Los docentes ya tienen rango de autoridad y su versión prevalece en los conflictos

Los profesores y maestros ya gozan del rango de autoridad y su palabra está por encima hasta que se demuestre lo contrario en caso de conflicto con padres o alumnos. La Asamblea Regional aprobó ayer la nueva Ley de Autoridad Docente, que trata de reforzar la potestad de los maestros para resolver los conflictos en el aula o con los padres de alumnos, otorgando a su palabra la presunción de veracidad. En caso de desacuerdo, la palabra de los profesores prevalecerá sobre la versión de los estudiantes o sus familias. El docente solo perderán la razón si quien no está de acuerdo con él consigue demostrar, con pruebas, que no se ajusta a la verdad.

La normativa, que trata de resolver la pérdida de autoridad de los docentes que se ha denunciado desde algunos sectores, fue respaldada ayer con los votos favorables de PP y PSOE y la oposición de IU-V. La ley no solo pone el acento en la superioridad del profesor entre la comunidad escolar, sino que tiene consecuencias prácticas. El rango de autoridad permite a la fiscalía perseguir de oficio los delitos contra estos funcionarios públicos, lo que viene a reparar, argumentan los defensores de la normativa, la «indefensión» que dicen padecer los docentes en casos de agresiones o denuncias falsas por parte de los alumnos o sus padres. El estatus de superioridad es equiparable al que ostentan las fuerzas de seguridad o el personal sanitario.

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, presente en el pleno, consideró ayer que con la Ley de Autoridad Docente, que también obliga a los alumnos que causen daños a repararlos, se da «un paso importante para fortalecer el prestigio y la dignidad de los profesores en el ejercicio de su magisterio». La diputada del PSOE María del Carmen Moreno puntualizó que la norma «no solucionará todos los problemas que «lo que verdaderamente necesitan es que se reconozca su labor en un momento en el que su trabajo está afectado de manera importante por los recortes». El diputado de IU dijo que la norma «no vale para nada ni aporta nada».