El fiscal de 'Umbra' se opone al sobreseimiento de Cámara

El alcalde de Murcia seguirá imputado por prevaricación en el 'caso Umbra', que investiga la presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad, al menos «hasta la finalización de las diligencias pendientes» y siempre que el juez instructor atienda la petición del Ministerio Público, representado en esta causa por Juan Pablo Lozano.

La petición de sobreseimiento en favor de Cámara, que sus abogados plantearon ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, acaba de encontrar cumplida respuesta del fiscal Lozano, que se opone a sacar al alcalde de la lista de políticos y funcionarios imputados. Contundente respuesta, cabe añadir, a la vista de los términos en que se expresa el fiscal, para quien Cámara «valida todas las decisiones puestas en entredicho» [de los exconcejales y empleados municipales imputados en la misma causa].

«Dado que las decisiones de planeamiento -argumenta Juan Pablo Lozano en su escrito de oposición al sobreseimiento-, son de absoluta discrecionalidad, excepto para declarar qué suelos son urbanos y cuáles no urbanizables de protección (por tener una discrecionalidad reglada), y acreditadas importantes ilegalidades y ciertas singularidades en la toma de algunas decisiones, existiendo numerosos y acreditados intereses espurios en relevantes cargos de la Gerencia de Urbanismo en la Sección de Planeamiento, incluido el exconcejal de Urbanismo [en alusión a Fernando Berberena], y siendo el señor Cámara el último responsable de las discutidas y discutibles decisiones adoptadas, parece razonable no proceder a sobreseimiento alguno hasta la finalización de las diligencias pendientes».

Dos hechos planteaban básicamente los letrados del alcalde para recabar la exoneración de su cliente. De una parte, una actuación aparentemente similar de la alcaldesa de Lorquí, una semejanza que el fiscal Lozano desmonta -en perjuicio de Cámara-, porque, entre otros motivos, la alcaldesa no fue advertida de ilegalidad, frente a lo sucedido en el plan parcial de Nueva Condomina, donde «consta la interposición de un recurso contencioso alegando (...) la falta de exigencia del 10% de cesión, además de informes contrarios de la propia Comunidad Autónoma advirtiendo del exceso de edificabilidad». Y concluye el Ministerio Público que, en todo caso, «una ilegalidad no se justifica con referencia a otra ilegalidad».

El dominio del hecho

Segundo hecho planteado por los abogados de Cámara en favor del sobreseimiento: el alcalde no asistió al Pleno que aprobó el convenio del Casino (también bajo investigación judicial). Y segundo varapalo del fiscal: «Resulta evidente que este convenio había obtenido el visto bueno del señor Cámara, había participado en reuniones previas y estaba informado del mismo, teniendo el verdadero dominio del hecho de todo el acuerdo, firmando posteriormente el convenio y aprobando inicialmente el Plan Parcial que trasladaba las ilícitas decisiones sobre ciertos extremos al mismo». «¿O es que, agrega Lozano, pretende hacer creer [Cámara] que el convenio Casino se aprobó sin contar con su opinión y visto bueno, y no es responsable de nada?».

En su escrito, Juan Pablo Lozano reitera su convencimiento de que Cámara fue una pieza necesaria en la comisión de las irregularidades que se investigan, y que éstas no podrían haberse llevado a cabo sin su participación. Ya en el primero de sus cuarenta folios de oposición al sobreseimiento, lo explica así, en alusión a los imputados Berberena, Morillas, Alberto Guerra, Lajarín, Peñalver, Isabel Fernández (....) y Pilar Megía: «... están todos vinculados a hechos con posibles responsabilidades penales, cuyo enlace con el señor Cámara, como alcalde, consiste en ser el superior de todos ellos y el que valida todas las decisiones puestas en entredicho».