Saqueo al campo

A lo largo de cinco generaciones dedicadas al campo, la familia de Francisco Abellán, jumillano de 53 años, no se había topado con una plaga como ésta. «Recuerdo que mi abuelo contaba que durante la Guerra Civil, que fueron tiempos más difíciles, la gente robaba para comer; pero lo de ahora es otra cosa, es delincuencia organizada», se lamenta este productor con 195 hectáreas de vid, almendro y olivo en el Altiplano. Los ladrones no dejan títere con cabeza en las explotaciones. No solo se apoderan de la cosecha, causando de paso graves destrozos en los cultivos y poniendo en peligro futuras campañas; también arramblan con transformadores eléctricos y motores de los equipos de riego, por lo que la plantación puede echarse a perder debido a la falta de agua. Maquinaria y aperos de labranza, con destino a un mercado negro de segunda mano, tampoco escapan de la acción de los cacos, que cargan además con el ganado más tierno. Ahora lo más goloso son los sacos de abono y el gasoil almacenados en las granjas.

La preocupación va a más. El saqueo está ocasionando cuantiosas pérdidas en el sector que mejor ha resistido la recesión y del que viven miles de familias en la Región. Los productores no ocultan su exasperación y su temor por la oleada de robos, que arreció conforme la crisis se agudizaba y que este verano parece haber alcanzado uno de sus momentos álgidos. «Un día sorprendí en mi finca a 35 intrusos llevándose uva», comenta un agricultor de Alhama.

Son los pequeños empresarios los que peor parados salen. Sin posibilidad de contratar un servicio de vigilancia privada, demasiado gravoso para su bolsillo, un 'golpe' de 2.000 euros en su cosecha de fruta o el robo del transformador que alimenta la bomba del pozo de riego pueden señalar el camino hacia la ruina.

Los ladrones andan como Pedro por su casa y se han mostrado como especialistas a la hora de anular las alarmas y de 'neutralizar' a los perros adiestrados como cancerberos de las explotaciones. Lo último que ha tenido que reponer el jumillano Francisco Abellán es una pesada puerta de hierro de su almacén que una banda se llevó, con la misma facilidad que se quita un caramelo a un niño, para venderla a trozos como material de chatarra. Así que Abellán ya no se fía y opta por custodiar él mismo, ayudado por sus hijos y algún empleado, las veinticuatro horas del día, la cosecha de almendra que empieza a recolectar ahora.

Con una pistola de fogueo

Durante las tres semanas que dure la campaña, y en especial en noches de luna llena como la pasada, siempre habrá alguien vigilando la nave donde el fruto se almacena hasta su venta. «En media hora, el tiempo que tardan los ladrones en cargar 7.000 kilos de almendra y salir huyendo, puedo perder 12.000 euros», cuenta Abellán, que guarda su propiedad con una pistola de fogueo a la mano por si tiene que ahuyentar a los cacos con un disparo al aire. Ya recurrió a ella una vez cuando vio venir a su finca un coche sospechoso. «Estoy pensando en sacarme el permiso de armas. Algunos compañeros me dicen que me 'gobierne' una repetidora».

Los productores consultados destacan el trabajo que desarrollada la Guardia Civil y la Policía en la lucha contra los ladrones del campo, pero no hay efectivos suficientes -y menos en época de ajustes- para cubrir todas las zonas agrícolas y sorprender a los cacos con las manos en la masa. De hecho, cuando la presencia policial se intensifica en una zona concreta, donde se han detectado más robos, los asaltantes se trasladan a otra comarca en la que la presión de los agentes es menor.

La desesperación ha llevado a muchos agricultores a convertirse en los propios vigilantes de sus fincas, una tarea que deben compaginar con su labor cotidiana y que alarga la jornada prácticamente las veinticuatro horas del día, incluidos los fines de semana. Para hacerlo más llevadero, los campesinos se unen y hacen turnos. Las patrullas antirrobos formadas por agricultores ya son habituales en las plantaciones. Pero su labor está limitada. Estos hortelanos y granjeros se enfrentan a severas amonestaciones si la Benemérita les sorprende vigilando pertrechados con sus escopetas de caza. Y pueden buscarse un problema con la Justicia si ocasionan algún daño al presunto ladrón o lo retienen en contra de su voluntad.

Para hacer frente a esta mezcla de inseguridad e impotencia, el sindicato Coag organiza por primera vez en España cursos para preparar a agricultores como guardas de campo. En los próximos días, cien alumnos iniciarán las clases teóricas y prácticas. El programa incluye pruebas físicas como las que tienen que superar los vigilantes privados.

