El campo saca la tarjeta roja

El campo murciano atraviesa una permanente crisis económica y estructural que ha obligado a los agricultores a volver a las calles para protestar. Viejas reivindicaciones no resueltas se mezclan con nuevas demandas para evitar la asfixia y el colapso del sector primario. Esta vez ha habido un efecto contagio, con revueltas en toda Europa.

El sistema actual deja en apuros a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos dentro de un modelo agrario que tiende a a la 'uberización', beneficiando a grandes mercantiles y fondos de inversión.

A esto se suma una política agraria y ambiental muy mal recibida por los productores, que compiten con los alimentos de terceros países en desigualdad de condiciones. LA VERDAD lleva a cabo un extenso análisis de las razones por las que el campo ha retomado las manifestaciones.

La producción agraria regional ha caído a niveles de hace una década. A falta de conocer los datos regionales de 2023, no se cosechaba tan poco desde que las estadísticas de frutas, hortalizas, cereales, forrajes o cultivos de arbolado no llegaban a más de 3,5 millones de toneladas en un balance anual del campo. Hoy, el volumen de producción está un poco por encima de esa barrera, pero ha dejado fluctuaciones muy importantes. En 2021 se recolectaron más de cuatro millones de toneladas de productos, mientras que en las últimas estadísticas disponibles (2022) ese dato se desplomó, cuando 400.000 toneladas se quedaron por el camino. Hoy también se cultiva sobre una menor superficie: la agricultura se extiende sobre 360.000 hectáreas, casi 78.000 menos que hace siete años.

Sin embargo, el valor de esa producción no deja de crecer pese a que el volumen cae. Hace dos años la estimación económica de toda la producción del sector primario, incluida la ganadería y la pesca, alcanzó los 3.634 millones de euros, el dato más elevado de la serie histórica, según las estadísticas de la Consejería de Agricultura. En diez años, el valor ha aumentado 1.000 millones de euros, pero no fue hasta el año de la pandemia, en 2020, cuando se disparó el valor comercial tras una racha de estancamiento. Las exportaciones apuntalan esa buena tendencia: el pasado año rozaron los 3.300 millones de euros, con un crecimiento del 6%.

Entonces, ¿cómo es posible tanto malestar en el sector si cosechando menos hay más ganancias? Para llegar a una conclusión clara, hay que tener en cuenta varios factores. El primero es que hoy producir es más caro. Tan caro que dos tercios, o más, del valor de la producción en Murcia son gastos en semillas, energía, fitosanitarios, fertilizantes, veterinarios, mantenimiento, piensos u otros costes. Hace siete años, ese desembolso suponía menos de la mitad del fruto económico total.

En la misma referencia temporal, las explotaciones pagaban menos por las amortizaciones de sus infraestructuras o por los medios de producción como maquinaria y equipos agrícolas, pero hoy el agro murciano se gasta un total de 250 millones de euros (cien más que entonces). Los impuestos a la producción han crecido (un 10,25% en 15 años). Otra clave para poner en la ecuación es que ese aumento de los costos no termina por reflejarse al completo en el pago en origen que recibe el productor, pero sí en el precio del consumidor.

Además, se produce en algunas ocasiones un falseamiento de datos que empaña los buenos números. Una empresa regional que deslocaliza sus cultivos en otras comunidades o países no contabiliza las toneladas que genera fuera como si las hubiera conseguido aquí, pero factura esa producción desde Murcia. Gracias a esto, la cifra de ventas se dispara y también estas mercantiles pueden optar a un mayor porcentaje de las ayudas de los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH). Esta jugada penaliza al productor local.

La renta agraria en la Región de Murcia ha caído de media un 15% desde comienzos de siglo, apunta José Miguel Marín, presidente de Coag Murcia. «El valor de la producción puede batir récord, pero de qué me sirve si los costes de producción se han disparado exponencialmente. No nos sirve de nada. No se traduce en más renta para el agricultor por esa presión que tenemos». En 2022, la renta agraria alcanzaba en la Región de Murcia un balance de 1.168 millones de euros, cuando cinco años antes esta cifra estaba 260 millones de euros por encima. La población ocupada dentro del sector agrario también ha caído: hay 7.000 personas menos trabajando en el campo, unos 73.100 empleados, según las últimas estadísticas. Todo esto deja una renta agraria para cada trabajador de 16.000 euros anuales (un 13% menos respecto a los años de salida de la crisis económica).

