Imputan a la alcaldesa de Totana y a dos exalcaldes por apropiación indebida

El promotor Manuel Núñez Arias anunció que habría pelea y por el momento ya ha logrado su propósito de poner a la alcaldesa de Totana, Isabel María Sánchez Ruiz, y a los exalcaldes José Martínez Andreo y Juan Morales Cánovas, en el trance de tener que declarar como imputados por presuntos delitos de prevaricación y apropiación indebida. Junto a estos tres munícipes totaneros, todos ellos del PP, tendrán que comparecer, igualmente en calidad de imputados, la secretaria municipal Laura Bastida Chacón y el interventor municipal José Antonio Andreo Moreno.

Las razones que han llevado a Núñez Arias a presentar una querella contra estas cinco personas hay que buscarlas en el convenio urbanístico que este promotor gallego, representante de la empresa Inmonuar, suscribió con el Ayuntamiento de Totana en 2006 para edificar 4.000 viviendas en la diputación El Raiguero-El Hinojar.

A la firma del documento, el empresario se comprometió a abonar 4,9 millones de euros al municipio a cambio de esa autorización para construir el resort. Un 25% de esa cuantía (1.242.923 euros) lo entregó en el acto de la firma del convenio y otro 25% fue a engrosar las arcas municipales cuando salió adelante la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Sin embargo, sus planes urbanísticos, así como las carreras políticas del entonces alcalde José Martínez Andreo y del exalcalde y diputado popular Juan Morales, se truncaron cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomaron el Consistorio de Totana en noviembre de 2007 para desmantelar una trama de corrupción.

Una de las ramas de la denominada 'Operación Tótem' concluyó en los primeros meses de 2012, cuando la Audiencia Provincial de Murcia condenó a Juan Morales a tres años y medio de cárcel y a una multa de ocho millones de euros por cohecho y otros delitos. En la misma sentencia fueron condenados a pequeñas penas otros diez implicados, entre ellos el propio Núñez Arias.

Una de las consecuencias más graves que para el Consistorio totanero tuvo esa resolución es que el convenio urbanístico de El Raiguero-El Hinojar fue declarado ilegal y, consecuentemente, fue anulado. De tal manera que el promotor se encontró ante la posibilidad de intentar recuperar los casi 2,5 millones de euros que había adelantado. Y lo cierto es que no perdió un minuto en instar a la ya nueva alcaldesa, Isabel María Sánchez, a que le reembolsara esa cantidad.

La sorpresa llegó cuando el Consistorio admitió que no disponía de ese dinero en sus arcas, pues había sido gastado en distintas partidas municipales, entre las que en apariencia se encontraba el pago de nóminas de los funcionarios. No solo eso, sino que la primera edil vino a reconocer que iba a ser muy difícil reintegrar tal cantidad al promotor, toda vez que el Consistorio apenas disponía de fondos para asumir los gastos diarios de funcionamiento.

En tal tesitura, Núñez Arias interpuso una querella contra la alcaldesa, los dos exalcaldes y la secretaria y el interventor municipales por apropiación indebida y prevaricación, entre otros posibles delitos. Aunque en un primer momento el juez manifestó su voluntad de archivarla, al no apreciar indicios de delito y considerar que se trataba de un asunto que debía ser resuelto por la vía contencioso-administrativa, el promotor presentó recurso y ahora sus argumentos han sido aceptados como válidos.

De ahí que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Totana, Valeriano Sánchez Horcas-Ballesteros, haya decidido imputar a los cinco querellados y los haya citado para tomarles declaración en octubre. Si nada cambia, será la primera vez que Juan Morales salga a la calle desde que fue encarcelado en junio de 2012.