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R. F.
Sábado, 21 de julio 2012, 12:39
Poco más que cero. Las posibilidades de que la Administración regional autorice a Proambiente a reabrir el vertedero de Abanilla son «mínimas», según admitió ayer el consejero de Presidencia y máximo responsable de adoptar la última decisión, Manuel Campos.
La orden cautelar de clausura y de prohibición de cualquier vertido en esas instalaciones, dictada ayer por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza y publicada en exclusiva por 'La Verdad', ha venido a asestarle un golpe, que puede resultar definitivo, al vertedero de Ángel Fenoll.
«Apoyo la decisión de la juez y además me parece acertada», expresó ayer Manuel Campos al respecto de la resolución judicial. El consejero recordó que esa medida «comulga con la adoptada el pasado septiembre por la Consejería», que ordenó el cese de la actividad hasta que se adoptara una decisión sobre el vaso 3.
«Ambas vías, la judicial y la administrativa, pueden desarrollarse en paralelo, aunque siempre tiene prioridad la resolución penal», explicó Campos, quien admitió además que la decisión judicial viene a sumarse a las muchas circunstancias negativas que Proambiente ha acumulado en los últimos tiempos y que hacen casi inviable que se le otorgue la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI). Un documento que la empresa espera como agua de mayo, ya que les permitiría reanudar los vertidos, pero que cada vez parece más lejos de ser firmado por la Consejería.
La decisión de Presidencia se conocerá antes del 1 de agosto y de perder la autorización ambiental, Proambiente podría enfrentarse a la posibilidad de no ejercer ni una sola actividad en las 30 hectáreas que ocupan las instalaciones, ya que la planta de compost, la línea de fabricación de combustible y el vertedero carecerían de permiso legal para poder realizar actividad alguna.
Entre tanto el próximo lunes, los abogados que asesoran a Ángel Fenoll, confirmaron ayer que se reunirán con el empresario y que posteriormente podría producirse algún tipo de comunicación pública acerca del recurso contra el cierre cautelar emitido por el juzgado de Cieza.
Contentos en Orihuela
El alcalde de Orihuela, el ecologista Monserrate Guillén, que el pasado miércoles mantuvo un encuentro con el consejero Campos, cree entrever que «será muy difícil» que se vuelva a reabrir el vertedero. Y añadió que ve la instrucción judicial va por «el buen camino», lo que se traduce a su juicio en que la magistrada ha visto suficientes indicios de delito para optar por el cierre cautelar.
No obstante, matizó el regidor oriolano que como las medidas judiciales se refieren a la prohibición de residuos en el vertedero, el gobierno murciano debe estudiar la posibilidad de incrementar la vigilancia sobre la planta de tratamiento. «Iría con cuidado y pediría máxima atención, este señor suele saltarse la ley a su antojo y cuando estima conveniente como ha quedado demostrado». Guillén llegó a proponer un inspector permanente en el vertedero «se ganaría el sueldo».
El alcalde planteó incluso que «si no pueden haber vertidos, no entendería la llegada de camiones de los municipios de la Vega Baja».
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