La volatilidad de los precios, los conflictos internacionales o los acuerdos de libre mercado causan impactos directos en los beneficios del productor, pero también estos factores ayudan a entender cómo ha cambiado la vida en el campo. «El agricultor que llevaba sus cosechas a las alhóndigas o que plantaba sus lechugas para luego ver quién las compraba es cada vez más difícil de encontrar», explica Francisco Martínez, coordinador técnico de la cooperativa Alimentos del Mediterráneo (Alimer) de Lorca. Las empresas agrícolas y las cooperativas se hacen cada vez más grandes, y el número de pequeños agricultores que podían mover su producción de forma independiente «se ha reducido bastante en la última década». Lo mismo ocurre con los ganaderos, que han tenido que recurrir al sistema de integración para poder subsistir.

A nivel nacional, Coag sí destaca que la renta real ha crecido en España un 5,5% en 2023 con respecto al año anterior, en parte por el ascenso del valor de la producción y una ligera bajada de los costes de producción. Queda por ver cómo se refleja este dato positivo en la Región.

Las protestas del campo contra la hiperregulación de Bruselas y la política agrícola han conseguido en poco tiempo reivindicaciones históricas del sector. Bruselas nunca había reaccionado con tanta rapidez, en parte debido a las próximas elecciones a la Eurocámara. Los agricultores han ganado el pulso con la retirada del plan para reducir a la mitad el uso de fitosanitarios (pesticidas), como anunció la presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen.

Asimismo, la Comisión ha paralizado el tratado de libre comercio con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), los cuales pueden propinar un duro golpe a la carne que se produce en Europa, amén de sus exportaciones agrícolas. La Comisión no habla de freno y señala que siguen las negociaciones. El sector agrícola ha obtenido otra victoria al votar el Parlamento Europeo a favor de las Nuevas Técnicas Genómicas. Permitirán obtener cultivos mejor adaptados al cambio climático, que necesitarán menos fitosanitarios y serán mas económicos para los consumidores. El Gobierno de la nación, por su parte, ha prometido cambios en la ley de la cadena alimentaria, implementar las cláusulas espejo y flexibilizar la PAC. Pese a este conjunto de concesiones, el campo mantiene sus protestas.

Las pequeñas empresas son las que peor lo están pasando, al tener más dificultades para cumplir la cada vez mayor y más exigente normativa europea articulada en torno a una PAC impregnada del Pacto Verde Europeo y del protocolo 'De la granja a la mesa'. La nueva versión cumple un año y las organizaciones agrarias consideran que debe ser corregida, sobre todo en sus objetivos medioambientales.

¿Hacia dónde va el campo? Fuentes del sector consideran que las grandes empresas tienen más recursos para aplicar tanta normativa, a diferencia de las pequeñas. De hecho, apuntan que las grandes del sector «no salen con tractores». «Al final, la legislación comunitaria y española apoya a los grandes, no a los pequeños», inciden al analizar lo que esta pasando. Al mismo tiempo, consideran que en el sector agrícola «el pez grande no se come al pequeño». «No es cuestión de tamaño. Sufre el que no hace bien las cosas o no está preparado».

Para Marcos Alarcón, secretario general de UPA, existe «una reconversión silenciosa» en el sector. «Desaparecen los pequeños que no tienen volumen de producción, ya que los márgenes son muy cortos. Cuando se habla de macrocifras de exportación y comercialización, tiene su lógica que existan dudas de por qué crece el sector en valor, en medio de este cúmulo de dificultades y desafíos». Precisa también que hay cultivos que lo pasan mal, como es el caso del limón, atrapado en una sobreproducción. O la almendra, cuyo precio no remontó el año pasado pese a la escasa producción.

