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JORGE GARCÍA BADÍA
Sábado, 11 de mayo 2013, 02:46
El Ayuntamiento ha interpuesto «un recurso de alzada» ante la Consejería de Presidencia para que estudie una variación en el proyecto de restauración del vertedero situado en el paraje de La Solana, en la Sierra de Abanilla, que comenzó a ejecutar Proambiente en abril. En el recurso se solicita a Presidencia que «todas las medidas compensatorias» que contempla el proyecto de la mercantil, «se ejecuten en el municipio».
De esta forma, el Consistorio ha recogido la petición del escrito que el PSOE dirigió al alcalde, Fernando Molina, solicitándole «formalmente que haga lo que esté en su mano para que todas las medidas compensatorias repercutan de forma directa en nuestro termino municipal, ya que ha sido aquí, y no en otro municipio de la Región, donde se han producido los hechos, siendo los abanilleros los que sufrimos las consecuencias de este atentado al medio ambiente». Todo ello, en clara alusión a la actividad de Proambiente.
El PSOE decidió presentar este escrito a la Alcaldía, «porque no comparten las actuaciones de recuperación» que contempla el proyecto de Proambiente en el LIC Yesos de Ulea, «al estar ubicado fuera del término de Abanilla». Se da la circunstancia de que la actividad de las mercantil acabó con todos los yesos que estaban debajo de los vasos del vertedero, «y ahora, para que Proambiente pueda restaurar el daño que ha hecho a la Red Natura 2000, debe hacerlo sobre un hábitat similar, tal y como marca la Directiva Hábitats de la Unión Europea. Por ello se actúa en el LIC Yesos Ulea que es monte público y tiene yesos», según aclara Ecologistas en Acción.
Pese a todo, el PSOE solicitó al Consistorio «lograr la sustitución de las acciones compensatorias en el LIC Yesos de Ulea, por otra actuación en Abanilla». Proponen como alternativa el LIC del río Chícamo.
Presentan los 3,3 millones
Entretanto, ayer, fuentes de la Consejería de Presidencia confirmaron que Proambiente ya ha «constituido el aval bancario para restaurar la Sierra de Abanilla, a falta de la certificación de la Dirección General de Seguros». En total, la mercantil debía aportar 3.305.933 euros para garantizar a la Comunidad Autónoma la liquidez de las actuaciones que debe acometer en el vertedero.
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