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JORGE GARCÍA BADÍA
Martes, 26 de junio 2012, 11:09
«Nos alegramos de esta decisión porque en la línea de reciclaje, recogida, compost y de limpieza hay mucha gente trabajando. Son cientos de familias de Abanilla». De esta forma resumía el portavoz del equipo de gobierno popular, Pascual Martínez, el sentir del gabinete municipal, tras la resolución adoptada por la Consejería de Presidencia de dar el visto bueno a la ampliación del vaso 3, concediéndole a Proambiente la declaración de impacto ambiental favorable (DIA).
Una declaración que permitirá a la mercantil de Ángel Fenoll retomar el tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) durante los próximos 7 años y 76 días, después de que Presidencia decretase la paralización de la actividad del vertedero de Abanilla, en septiembre de 2011, por el vertido ilegal de 117.900 toneladas de basura. El portavoz popular avanzaba que «en cuanto reciban la DIA se la vamos a remitir a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, y si llega a tiempo daremos cuenta de ella a nivel informativo en el pleno de julio (día 16)».
La lectura que hacía el portavoz del equipo de gobierno al respecto de la declaración de impacto favorable, fue diametralmente opuesta a la cascada de reacciones que durante todo el día de ayer se sucedieron en contra de la vuelta a la actividad del vertedero de Fenoll.
De hecho, desde el PSOE calificaban la instalación como «el mayor desastre ecológico del arco Mediterráneo», y su responsable de Medio Ambiente, Francisco Abellán, exigía la comparecencia del consejero Campos en la Asamblea Regional para que explicase «qué compadreos han existido entre Proambiente y el Ayuntamiento de Abanilla». Abellán señaló que las afirmaciones del consejero «ponen de manifiesto la connivencia entre Proambiente y el Gobierno regional durante los últimos 12 años».
Desde IU en Orihuela y Murcia criticaron que «esta autorización es un escándalo». El diputado de EUPV en el Congreso, Ricardo Sixto, llevará la ampliación del vaso 3 a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados: «Exigimos una respuesta sobre cómo actuará el Seprona al respecto de la vigilancia del vertedero, cada quince días, anunciada por el gobierno murciano».
En UPyD su coordinador regional, Rafael Sánchez, alertó de que «se deberían estudiar en profundidad las denuncias de Vertivega en las que se asegura, tras un informe independiente, que hay zonas de cultivo próximas al vertedero con niveles de agentes orgánicos contaminantes muy por encima de las cifras normales». Precisamente la Plataforma Vertivega ha convocado para hoy una «reunión de urgencia» para estudiar si llevan a cabo «una movilización ciudadana».
Ecologistas en Acción señaló que la resolución de Presidencia «es una declaración ambiental hecha a medida y no hay garantías de que la empresa vaya a cumplir la ley, si antes no lo ha hecho, ¿por qué van a hacerlo ahora?». Este grupo asegura que la restauración proyectada por 2 millones de euros «no devolverá los hábitats originales al LIC Sierra de Abanilla».
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