Por tercer año consecutivo, el sector de cultivos de secano está en jaque mate para José Miguel Marín. «Las 55.000 hectáreas de secano en la Región empezamos a darlas por perdidas». Salir del invierno con la reserva hídrica tan baja aventura una producción mínima este año. La mayor rentabilidad de los cultivos de cereal no es algo que ahora mismo pueda aprovechar un agricultor ante la falta de lluvias, que impide el arranque del crecimiento de la planta. La falta de dinero y las condiciones para acceder a las nuevas líneas verdes (ecorregímenes) de la Política Agraria Común ha supuesto un golpe a los productores, que consideran que el diseño de estas subvenciones no ha tenido en cuenta al campo murciano.

Joaquín Gómez, presidente de Apoexpa, advierte de que «hay que contar con los efectos del cambio climático, que influye cada vez más en las producciones y los calendarios de comercialización». Es un problema que preocupa cada vez más. Asimismo, se puede generar un solapamiento no deseado de las campañas de frutas y verduras de otros países. En el Norte de África está creciendo la inversión y, por lo tanto, su volumen de producción incide cada vez con más fuerza en Europa.

Por ejemplo, España ofreció ayudas a Marruecos para que mejore su sistema agrícola. Argelia está empujando, al igual que Turquía (país socio de la UE) y Egipto. Este último dispone de numerosos invernaderos en la ribera del Nilo, apuntan otras fuentes. Es la cara y cruz de la globalización.

Algunos no dudan al aludir a la «hipocresía» que supone denunciar la competencia desleal de terceros países en los que también operan empresas europeas. Coag denuncia otra «hipocresía» cuando ser refiere a los múltiples requisitos y burocratización que exige la UE a los productores comunitarios, mientras no pone impedimento a terceros países.

Pese a sus problemas y desafíos, el agro regional sigue atrayendo a los fondos de inversión. Las empresas de capital mantienen su interés y se cerrarán más operaciones a corto plazo. No habrá compras primarias para entrar en el sector, como años atrás, pero sí transacciones entre los fondos. También adquisiciones por parte de empresas ya posicionadas que compran más para ganar tamaño. La irrupción de los fondos en el sector agro ha ido en paralelo a su entrada en grandes empresas de transportes y logística de la Región.

La Región es una comunidad agrícola que tiende a la deslocalización de cultivos, pero no de empresas del sector primario. La continuidad en la producción a lo largo de un año de determinados alimentos como el melón o el tomate lleva a grandes empresas a plantar fuera de temporada en Marruecos, Brasil o Senegal. Egipto es el nuevo objetivo de las mercantiles, cuyo clima y la disponibilidad de agua atrae importantes producciones de cítricos, por ejemplo.

Dentro de España, el acceso al agua sin restricciones o las normas reguladoras como la ley del Mar Menor también mueven los cultivos de importantes mercantiles, que optan por trasladarlos a Albacete, Sevilla, Huelva, Almería o Alicante, aunque todo depende de la cercanía con los almacenes de frutas y hortalizas. Francisco Martínez, de Alimer, añade que el clima ha comenzado a ser un factor determinante para cultivar en una zona u otra: «En verano, Lorca no es un buen sitio para continuar con las plantaciones de lechuga, por lo que se opta por trasladarlas al norte, con temperaturas más bajas, como Caracava o La Puebla de Don Fadrique».

Al hilo de lo anterior, la bajada de la producción en el Campo de Cartagena por las restricciones de la ley del Mar Menor y la incertidumbre por la falta de agua han ocasionado una subida de los precios en origen por la ley de la oferta y la demanda. El clima venía de recortar en invierno de 2022 los precios por el desplome de los mismos ante los cuantiosos daños que sufrieron los cultivos en el Valle del Guadalentín, pero en los últimos meses se han mantenido en un nivel adecuado, en parte, por la menor producción y, en otra parte, por el gasto en las explotaciones. Según el último Índice de Precios Origen-Destino de los alimentos (Ipod) de enero, un productor de brócoli o patata recibe cinco veces menos respecto al precio que paga el consumidor, pero el limón es el ejemplo más sangrante: en los supermercados se paga casi diez veces más que lo que cobra un agricultor (20 céntimos por kilo).

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, que representa a más de 700.000 agricultores, alerta de que la actual reforma de la Ley de Evaluación Ambiental «frenará el proceso de modernización de regadíos y, como consecuencia, disparará los costes de producción, agravando la crisis que sufre el campo». Pide, asimismo, rebajar las exigencias europeas. En este sentido, comparte alguna de las principales reivindicaciones que hay detrás de la actual rebelión de los agricultores.

