Frenan el desalojo de una jubilada, víctima de una presunta estafa

A Isabel Pérez Sánchez, una mujer de 46 años, jubilada por una discapacidad en la vista, no la desalojaron ayer de la que fue su casa durante muchos años -ahora está de alquiler- gracias a la presión de una treintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y a la mediación de la Comisión Municipal de Desahucios y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic). Intercedieron con el Juzgado número 5 de la localidad para frenar la orden de desalojo de este inmueble situado en el número 11 de la calle Atenza, en el barrio de San Roque.

La actuación judicial se ha aplazado hasta el día 21 de este mes, a las diez de la mañana, salvo que antes dicha comisión, creada a instancias del Ayuntamiento, pueda encontrar una solución o un alojamiento alternativo. El lunes se reunirá con carácter de urgencia, según confirmó la concejal de Bienestar Social, Lola Vicente.

Aunque la PAH no suele movilizarse en los desalojos por alquiler, en esta ocasión -como ya hicieran en otras zonas de la Región- sí lo han hecho porque el origen de este conflicto está en una presunta estafa a esta mujer jubilada por una discapacidad en la vista, según Rocío, portavoz del colectivo.

De hecho, la PAH y la propia Isabel insisten en que hay abierto un procedimiento penal en Murcia contra el prestamista que presuntamente estafó a Isabel y a otras familias de la Región, víctimas de operaciones similares. Esta circunstancia, a su juicio, debería ser motivo suficiente para que la juez de Molina frene cualquier futuro intento de desalojo, a la espera de resolver el procedimiento penal.

De «okupa»

Hace algo más de siete años, la mujer firmó letras de cambio con un prestamista, con unos tipos de interés abusivos que rozaban el 40% y, por problemas económicos, se retrasó en varias letras. Aunque el fiador -en connivencia con un abogado al que la mujer responsabiliza de su situación- le dijo que no procedería al embargo, sí traspasó el inmueble a una mercantil que, a su vez, la sacó a subasta, según la versión de la afectada. No obstante, el acreedor y el abogado convencieron a la mujer -que admite que en aquel entonces no estaba bien psicológicamente y le detectaron una enfermedad en la vista- para que les vendiera la casa. Así ocurrió e Isabel pudo estar seis meses de alquiler gratuito en la vivienda hasta que en septiembre de 2006 la echaron, junto a su cuidadora. Luego estuvo dos años de alquiler y después se metió en la misma casa de «okupa», según admite.

«Salí libre, sin cárcel, pagando una multa de noventa euros durante tres meses», subraya. Cuando estuvo ocupando la vivienda, intentaron echarla, pero ella misma les propuso alquilar, a lo que accedieron. La mujer ha estado pagando el alquiler hasta hace un año, pero dejó de abonar la cuota de 330 euros mensuales porque no podía hacerle frente debido a problemas económicos.