La Verdad
Murcia
Jueves, 29 de noviembre 2018, 11:29
El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, y el periodista Hermann Tertsch, miembro de la Junta Directiva de Salvar el Archivo, entregaron este jueves en la Delegación del Gobierno en Castilla y León, situada en Valladolid, las cajas que contienen 110.000 firmas con las que otros tantos ciudadanos exigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no entregue ni un solo documento más del Archivo de Salamanca a la Generalitat catalana y que ordene devolver los fondos del Archivo de Salamanca que esta instituciónt todavía «retiene ilegalmente» en su poder.
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Del total de firmas recabadas hasta ahora, 6.147 corresponden a Murcia. Y es que documentación del Teatro Romea y de familias de Totana y La Unión permanecen «ilegalmente» en poder del Gobierno catalán. Un «importante patrimonio histórico documental que refleja y da a conocer aspectos inéditos de la actividad laboral y cultural en la Región de Murcia en el primer tercio del siglo XX».
Junto a las adhesiones recogidas a través de las plataformas ciudadanas HazteOir.org, Change.org y CitizenGo, los responsables de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca entregaron una carta dirigida a Pedro Sánchez en la que le instan a «cumplir y hacer cumplir la Ley a la Generalitat de Cataluña» para que devuelva al Archivo General de la Guerra Civil Española la documentación que mantiene en su poder.
Así mismo, le piden al presidente del Gobierno que «no agrave el problema y no aumente el daño ya hecho y que no permita que se saquen más documentos del Archivo de Salamanca para ser entregados a la Generalitat de Cataluña»
En el momento de la entrega de las 110.000 firmas en la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Policarpo Sánchez declaró que no parará «hasta que la Generalitat de Cataluña devuelva los documentos robados del Archivo de Salamanca» y no permitira que «saquen ni un solo documento más para entregárselo a los separatistas».
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Además de la movilización social para lograr esos objetivos, los responsables de la asociación recordaron las acciones políticas y judiciales en marcha para que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla y haga cumplir la Ley a la Generalitat catalana.
El manifiesto de Salvar el Archivo, que recoge la misma solicitud firmada por 110.000 personas, fue enviado a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y del Senado de España para su aprobación como Moción, así como a los grupos municipales del Ayuntamiento de Salamanca.
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El 29 de Octubre fue admitida a trámite por el Senado. El día 9 de Noviembre ya fue aprobada por el Ayuntamiento de Salamanca y, desde el lunes 3 de diciembre, iniciaron una ronda de contactos con los grupos de las Cortes para su inclusión en el próximo Pleno. Este viernes, 30 de Noviembre, se reuniran con la Subdelegada del Gobierno en Salamanca.
Hay que recordar que mociones similares fueron aprobadas por unanimidad por el Ayuntamiento de Totana (23 de Febrero de 2017) y el Ayuntamiento de Murcia (30 de Marzo de 2017).
Finalmente, los responsables de Salvar el Archivo de Salamanca desvelaron que su equipo jurídico emprenderá las acciones legales contra el Gobierno de España el día 11 de diciembre, mediante un escrito que presentarán en el Ministerio de Cultura en Madrid.
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1º Que, con los instrumentos que le permite y faculta nuestro Estado de Derecho, obligue a la Generalitat de Cataluña a devolver al Archivo de Salamanca los documentos que por Ley no le pertenecen.
2º Que adopte las medidas necesarias para hacer cumplir la Sentencia del Tribunal Constitucional en esa Comunidad Autónoma, devolviendo al Archivo de Salamanca los documentos que no hayan sido entregados por la Generalitat a sus titulares legítimos.
3º Que rechace cualquier petición de restitución de nuevos documentos del Archivo General de la Guerra Civil Española a la Generalitat de Cataluña, al haberse realizado en 2014 la entrega definitiva de documentos en cumplimiento de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre.
4º Que ayude a las familias y entidades de Valencia, Murcia, Madrid, Castilla y León, Asturias y Aragón, que han visto cómo su patrimonio documental quedaba en manos de la Generalitat de Cataluña.
5º Que, en el caso de que las gestiones solicitadas en los apartados anteriores no sean atendidas por los catalanes, se inicien las acciones legales, incluidas las judiciales si es necesario, contra los responsables del incumplimiento.
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