Greenpeace, por su parte, señala que la UE ha perdido casi el 40% de sus agricultores, casi exclusivamente pequeños y medianos, que han quebrado o han sido comprados por sus competidores, cada vez más grandes».

En mitad de las protestas de los agricultores galos, que saquearon camiones españoles, la exministra socialista francesa Ségolène Royal caldeó más el ambiente al atacar algunos productos ecológicos españoles como el tomate, que calificó de «incomibles». Recibió respuesta de López Miras, Pedro Sánchez y de las organizaciones agrarias, pero su andanada ha puesto el foco en la competencia interna en la UE y en la entrada de productos de terceros países. El Gobierno español quiere que la UE aplique las cláusulas espejo para que las producciones de otros países cumplan las mismas normas y requisitos de seguridad alimentaria que las de los países miembros. Es una de las principales reivindicaciones del campo español, harto de la competencia desleal y de las facilidades que ofrece Bruselas a producciones externas.

El ataque de Ségolêne Royal tiene parte de su explicación en que la mitad de las empresas de tomate de Marruecos son francesas o están controladas por estas. Es el doble juego en la UE, donde priman los intereses locales; en este caso, el chovinismo francés. El presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez, apunta que los agricultores franceses no se enfadan con los productos marroquíes, sino con los españoles e italianos, pese a pertenecer a la UE.

Señala que los supermercados europeos exigen los mismos requisitos a los productos de terceros países, en lo que respeta al uso de fitosanitarios y a los límites máximos de residuos en los alimentos. A su juicio, el principal problema es que no se controlan los contingentes ni los calendarios, por lo que Marruecos y otros países meten en Europa todo lo que pueden y sin pagar aranceles. «¿Cómo es posible que siga entrando más tomate marroquí después de que el Reino Unido se saliera de la UE?», se pregunta.

Merced al Acuerdo de Asociación, hay un ascenso imparable del tomate de Marruecos en la UE: 557.000 toneladas entraron en el año 2022, sobre las 338.000 de un decenio anterior. Gómez considera que se deben controlar los contingentes, sobre todo porque un tomate marroquí es más barato debido a la legislación alauí y a bajos costes de producción.

Ana Hernández Buendía, directora de I+D+i del Grupo Hortofrutícola Paloma, abunda en la misma línea: la mano de obra es muy barata en Marruecos, frente a los costes que se han disparado en España. Añade que tienen el agua subvencionada y tampoco aplican normativas verdes europeas que sí se exigen aquí. Asimismo, incide en que no existe control sobre la entrada de tomate en Europa.

Sostiene que los requisitos aplicados a terceros países no son los mismos, donde se usan pesticidas prohibidos en la agricultura europea. Pone énfasis en que estos competidores tienen que cumplir los límites máximos de residuos que marca la legislación comunitaria. Son continuas las alertas de las autoridades europeas por el exceso de pesticidas en productos muy diversos de terceros países, desde la aceituna al pimiento y el melón. Considera «engañoso» que la Comisión retire el plan para reducir a la mitad el uso de los pesticidas, otra de la principales exigencias de los agricultores. A su juicio, la medida debe ir acompañada del uso de nuevos fitosanitarios.

El secretario general de UPA, Marcos Alarcón, recalca que debe existir «reciprocidad» en las condiciones para atajar la competencia desleal de terceros países. Apunta que hoy se dispone a nivel global de unas 800 materias activas, de las que solo 400 están permitidas en Europa. Según la Comisión, la reducción en el uso de pesticidas ya se está logrando debido al buen hacer de los agricultores, la tecnología y la innovación.

La excesiva burocracia va a convertir a los agricultores y ganaderos en otra cosa, critica el presidente nacional de Coag, Miguel Padilla. Entre las obligaciones se incluye el cuaderno de campo, cada vez más exigente. Los productores tienen que registrar todo lo que hacen en la parcela según el tipo de cultivo, desde el abono a los fitosanitarios, tratamientos, gestión de biomasa, compromisos agroambientales, etc. En las protestas de estos días se han escuchado las quejas por el continuo papeleo en el quehacer del campo.

