Defenestrado por los sobres

El escándalo que tiene estos días como protagonista al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas trae a la memoria otra crisis política ocurrida hace un cuarto de siglo en Cartagena con otros sobres llenos de dinero de por medio y que hicieron caer al entonces alcalde Juan Martínez Simón. El político socialista se vio obligado a dimitir cuando 'La Verdad' destapó que los cuatro grupos municipales habían ocultado el reparto de una millonaria subvención. Dos ediles socialistas admitieron desde el inicio de aquella crisis el cobro de dinero en mano para compensar atrasos.

La tormenta se desató cuando el periodista Ginés Conesa Tito desveló, el 16 de enero de 1987, que los grupos municipales del Ayuntamiento de Cartagena se habían repartido ayudas por 27,4 millones de pesetas. El procedimiento de concesión era aparentemente legal, pero hubo un «pacto de caballeros» para no dar publicidad a una medida tremendamente impopular. Incluso el concejal de Hacienda, Pedro Fructuoso, llegó a negar aquellas concesiones cuando fue consultado por el periodista. Martínez Simón sí las reconoció abiertamente desde el principio, a razón de 16,1 millones para el Grupo Socialista (que gobernaba con 14 concejales), 5,3 para el Popular (7 concejales), 4,1 para el Cantonal (5 ediles) y 1,8 para el Comunista, que solo tenía un representante.

Las reacciones a aquellas informaciones fueron más airadas en el ámbito político que en el ciudadano. Mientras los cartageneros aguardaban expectantes nuevos detalles del escándalo en las páginas de 'La Verdad', en la fragmentada escena política heredada de la Transición hubo movimientos instantáneos. Militantes del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y del Partido Democrático Popular (PDP) -el primero situado en la izquierda de la escena política; el segundo, en el centro-derecha- anunciaron querellas y pidieron las dimisiones de todos los implicados «por mera dignidad política y para darle credibilidad a nuestra institución democrática».

Los portavoces de todos los grupos municipales insistieron durante días en que el procedimiento de concesión de las subvenciones fue legal y necesario para compensar el «gasto añadido que supone el ejercicio de la concejalía». El único error admitido fue que nunca debieron ocultar su tramitación.

Los partidos hicieron encajes de bolillos para tratar de sustentar una situación difícilmente justificable cuando trascendió, además, que el dinero repartido salió de una partida reservada por el Ayuntamiento para subvencionar a instituciones de la ciudad. El debate entre ética y legalidad subió de intensidad cuando los cartageneros conocieron las dificultades que iban a tener ese año la Hospitalidad de Santa Teresa -de auxilio a transeúntes- o el Asilo de Ancianos para acceder a dinero público porque éste andaba en los bolsillos de los políticos. Y mientras la indignación iba creciendo entre los cartageneros, en la familia socialista -también entonces muy dividida- arreciaban las críticas a Juan Martínez Simón.

«Estoy muy sorprendido por la campaña de confusionismo que se ha desatado y quiero esclarecer la situación hasta el final, para que no quede en entredicho la dignidad de las personas ni la institución que representamos» (sic), dijo el alcalde varios días después de que estallara el escándalo en una comparecencia pública seguida incluso por periodistas desplazados desde Madrid para la ocasión. Porque la repercusión de los sobres de Martínez Simón, en la escala mediática de la España de hace un cuarto de siglo, no tuvo nada que envidiar a la de los sobres de Bárcenas.

Dinero devuelto

De poco valieron aquellas justificaciones del primer edil. Fueron concejales de su propio grupo municipal quienes salieron a la palestra para reconocer públicamente que habían percibido el dinero. José Miguel Hernández fue uno de ellos. En aquellos días, llegó a comparecer en una notaria para depositar un cheque por las 125.000 pesetas que había recibido. Pretendía que el Ayuntamiento dispusiera de ellas en caso de no corresponderle por atrasos de sus nóminas.

La ejecutiva regional del PSOE tomó cartas en el asunto por medio de sus secretarios generales Enrique Amat y Ramón Ortiz, responsables respectivamente de política regional e instituciones políticas. La sospecha de la utilización de parte del dinero de los sobres para la financiación ilegal del partido planeó en todo momento, pues se supo que solo 12 de los 16 millones percibidos fueron destinados a pagar sobresueldos, mientras que otras cantidades sirvieron para costear sondeos y estudios del partido, y otra parte fue a parar a una cuenta controlada por dirigentes socialistas, entre ellos, el propio alcalde, según revelaron en las reuniones organizadas por el 'aparato' para tomar el control de la situación.

Por aquellas fechas, el ministro Pío Cabanillas ya había pronunciado la célebre frase de «¡Al suelo, que vienen los nuestros!» Y Martínez Simón pudo comprobar en su propia piel los manejos y traiciones de quienes habían compartido proyecto político con él, poniendo sobre sus hombros toda la responsabilidad del asunto. «Se trata de una manipulación para deteriorar mi figura, sin darse cuenta de que el verdadero deterioro alcanza al propio partido y a los demás grupos políticos y al Ayuntamiento como institución», advirtió siendo aún primer edil.

Durante los últimos días de enero se sucedieron las justificaciones públicas de los implicados en el escándalo, los mensajes de apoyo al alcalde de colectivos e instituciones, las maniobras de destacados socialistas para sacar tajada de la crisis y los intentos de la Fiscalía para abrir una investigación.

Para entonces, Martínez Simón había decidido dejar su cargo y el PSOE le buscaba un candidato entre los mismos concejales que estaban bajo sospecha por los sobresueldos. La dimisión se hizo oficial en el pleno celebrado el 20 de febrero, aunque tuvo que rogar que se la aceptaran. El comunista Alfonso Lidón le espetó: «Alcalde: no te echa el pueblo ni la oposición, sino tu propio partido».

Aquel episodio y su rocambolesca solución puso la alcaldía de Cartagena en manos del Partido Cantonal. Antonio Vallejo Alberola fue designado primer edil, con el apoyo de los concejales de Alianza Popular y de José Miguel Hernández y José Espinosa, hasta entonces en las filas del PSOE.