Murcia, de casi la nada a referente de Europa

La Constitución de 1978 no solo otorgó más protagonismo a los ciudadanos en las decisiones políticas, sino que democratizó la economía y el mundo empresarial. «Fue una auténtica revolución. Parece que existía una voluntad de configurar un modelo económico con más participación de los trabajadores en una etapa en la que prácticamente todas las empresas tenían dueños», explica Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur y Ucoerm, a nivel regional, y de la patronal nacional, Cepes, y la europea, Social Economy Europe.

Y es que el artículo 129, en su segundo punto, lanzaba un mensaje claro: «Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas». En aquella época no existía el concepto de 'economía social' en la jerga política ni ninguna organización representativa que velara por sus intereses. Por este motivo, la única referencia explícita que se hace en el texto es hacia las cooperativas, un modelo más implantado por el peso de la agricultura y la ganadería.

El artículo también reclama «establecer los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción», una clara alusión al espíritu con el que nace la economía social y sus diversas formas (cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, mutualidades, fundaciones...). Pero no se trata de la única referencia a lo largo de la Carta Magna, puesto que en el documento se habla de «pleno empleo» y de garantizar toda la riqueza del país «en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad».

El presidente de Ucomur considera que la Constitución «puso las bases para el posterior desarrollo de toda la legislación y de un tejido asociativo representativo de las cooperativas, cuyos principios y valores son en los que se basa el conjunto de entidades que conforman hoy día la economía social y que no existían en el momento de la aprobación de la Carta Magna». A partir de entonces, la evolución de esta fórmula empresarial y su contribución a la economía española y regional ha sido creciente y ha adquirido un importante papel a la hora de reflotar empresas en crisis y mantener el empleo.

Para valorar la contribución de la Constitución al progreso del sector, una de las cuestiones fundamentales es si influyó decisivamente el reconocimiento explícito de las cooperativas en el texto. «Si no las hubiera reconocido, posiblemente habríamos tenido más dificultades», sostiene Pedreño. Y es que previamente no existían ayudas ni exenciones fiscales por parte del Ejecutivo murciano, salvo quizás de forma puntual, y las principales organizaciones -Ucomur, Ucoerm, Fecoam y Amusal- no se constituyeron hasta mediados y finales de la década de los 80.

Al igual que la aparición de las entidades representativas, otro punto clave es el desarrollo de la legislación a nivel estatal, con la Ley General de Cooperativas (1987), actualizada posteriormente en 1999, y la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas (1990), como primeras referencias, y la Ley de Economía Social (2011), pionera en Europa al definir el concepto jurídico de economía social y los modelos de empresa que la componen.

El otro interrogante es si se ha cumplido a lo largo de estas cuatro décadas el mandato constitucional de apoyar al sector. El 100% de las comunidades autónomas cuentan con una orden o un decreto que establecen ayudas para fomentar la creación de empleo y de empresas de la economía social y fondos para diferentes inversiones.

El Ejecutivo murciano, por ejemplo, ha puesto en marcha este año el quinto Pacto por la Excelencia de la Economía Social, con vigencia hasta 2020 (el primero arrancó en 2009), lo que ha contribuido a convertir a la Comunidad en una de las primeras en números absolutos y relativos de creación de empleo y de empresas en este ámbito, y en que sea considerada un referente nacional por el peso del sector, cuyas empresas suponen casi el 7% del global de España, más del doble de lo que la Región contribuye al PIB estatal.

Sin ir más lejos, en lo que va de año ya se han constituido 180 empresas, de las que, como suele ser habitual, el 80% son cooperativas. En total, el sector aglutina a 2.068 empresas (1.540 cooperativas y 528 sociedades laborales) y 22.128 trabajadores, según los datos del Ministerio de Trabajo, a 30 de junio. ¿Y antes de la aprobación de la Constitución? De acuerdo con los datos de la Consejería de Empleo, en 1979 se crearon 15 nuevas empresas de economía social y, el año siguiente, la cifra se elevó a 52, una tendencia ascendente que continuó hasta principios del siglo XXI, cuando se alcanzaron registros de 494 empresas en un año (2003) y que incluso se mantuvo por encima de las 200 durante los peores años de la crisis.

El primer departamento dentro del Gobierno regional vinculado al sector no apareció hasta 1982. «Antes no había nada y cada uno nos buscábamos la vida como podíamos. Los estatutos de mi cooperativa -el colegio Severo Ochoa- los hicimos con un abogado. Nadie nos representaba ni se preocupaba por reclamar ayudas para el sector», recuerda Pedreño, quien añade que el peso de la economía social en aquella época era escaso y se centraba básicamente en el campo. Así, a mediados de los 80 existían alrededor de 300 cooperativas activas (las sociedades laborales no fueron definidas legislativamente en España hasta 1986), con unos 3.000 trabajadores.

De las siete cooperativas que iniciaron Ucomur en 1985 (aunque formalmente se constituyó en 1987), tan solo queda el colegio Severo Ochoa, ubicado en Los Garres e inaugurado en 1990 por el científico ganador del Nobel que le da nombre. En 1984, la Unión de Cooperativas de Enseñanza, Ucoerm, dio sus primeros pasos. «En aquella época no había organizaciones ni legislación ni estatutos tipo ni subvenciones, solo lo que decía la Constitución. Como la unión hace la fuerza, reuní a las cooperativas que ya funcionaban en la Región -entre las que figuraban San Lorenzo, Samaniego y Ana María Matute- y acudí a Madrid con los estatutos de una cooperativa olivarera de Jaén para hacer realidad la idea de una organización representativa en la enseñanza», relata Rafael Sánchez, primer presidente de Ucoerm. Y, a partir de ahí, el sector ha evolucionado hasta representar en la actualidad más del 50% de toda la enseñanza concertada regional, una cifra sin parangón en el resto de España.

Una de las cooperativas murcianas más históricas, Radio Taxi, nació a rebufo de la Carta Magna, en 1980, «para que la gente pudiera llamar a una emisora y ofrecer un servicio las 24 horas del día», detalla José Aroca, uno de los socios fundadores. Aunque la empresa arrancó su andadura con apenas una veintena de personas en Ronda Norte, a los pocos años se trasladó a su actual ubicación, la plaza Pintor Inocencio Medina, para mantener su número de teléfono: 968 24 88 00.

«Era nuestro banderín insignia. Se lo sabían hasta los niños del colegio y nos dijeron que si queríamos conservarlo, debíamos instalarnos en la zona de Vista Alegre, y así lo hicimos», explica el taxista, de 61 años, que sigue en activo. Radio Taxi suma ya 240 socios, lo que supone aproximadamente el 85% de la flota de vehículos del municipio de Murcia.

Otro cooperativista emblemático es Pedro Carrillo, quien también vivió la revolución que supuso la Constitución en el mercado laboral en España, al pasar por diferentes modelos de empresa, desde 1967 hasta optar finalmente por la economía social en 1994. Su cooperativa es Artellano, ubicada en la diputación lorquina de Coy, en la que fabrica de forma artesanal jarapas, «unas alfombras que quedan muy bien», a partir del reciclaje de materiales procedentes de la industria textil.

La primera memoria de Ucomur, en 1990, informa de que ayudó en la creación de 16 cooperativas. La organización ya ha contribuido este año a la constitución de 85 y cuenta en la actualidad con 1.036 cooperativas afiliadas, que suman 12.432 socios trabajadores. En definitiva, son cifras que hacen de Murcia un referente en todo el país e incluso en Europa, como ya se ha manifestado desde Madrid y Bruselas.