Legislar contra el proxenetismo, ¿o contra las personas que ejercen la prostitución?

Los estereotipos raciales, la falta de oportunidades y la rigidez de los procedimientos para regular el tránsito y la estancia favorecen que las mujeres migrantes ejerzan la prostitución para tener una vía de ingresos y no quedar socialmente excluidas y empobrecidas. El miedo a las consecuencias de la ley y/o la posibilidad de ser deportadas, ¿acaso no es aprovechada por los clubes, que le dan trabajo y cobijo? ¿Tanto cuesta admitir que esta situación, más allá de favorecer el racismo institucional, también facilita el tráfico ilegal de personas y la trata?

Es recurrente que muchas mujeres incluyan en su proceso migratorio el ejercicio de la prostitución. Cuando no se tienen papeles, la economía sumergida se convierte en la única opción. En prostitución se gana más que otras actividades como la agricultura, el cuidado de ancianos o el trabajo en el hogar. Si bien, cuando ante la falta de derechos la vulnerabilidad es tan manifiesta, es fácil ser el objetivo de la violencia. Es ahí cuando emergen las dinámicas de la trata como impedir que la víctima administre su propio dinero, disponga de libre movimiento y de control de sus documentos, reciba una remuneración escasa o sea amenazada, con hacerle daño a ella o a sus seres queridos, si intenta fugarse o denunciar lo que está sufriendo.

En relación a lo anterior, conviene seguir siendo incisiva. Las licencias a los clubes donde se ejerce la prostitución son otorgadas por los ayuntamientos. Sí, esos mismos ayuntamientos que en determinadas fechas se rasgan las vestiduras condenando la explotación sexual. Es ridículo e indecoroso. Obviamente, tales licencias se enmascaran como salas de fiestas, cafeterías u hoteles. Por ello, durante la pandemia por la covid, aquellos que estaban registrados legalmente como servicio de alojamiento podían encender sus característicos neones y seguir en funcionamiento. Evidentemente, existen otras opciones de negocio en prostitución como las saunas y las agencias de acompañantes, y también los pisos particulares, a caballo entre la privacidad y la clandestinidad.

Los políticos saben lo que se cuece y, pese a ello, caen en el simplismo y la demagogia. En primer lugar, actúan bajo la creencia de que solo hay dos posicionamientos: abolición -entendida como la única vía posible para eliminar la prostitución y salvar a las mujeres- y legalización total -que busca la regulación de una actividad inmoral mediante normas y sanciones, las cuales garanticen las condiciones de salud y orden público, pero sin atender las reivindicaciones y derechos de las personas que lo ejercen-.

En segundo lugar, tratan por igual todo tipo de prostitución, sin diferenciar entre el ejercicio libre, el proxenetismo coactivo y la trata de personas con fines de explotación sexual. Por último, sus discursos presentan a las personas que se dedican a la prostitución, no solo como vulnerables, también como ignorantes e incapaces por no aceptar que la prostitución es algo malo, inmoral e ilícito. Se niega así el derecho a la libertad y uno de los valores básicos de nuestra Constitución.

La voluntariedad de las personas no puede ser irrelevante ni tampoco incompatible con la seguridad jurídica. El proxenetismo, al igual que la trata de personas con fines de explotación sexual, requiere de contornos penales precisos: lo que incrimina no puede ser el lucro (y menos mientras sigue engordando nuestro PIB) sino la violencia, la intimidación y el engaño. Sin duda, este aspecto pone el foco en los explotadores, pero también en la urgencia de reconocer la prostitución libre y la descriminalización del trabajo sexual, donde las trabajadoras sexuales tengan derechos y no vivan al margen, cercadas por los estigmas y las derivas punitivistas.