Recuperar 40,5 millones de euros en dos años es el objetivo que se ha marcado la Comunidad Autónoma con el Plan de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal 2021-22 que va a comenzar a desplegar. Esa cuantía supone que por cada euro invertido en la economía murciana se incorporarían luego 32,84 euros para las arcas públicas, según las estimaciones realizadas.
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Así lo reveló este lunes el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, quien expuso los principales detalles de esta iniciativa en una comparecencia junto a los secretarios generales de la patronal Croem, José Rosique, y de los sindicatos CC OO y UGT, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, respectivamente.
En concreto, se estructura en tres líneas estratégicas como son: la prevención, la lucha contra el fraude y la búsqueda de alianzas estratégicas. Aunque se hace una apuesta decidida por prevenir. Para ello, se pondrán en marcha un total de nueve medidas de tipo tributario y de divulgación, información y concienciación sobre el grave perjuicio que genera el fraude fiscal al conjunto de la sociedad. Entre las líneas de carácter preventivo, y a las que se destinan 380.000 euros, destaca el nuevo modelo de atención al contribuyente. Ahí se enmarca la Oficina de Atención y Defensa del Contribuyente, orientada a ayudar para la mejora de la calidad de los servicios que presta la Agencia Tributaria. También juega un papel importante la apuesta por la cercanía y potenciar la digitalización.
La segunda de las líneas contiene una docena de medidas a las que se destinarán un total de 153.000 euros. Entre ellas figura, por ejemplo, la creación de un buzón de denuncias que se pondrá a disposición de los ciudadanos para que puedan colaborar en la detección del fraude fiscal.
En este ámbito destaca también la implantación de las tecnologías de digitalización, utilizando herramientas informáticas avanzadas que mediante Big Data e Inteligencia Artificial permitirán cruzar datos públicos de diferentes fuentes para identificar pautas de posibles fraudes. Así, por ejemplo, se podrá cruzar información sobre propiedades, consumos de agua o electricidad en locales donde aparentemente no hay ninguna empresa instalada o sobre venta de vehículos, entre otras cosas.
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El presupuesto para el desarrollo completo del plan se eleva a 1,2 millones de euros. Siempre bajo la finalidad de «concienciar a las personas físicas y jurídicas y facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales es especialmente importante en una situación como la actual, en la que necesitamos reforzar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras políticas sociales para frenar la pandemia y maximizar cada euro para reactivar nuestra economía», indicó el consejero.
En total, se registran hasta 32 medidas específicas en esta iniciativa, incluida en el Pacto Regional por el Diálogo Social y que ha sido coordinado y consensuado con los agente sociales.
Una de las actuaciones principales para combatir el fraude está orientada a impulsar la colaboración con entidades, organizaciones o personas, e implica una mayor cooperación con los ayuntamientos, tanto para la gestión de tributos como para mejorar el intercambio de información tributaria. Además, el plan contempla otras actuaciones como la firma de convenios con entidades como los colegios de Registradores y Notarios de la Región, así como otras instituciones y administraciones públicas.
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