Ahora se utilizan en papel, pero el Gobierno de la nación quiere que se haga de forma digital y volcar los datos en el Ministerio. Por exigencia del sector, ha retrasado la entrada en vigor a septiembre. Marcos Alarcón, de UPA, considera que será «una herramienta muy útil» dentro del proceso de digitalización del campo, pero pide que el paso del papel al digital sea voluntario, que haya un periodo de adaptación para los agricultores y que se registre dos veces al año, y no de forma mensual.

Incide en que las pequeñas explotaciones tienen más dificultades porque, a diferencia de las grandes, no disponen de técnicos y asesores que les ayuden a llevar este exhaustivo control. «Las cooperativas y organizaciones agrarias prestamos el asesoramiento y la ayuda necesarios, pero debe existir flexibilidad», recalca.

El presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez, coincide en que el cuaderno de campo digital no supondrá ningún problema para las empresas y explotaciones de mayor tamaño porque cuentan con personal suficiente para esa tarea, a diferencia de las pequeñas. «Se trata de hacer digital lo que hasta ahora se realiza por escrito, pero primero se tiene que adaptar la propia Administración, porque no dispone de los suficientes mecanismos y medios para que este proceso resulte sencillo. En la Agencia Tributaria funciona todo a la perfección, pero en el resto no», apunta Gómez, quien también considera necesario un periodo de adaptación.

Existe un modelo de cuaderno para la agricultura convencional, en el que se permiten algunas modificaciones, siempre manteniendo la información mínima que exige la legislación. Para la agricultura ecológica, se emplea un cuaderno específico.

Juan Luis Piñera es un joven agricultor de Cieza propietario de siete hectáreas en las que cultiva fruta de hueso como melocotón, nectarina, paraguayo y albaricoque. Eligió continuar con el negocio familiar a pesar de las dificultades por la que atraviesa el sector. Para él, los mayores problemas a los que se enfrenta el productor murciano son, por un lado, la falta de agua y, por otro, la gran diferencia de precios que existe entre los productos en origen y en destino.

Para el primero, la interconexión de cuencas para llevar el agua desde donde sobra hasta donde falta «es la única solución» y advierte del gravísimo problema que se cierne sobre la agricultura ciezana a partir de 2027, cuando se aplique la normativa europea de clausurar los acuíferos sobreexplotados. «Miles de hectáreas dependen en Cieza de los pozos de Ascoy, Benís y Carrasquilla y, hoy por hoy, no hay una solución encima de la mesa a pesar de que 2027 está a la vuelta de la esquina».

Sobre la disparidad de precios entre el campo y la mesa, Piñera cree que las administraciones «no son las únicas que pueden acabar con este eterno problema», ya que asegura no creer en el «intervencionismo» del Estado en los mercados libres. «Debe ser el sector, unido, el que presione para que todo el mundo se dé cuenta de que sin agricultura no hay futuro y que, por ejemplo en Cieza, cuando viene un mal año de fruta, le va mal a todo el mundo en cualquier negocio».

La ineficiencia de los seguros es otro de los obstáculos a los que Juan Luis Piñera se enfrenta en su día a día. Los rendimientos que se pueden asegurar a través del actual sistema de Agroseguro son a su juicio cruciales a la hora de salvaguardar la cosecha de las inclemencias meteorológicas. «Los seguros no nos dejan meter en las pólizas el rendimiento entero y, si viene una granizada o una helada, nos cubre solo una cantidad estimada por las propias aseguradoras, y eso nos lleva a la ruina».

Por otra parte, las políticas medioambientales que impone la Unión Europa también chocan de frente con el porvenir de este joven agricultor, quien comprende que el sector «debe caminar a ser cada vez más ecológico y sostenible medioambientalmente hablando», pero entiende que es algo que no se puede implementar de la noche a la mañana, y sí con un proceso «que debe durar varios años para que haya una adaptación».

Por otra parte, la competencia desleal de países que no pertenecen a la Unión Europea, como Marruecos, «nos lleva a un callejón sin salida que, de no atajarse, culminará con la desaparición de miles de hectáreas de cultivo a muy corto plazo, estamos hablando de unos pocos años», sentencia.

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