicatarias del servicio», añaden.