La propuesta de multar de Junts afectaría a casi 90 firmas catalanas asentadas en la Región de Murcia

El Ejecutivo necesitaba imperiosamente su aprobación, ya que está directamente relacionada con la concesión a España del cuarto desembolso de los fondos europeos: unos 10.000 millones de euros fundamentales para acometer estas reformas y los planes del Gobierno a lo largo de la presente legislatura. Para calmar la tensión, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, manifestó ayer que «en ningún caso» el Gobierno se plantea medidas «impositivas» o «coercitivas» para forzar a las empresas a volver a Cataluña. Sin embargo, la exigencia de Junts volvía a poner el foco en las más de 5.000 empresas que trasladaron su sede fiscal fuera de Cataluña.

La mayoría de las compañías se marcharon con el propósito de proteger sus negocios ante la incertidumbre que generaron las tiranteces políticas. Y entre las comunidades receptoras se encontraba la Región de Murcia que, desde entonces, ha visto cómo 86 sociedades se han asentado hasta el tercer trimestre del pasado año, frente a las 55 firmas murcianas que han realizado la operación a la inversa, según un estudio de la consultora Informa D&B, que recoge datos del registro mercantil.

A pesar de tratarse de un mercado pequeño con respecto a otras comunidades, las empresas catalanas han seguido instalándose en la Región. En 2023, cinco sociedades modificaron su sede fiscal en los primeros nueve meses del año. El número más elevado de empresas se decantaron por asentar su domicilio en la Comunidad en 2018, poco tiempo después del referendo, con 32 firmas. En ese momento, la distensión decreció de manera paulatina y la llegada de sociedades se ralentizó con 13, en 2019; y 7, en 2020. Tras la epidemia, sin embargo, la llegada de firmas fue al alza, con 16 empresas en 2021 y 13 en 2022. Se trata de pequeñas y medianas empresas. Entre todas suman una facturación superior a los 30 millones de euros.

De acuerdo al estudio de la consultora, entre las empresas que más destacan se halla Cynara, una empresa de comercio al por mayor de frutas y hortalizas, que se mudó de Reus (Tarragona) a Mula en 2017. También reseñan Rizzi Group Iberica, una firma de intermediarios de materias primas, agrarias y animales vivos que se instaló en Fuente Álamo desde Barcelona. Otra de las compañías que señala Informa D&B es Chitra European Furniture, que se dedica al comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación. Estas dos últimas cambiaron su domicilio fiscal en 2018.

Pero también, revela el informe, son cada vez más las compañías que desertan de la Región y se instalan en Cataluña. En los primeros meses de 2023, un total de 19 siguieron ese camino.

El Ejecutivo regional tachó de «disparate» el planteamiento de Junts de sancionar económicamente a las compañías que se inclinan por trasladarse. «Consideramos que multar a empresas que decidan mantener o situar sus sedes fuera de Cataluña es un disparate», afirmó el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, que subrayó que se trata de «una ilegalidad que atenta contra la libertad económica y, por tanto, supone un nuevo ataque a nuestra Constitución». También recalcó que «atenta contra uno de los principios esenciales de la UE, como es el de libre circulación».

Para el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, «genera una situación o un escenario de incertidumbre y de inseguridad jurídica» y lamenta la «debilidad» del Gobierno central al estar «sometido al chantaje independentista» y carecer de «libertad para tomar decisiones». Criticó también a sus socios de ser «imprevisibles, poco fiables y que no actúan pensando en el interés general de nuestro país». «Con esos socios, el chantaje va a ser la tónica habitual», según Ortuño. «Entendemos que el presidente del Gobierno tiene que reflexionar y tiene que reconsiderar sus políticas porque, si no lo hace, estaremos en una legislatura fallida», concluye. Y pide al jefe del Ejecutivo central que negocie con el PP medidas como bajar impuestos.