Pedro Gomariz, responsable de la puesta en marcha de este curso, explica que la figura del guarda de campo viene recogida en la ley de seguridad privada, y les otorga las mismas atribuciones que a un vigilante de seguridad. Así, pueden portar arma larga (carabina), porra y grillete; también están capacitados para retener a un ladrón hasta que lleguen las fuerzas de seguridad.

Gomariz, propietario de 40 hectáreas de naranjos y limoneros en la pedanía molinense de Campotéjar, ya teme la que se le viene encima, cuando en unos días comience la campaña de cítricos. Denuncia que los ladrones «no están avasallando» y confía en que la presencia de guardas de campo ayude a frenar los asaltos. «Se han dado casos de agresiones, de robos con extrema violencia. Y desarmado no puedes ir, porque los que entran en tu finca no vienen desarmados».

De patrulla por el melonar

Gregorio Martínez y José Manuel Ruiz son dos de los agricultores que se han inscrito para formarse como guardas de campo y así poder defender sus propiedades amparados por la ley. Atienden la llamada de teléfono de 'La Verdad' cuando están de patrulla, a media tarde y con un sol que cae a plomo sobre los campos, por sus melonares del Guadalentín. «Te sientes impotente porque no puedes hacer nada. Entran a tu finca con machetes y escopetas y tú no puedes responder. El sistema defiende al delincuente. Si tienes la suerte de que los detienen, a las dos horas ya están fuera del cuartel. Otras veces vas a poner una denuncia y entonces te dicen que vuelvas otro día, que el ordenador está roto. Lo único que consigues es perder el tiempo», se queja Gregorio.

Durante su patrulla, la misión es ahuyentar tanto a los «profesionales del robo» como a lo que ellos denominan 'domingueros'. «Se meten con el coche en el bancal para llevarse 40 kilos de uva. Cuando los sorprendes, te dan mil excusas: Que están en paro, que tienen que dar de comer a sus hijos... Pero es que no se dan cuenta de que ése es el pan de tu familia. Lo peor no es lo que se llevan, sino los destrozos que dejan». Hasta que obtengan la acreditación como guardas, estos dos agricultores salen a vigilar sus cultivos a pecho descubierto, con el móvil en el bolsillo por si tienen que requerir la presencia de la Benemérita. Eso sí, en el maletero siempre llevan alguna herramienta por si la cosa se pone fea.

El refuerzo de la vigilancia por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado es una de las principales reivindicaciones, pero no la única. Los agricultores hablan de mafias que actúan organizadas para desvalijar las explotaciones. El cable de cobre y otras piezas metálicas terminan vendiéndose en chatarrerías cuyos propietarios no preguntan acerca de su procedencia. La maquinaría agrícola puede salir por la frontera con destino a un mercado de segunda mano, principalmente en países del norte de África. La fruta termina llegando al consumidor a través de la venta ambulante y los mercadillos. Otras veces son intermediarios que buscan dinero fácil y rápido los que se hacen con la mercancía robada, que acaba en almacenes, plantas partidoras de frutos secos y almazaras a un precio sin competencia, en muchas ocasiones fuera de la Región para esquivar los controles.

Ante este panorama, Pedro García, secretario regional de Agricultura de Coag, propone que se aumenten los controles en chatarrerías, desguaces, mercadillos, alhóndigas y puestos fronterizos con el fin de impedir que la mercancía robada acabe encontrando un cliente que la adquiera. «Hay que perseguir tanto al ladrón como al que compra los productos robados», remarca. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) comparte esta reivindicación. «La única manera de acabar con este problema es que lo que se roba no se pueda vender», indica Antonio Moreno, de UPA. En este sentido, sugiere que la Administración fije un protocolo con los mecanismos de control que eviten que los ladrones acaben haciendo negocio con sus fechorías.

Los agricultores exigen además que «la ley sea más contundente», con un endurecimiento de las penas y sanciones «ejemplarizantes». «Lo que ocurre es que los políticos no se toman en serio lo que está ocurriendo en el campo. Y ya no sabemos cómo vamos a defender nuestras propiedades», comenta el jumillano Francisco Abellán. La indefensión que viven los agricultores y ganaderos se traduce en situaciones cuando menos chocantes. El portavoz de UPA cuenta que algunos propietarios están suscribiendo seguros de responsabilidad civil ante el temor de que dentro de sus propiedades un ladrón sufra algún tipo de accidente «cuando saltan la valla o manipulan un transformador eléctrico, por ejemplo. Porque si eso ocurre, te cuesta la ruina».