El contrato de las sillas moviliza a cofradías y Ayuntamiento al acabar en Martes Santo

Las sillas de las procesiones vuelven a ser un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento y la Junta de Cofradías, a dos meses de la Semana Santa. Y todo porque la actual concesión de ese servicio, que tiene Sillas Gil, expira el próximo 26 de marzo a las doce de la noche. Ese día es Martes Santo y ha obligado a los servicios jurídicos municipales a estudiar un caso que se podría haber evitado de haberlo planificado hace cuatro años.

Los letrados del Ayuntamiento ya han llegado a la conclusión de que la ampliación del contrato es legalmente posible. Y la voluntad de la concejal de Cultura, Rosario Montero, que se encarga del tema, es prorrogarlo, según informaron fuentes municipales. El Ayuntamiento no quiere asumir el riesgo de un cambio de concesionaria en plena Semana Santa, que está declarada de Interés Turístico Internacional. Y ahora tendrá que negociar con Sillas Gil para proponerle la extensión del contrato cinco días más. Esa decisión supone un contratiempo para la Junta de Cofradías, cuyos directivos habían planificado gestionar el servicio -a través de un tercero- para mejorar los asientos y obtener más beneficios económicos.

Duplica el canon

Representantes de las cuatro cofradías iniciaron las reuniones con responsables de la Concejalía de Cultura el pasado día 3. Entonces ya comunicaron que habían localizado una empresa de alquiler de sillas que se comprometía a mejorar el servicio y casi a doblar el canon actual, que es de 45.000 euros. Pero, aunque las reuniones han continuado, todo está paralizado desde que los técnicos descubrieron que Sillas Gil tiene derecho a explotar esa concesión hasta el quinto día de procesiones en la ciudad. Por tanto, el Miércoles Santo comenzaría un nuevo periodo. «Evidentemente, hemos contactado con algunas empresas y hemos hecho varias propuestas al Ayuntamiento», reconoció ayer el vicepresidente de la Junta y hermano mayor californio, Juan Carlos de la Cerra.

La actitud de De la Cerra es la de colaborar con Montero para resolver el problema, pero otros directivos de la Junta han lamentado la falta de previsión cuando se suscribió el contrato con la actual concesionaria, en marzo de 2009, por un periodo de cuatro años. Entonces también hubo polémica, ya que Sillas Gil ganó el concurso público convocado con una rebaja sustancial respecto al anterior contrato. Los hermanos mayores reprocharon al concejal que llevó las negociaciones, José Cabezos, que no lograra obtener de la empresa nada más que 45.000 euros para la Semana Santa cuando en 2007 había pagado 76.758 euros, aunque en 2008 bajó hasta los 39.000 euros porque alegó graves pérdidas el año anterior debido a la suspensión de desfiles por la lluvia.

¿Interesará a una empresa trabajar la primera mitad de la Semana Santa y a otra los cinco días restantes? En el Ayuntamiento no quieren asumir riesgos. Pero miembros de la Junta de Cofradías consultados por 'La Verdad' coinciden en que el principal objetivo es evitar que Gil trabaje en Cartagena la próxima Semana Santa, tras los problemas de los últimos años, dicen. Y si decidiera cumplir su contrato hasta el último minuto, las hermandades tienen recambio para trabajar a partir del día siguiente.

Juan Carlos de la Cerra aseguró que el Ayuntamiento ha acogido bien su propuesta de gestión. «Pero ahora, de lo que se tiene que preocupar primero es de resolver el problema, como titular del dominio público. Porque nosotros no queremos perjudicar al Ayuntamiento», insistió.

Cuatro fiestas

Desde 2009, Sillas Gil paga anualmente al Ayuntamiento 53.000 euros por la instalación de butacas y palcos para las procesiones de Semana Santa y también en las fiestas de Carthagineses y Romanos, el Carnaval y la Cabalgata de Reyes. El contrato vigente hasta el próximo Martes Santo fija indemnizaciones en caso de suspensión de los festejos.

El Ayuntamiento tiene establecido un reparto equitativo de los ingresos entre todos los colectivos organizadores de las fiestas. Las cofradías reciben un 85% de ese dinero, mientras que la Federación de Carnaval, Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos y una institución benéfica que trabaja con niños, un 5% cada uno.

Durante los últimos cuatro años, la relación de los responsables de la empresa y los directivos de las cofradías ha empeorado por las críticas de estos últimos a la limpieza y la colocación de las sillas, así como a la gestión del servicio. Los procesionistas protestan porque los asientos son incómodos, suelen estar sucios, no hay tribunas y es imposible comprar las localidades por internet. Los empresarios también tienen sus quejas: «Estamos muy mal mirados por parte de los cofrades. Y a mí ya no me merece la pena trabajar en estas condiciones», dijo el máximo responsable de la empresa alicantina, Vicente Gil, tras acabar la Semana Santa de 2012. Entonces advirtió que, o cambiaban las condiciones, o no vendría más a Cartagena. Por ahora, guarda silencio sobre sus intenciones.