El expediente 'Guadiana'

Hay fenómenos que llegan a rozar lo paranormal. Tal es el caso de un expediente de disciplina urbanística que 'aparecía' y 'desaparecía' en el Ayuntamiento de Abanilla como si se tratase de las aguas del río Guadiana. De hecho, primero fue abierto, después caducó, y finalmente se procedió a su reapertura, hasta que terminó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Murcia.

La decisión de recurrir a la vía judicial la adoptó el propio afectado. Un vecino del municipio, T.R.T., al que el Consistorio le abrió el expediente por acometer las obras de «una vivienda unifamiliar en el paraje de Los Carrillos, sin la preceptiva licencia municipal», según recoge la sentencia del juzgado. Corría el año 2005 cuando el alcalde, Fernando Molina, emitió un decreto en el que le imponía a este abanillero «una multa» de 6.192 euros por la obra acometida.

No obstante, y una vez iniciado el proceso sancionador, el expediente permaneció abierto hasta 2008 sin llegar a ejecutarse nunca. Todo ello, a pesar de que la Ley de Suelo de la Región fija un año «como plazo máximo del proceso sancionador desde la fecha del acuerdo de iniciación, ampliable como máximo, por tres meses».

A efectos prácticos, el Ayuntamiento dispuso de 1 año y 3 meses para ejecutar la sanción económica, pero el documento sumó tres años 'criando malvas' en los despachos. Es más, fue el propio alcalde el que emitió un segundo decreto el 19 de junio de 2008 en el que declaraba caducado el proceso sancionador.

Ante la demora de la administración, el vecino aprovechó esos tres años para legalizar la casa de campo que se había construido en Los Carrillos, «liquidando el impuesto de construcción y la tasa correspondiente». A pesar de que la vivienda aparentemente ya era legal, el 'expediente Guadiana' reapareció en la vida de T.R.T. en febrero de 2009.

El Consistorio le reclamaba por segunda vez 6.192 euros. «Por una infracción urbanística grave, por la realización de obras de edificación sin licencia». El afectado recurrió la decisión de alcaldía, pero en abril de 2010, el regidor Molina Parra acordó «desestimar la pretensión de declaración de caducidad del expediente y anulación de sanción».

Por lo que el asunto llegó al juzgado, que ha fallado a favor del vecino y ha condenado al Consistorio a que abone 6.192 euros a T.R.T.

Preguntas al alcalde

El fallo subraya que «resulta claramente la caducidad» del proceso sancionador, añadiendo que «no resulta del expediente ningún motivo para que no se hubiese podido tramitar en el plazo establecido, máxime si se tiene en cuenta que proviene de otro caducado». También recuerda al Ayuntamiento que no puede disponer de «dichos plazos a su antojo».

La sentencia ha provocado que la edil del IUMA, María Dolores Saurín, presentase al Pleno de julio varias preguntas por «los decretazos que nos cuestan el dinero a los vecinos». Lo hizo por escrito y dirigidas a la persona de Fernando Molina: «¿Señor alcalde por qué dejó que caducará el expediente sancionador y dejó de ingresar en las arcas públicas los 6.192 euros? ¿Si había caducado, por qué se lo volvió a abrir si ya había solicitado la licencia?»

Tales cuestiones deberán ser respondidas por escrito por el regidor.