Exigen al alcalde que explique por qué le caducan los expedientes de malos olores

El silencio reina en la Alcaldía alcantarillera. El Ayuntamiento se comprometió a dar una explicación sobre los expedientes sancionadores abiertos en 2009 contra empresas del denominado 'Polo Químico' y que la Corporación popular supuestamente habría dejado prescribir en los cajones. El plazo vencía el pasado lunes, pero 48 horas después no hay argumentos sobre la mesa.

Ante esta situación, el PSOE ha decidido pasar a la acción y ha presentado una moción de urgencia que exige la comparecencia del alcalde, Lázaro Mellado, «con el fin de que dé explicaciones sobre los expedientes de disciplina medioambiental abiertos por este ayuntamiento a las empresas del complejo químico, sobre hechos supuestamente calificados como graves o muy graves, y su posterior caducidad». La moción se suma al escrito que el pasado viernes presentó el portavoz del PSOE, José Antonio Sabater, a la Fiscalía de Medio Ambiente, pidiendo que compruebe la supuesta mecánica que seguían los expedientes y que, según el escrito, «tiene siempre un mismo modo de proceder: se abre expediente por infracción de la legislación protectora de medio ambiente, se sigue el correspondiente procedimiento (...), y finalmente, por transcurrir más de un año desde la apertura, caduca».

A falta de ver qué decisión adopta el fiscal, el PSOE sigue aumentando la presión al PP y espera que en la sesión de mañana Mellado les aclaré qué ocurrió con los expedientes 04/08, 19/09, 21/09, 20/09 y 24/09. Tal y como ha podido comprobar este diario, dichos documentos siempre se iniciaron por irregularidades medioambientales y urbanísticas cometidas supuestamente por empresas del 'Polo Químico'. En todos los casos, tras el preceptivo informe de los jefes de servicio, el regidor presuntamente incoaba expedientes sancionadores, en los que a veces proponía «la clausura de las instalaciones por un periodo de un año», e incluso «una multa de 9.000 euros».

De momento, el que sí ha dado la cara ha sido el secretario del PP de Alcantarilla y diputado regional Patricio Gómez, para sostener que desde el 31 de octubre de 1990 no mantiene relación laboral con Derivados Químicos. A partir de esa fecha, «siempre he sido empleado en nómina de Nutrafur como ingeniero técnico industrial». Algunos de los documentos a los que ha tenido acceso este diario, de marzo de 2008 y mayo de 2011, llevan sin embargo un 'recibí' firmado por Gómez. En algunos de ellos el Consistorio autorizaba a Derivados Químicos a verter en el alcantarillado municipal.

Pero Gómez defiende que los recogía «porque era una práctica habitual; la portería de Nutrafur y Derivados es común, es un mismo complejo y hay sinergias entre las empresas. Yo era un empleado. No tenía potestad en temas municipales. Lo único que hacía era recoger los expedientes y llevarlos. Era una práctica habitual. No he favorecido a ninguna empresa. ¿Qué beneficio puedo obtener de que caduquen expedientes de Derivados Químicos?».

Sobre esta última cuestión que supuestamente habría permitido el regidor popular, el diputado afirma que «no sé el motivo por el que se han archivado los expedientes; no puedo opinar de una cosa que desconozco». Gómez es el responsable del PP en la Comisión Especial de Investigación sobre los episodios de contaminación ocurridos en Alcantarilla y Murcia, que se creó en la Asamblea Regional. Recuerda que antes que político «soy vecino y mi familia vive en Alcantarilla. Por encima de cualquier interés está la salud. Si se ha hecho algo mal, que se depuren responsabilidades».

Buscando financiación

Mientras la actividad política y judicial va 'in crescendo', la Consejería de Presidencia centra sus esfuerzos en encontrar financiación para alquilar el sistema de evaluación procedente de Canadá, basado en técnicas de teledetección terrestre, para identificar el origen de los malos olores registrados en Alcantarilla y Murcia. Esta tecnología permitirá obtener información de sustancias no identificadas por la Red de Vigilancia Atmosférica de la Región.

El aparato tendrá mucho trabajo por delante, ya que entre ambos municipios suman 33 empresas que incluyen el tolueno en sus procesos.