Una sociedad pública asumirá las autopistas deficitarias, entre ellas el eje Cartagena-Vera

La ministra de Fomento, Ana Pastor, garantizó que su departamento «no permitirá que caiga el sistema concesional español, considerado como el mejor del mundo», en referencia a la decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra.

La caída de los tráficos por la crisis y los sobrecostes de expropiación que afrontaron constituyen los principales problemas de estas autopistas (entre las que figuran la de Cartagena-Vera, las radiales de Madrid, la que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda y la Madrid-Toledo, entre otras), de las que cinco están en concurso de acreedores. La autopista de Cartagena-Vera redujo el pasado año un 10,2% su volumen medio diario de tráfico, según datos del Ministerio. Cayó por encima de la medida de la red.

Pastor, que participó en el VII Encuentro del Sector de las Infraestructuturas organizado por Deloitte y ABC, agradeció públicamente el «esfuerzo» que Seittsa, la sociedad dependiente de su Ministerio, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, están realizando para «solucionar» el problema de estas vías. Según fuentes del sector, Fomento trabaja en la constitución de una sociedad pública, dependiente de Seittsa, que asumirá las nueve autopistas en problemas. Las concesionarias y constructoras actualmente titulares de las vías tendrían una participación del 20% en el capital de la empresa.

El Ministerio de Fomento, por otra parte, lanzará a lo largo de este año contratos de obras de construcción y conservación de carreteras, entre ellas la autopìsta del Mediterráneo, por un importe total de casi 1.300 millones de euros.

Este anuncio de próximas obras de carreteras se conoce en medio del parón que registra la inversión en obra pública en España. Según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan, la licitación de proyectos por el conjunto de las administraciones públicas se desplomó un 38% en el primer trimestre del año, tras cerrar 2012 en mínimos históricos (unos 7.400 millones de euros, un 46% menos) y encadenando seis años consecutivos de retrocesos.