La Región se queda a la cola con la impresión 3D

Cada vez está más cerca el día en que todo el mundo pueda darle a un botón y fabricar en casa un utensilio de cocina o una figura decorativa. La impresión 3D avanza a pasos agigantados. Ya utiliza polímeros, resinas, polvos metálicos y cerámicos, tejidos, sustancias comestibles e, incluso, materia celular. Su aplicación se extiende a campos como ortopedia, odontología, ingeniería industrial, arquitectura, juguetería, alimentación, aeronáutica e incluso arte.

Dos son las ventajas que ofrece. El diseño y fabricación de la pieza se realiza en menos tiempo y solo se paga el material empleado.

Ya se pueden 'imprimir' piezas de carrocería, componentes de maquinaria, prótesis, fundas dentales, muñecos y todo tipo de artículos de plástico, pasando por pequeñas viviendas, zapatillas a medida o comidas con formas personalizadas, así como juguetes sexuales, cuchillos cerámicos o pistolas de un solo uso. El abanico de productos crece día tras día conforme se incorporan nuevos materiales moldeables.

La impresión 3D –también conocida como fabricación aditiva– es fuente de empleo. Para manejar un aparato de este tipo se necesita controlar el 'software' que genera la trayectoria de la boquilla que aporta el material, las propiedades de este, el mantenimiento de la máquina y el manejo de programas de diseño como AutoCAD, Fusion 360º, Creo, Solidworks, Blender, Rhino3D, etcétera. En los próximos años harán falta cientos de especialistas en este ámbito.

Pero la economía regional se toma su tiempo. Según el INE, ocupa el cuarto puesto por la cola: 3,71% de empresas con más de 10 trabajadores; esto es, solo 128 de un total de 4.815 pymes y compañías.

Detrás de Murcia están Castilla-La Mancha (3,27%), Andalucía (3,11%), Baleares (1,85%) y Canarias (1,39%). El promedio nacional es del 5%. En cabeza figuran Cataluña (6,8%), Navarra (6,6%), Asturias (6,3%) y Madrid (6%).

En el caso de las factorías murcianas y empresas de ingeniería, el índice de penetración de la impresión 3D es del 7,52%, mientras que en el conjunto del país asciende al 8,2%. En el sector servicios (sanidad, sobre todo), el porcentaje se queda en el 2,7%, cifra que sube al 4,35% a nivel nacional.

La baja presencia de esta tecnología sorprende si se tiene en cuenta que la Región es potente en ámbitos donde encaja bien, como son los de fabricación de productos plásticos, maquinaria, confitería, calzado, textiles, elementos de decoración, muebles y material de construcción.

Igualmente destaca el hecho de que la mayor empresa nacional de impresoras 3D para uso industrial sea murciana, como es el caso de Tecnologyk, con sede en Espinardo, fábrica en Elche y oficina de ventas en EE UU.

Otro aspecto particular es que solo 57 empresas de la Región emplean aparatos propios en sus procesos; el 45% del total que recurre a esta tecnología, según el INE.

El resto recurre a servicios ofrecidos por firmas especializadas para obtener prototipos destinados a innovación (60,7% de los casos), modelos para nuevas gamas de artículos (24,5%) y productos listos para su venta (14,6%).

Los aparatos disponibles en el mercado se han abaratado de forma espectacular en los últimos dos años y ofrecen amplias horquillas de precios. Los de resina para uso doméstico y educativo oscilan entre 200 y 1.700 euros.

Por su parte, los de uso industrial en las modalidades FDM (deposición fundida), CNC ('esculpir' objetos) y láser se mueven entre 3.000 y 50.000 euros, si bien el precio depende mucho de la flexibilidad de la máquina a la hora de abarcar distintos materiales y sistemas de moldeado.

Una de las razones que frenan el avance de esta tecnología obedece a desafíos legales ligados a patentes, derechos de autor y diseño industrial protegido. La impresión 3D facilita la generación de réplicas. Si el original está fabricado con esta tecnología, su reproducción a través de la misma por parte de falsificadores será mucho más sencilla y precisa.

También está el riesgo de que planos de piezas y montajes circulen por internet para deleite de competidores y particulares con aparatos en sus casas, lo que da más alas al espionaje industrial. Son muchos los juristas que cuestionan que el actual marco legislativo esté preparado para perseguir tales 'pirateos'.