Un policía acusado de robar a 'narcos' asegura que estaba «desesperado» por las deudas

La banda desmantelada esta semana en la Región por robar dinero y droga a traficantes de Murcia y Alicante llevó a cabo en el último año una «actividad incesante». Así lo afirma el titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, en el auto con el que este viernes dictó prisión provisional para los seis detenidos -eludible bajo fianza para dos de ellos-. Entre los arrestados se encuentran dos agentes municipales de Aledo y Abanilla y un cabo de la Policía Militar. En este escrito, al que ha tenido acceso este diario, el magistrado recalca que las investigaciones arrojan un resultado «meridianamente claro» y afirma que la organización ha venido desarrollando, desde sus inicios a comienzo del pasado año, «una actividad ilícita, consensuada y previamente organizada».

El juez instructor llevó a cabo este viernes una maratoniana jornada de interrogatorios a los seis detenidos y afirma, en esta resolución, que la mayoría de declaraciones fueron «autoinculpatorias», aunque señala que hubo algunos imputados que ofrecieron «versiones inverosímiles». Entre estas últimas señala la de Juan A.P., un policía local de Abanilla de 26 años, que sostuvo ante el juez que colaboró con la organización porque realizaba una labor de infiltrado policial. Este agente ha ingresado en prisión provisional pero puede eludirla con una fianza de 6.000 euros.

Este viernes también declaró en el juzgado Enrique I., un policía local de Aledo en excedencia que está considerado como el presunto cabecilla de la organización. Este imputado, que está siendo defendido por el letrado Fermín Guerrero, reconoció ante el juez siete 'golpes' de la organización en Torreagüera, Sangonera La Verde, Orihuela, San Javier, Alcantarilla, Beniaján, El Ranero y la localidad alicantina de Cox, aunque hizo hincapié en que él no dirigía la organización y que no participó en todos ellos.

Según explicó al juez, este agente estableció contacto con un grupo de colombianos dedicado al tráfico de drogas, a comienzos del pasado año. Enrique I. aseguró haber sufrido supuestas amenazas por parte de éstos para que participara en su negocio y reconoció que la oferta llegó en un momento en el que se encontrada «desesperado» por una deuda familiar que asciende a medio millón de euros y que le ha llevado a tener que pedir ayuda para comer.

Enrique I., al que conocían como 'el cherif', reconoció ante el juez haber fingido registros policiales en diversas ocasiones. En algunas de ellas, incluso, afirmó que llegaron a emplear un sello de un juzgado, que modificaban para cada ocasión. Con estas falsificaciones, subrayó, la mayoría de las víctimas no oponían ninguna resistencia. «Enseñando la placa y la pistola la gente colaboraba», declaró ante el juez.

Este agente reconoció la supuesta intervención en estos asaltos de Juan A.P.L., el agente de Abanilla, y de Pedro L.L., un integrante de la Policía Militar al que en la banda conocían como 'El Cabo'. Entre los implicados se encuentra también presuntamente Álvaro F.H. y Marius E., de nacionalidad rumana.

«Nunca tocamos dinero legal»

Enrique I. defendió ante el juez que la banda solo actuaba contra grupos de delincuentes y que las víctimas se escogían en razón de que poseyeran droga o dinero negro. «Nunca quisimos tocar dinero legal», recalcó. El agente de Aledo afirmó que el botín de cada asalto se repartía entre aquellos que habían participado en él físicamente y aquellos que habían ofrecido información. Con estas prácticas, Enrique I. reconoció haber ganado cerca de 12.000 euros con los que «he pagado pequeñas deudas y he hecho unos arreglos».

El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia decretó este viernes el ingreso provisional en el centro penitenciario de Sangonera La Verde de los seis detenidos, aunque dos de ellos podrán eludir la cárcel con el pago de fianzas. El juez tomó esta decisión en aras a la reiteración delictiva de los procesados y a la necesidad de asegurar las fuentes de prueba. En este punto, el magistrado aseguró que algunos imputados habían llegado a presionar a víctimas para que no denunciaran.