La encrucijada fotovoltaica

«Lo que hizo el anterior Gobierno socialista fue una estafa de Estado, pero ahora existe un hermetismo absoluto desde el PP, cuando ellos, en la oposición, criticaron duramente esta modificación y se opusieron a ella». De esta forma resume el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, el sentir de los titulares de las 56.000 instalaciones fotovoltaicas que existen en España y que vieron la luz al abrigo del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para regular la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Un régimen especial que, salvando las distancias con el 'boom' del ladrillo, provocó un efecto similar a las facilidades crediticias que otorgaron los bancos durante la burbuja inmobiliaria. Solo hay que remitirse a las cifras, tras la entrada en vigor de este Real Decreto se invirtieron 23.000 millones de euros (el 85% procedente de la banca) para convertir a España en la tercera potencia fotovoltaica del mundo, con 56.000 parques solares, de los cuales, 4.580 instalaciones quedaron ubicadas en la Región (el 8,17% del sector).

Principalmente por el Altiplano (Jumilla y Yecla) además de Lorca, Alhama de Murcia y Totana. Pero esta apuesta por las energías renovables del Gobierno socialista de Zapatero, que fue recogida con los brazos abiertos por muchas familias murcianas que vieron en el Real Decreto 661/2007, una oportunidad de invertir y de crear riqueza, casi tres años más tarde, se convirtió «en un castigo», según lamenta el abogado murciano y flamante presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca.

Y todo ello, debido «a los cambios retroactivos» que propiciaron sendos decretos (14/2010 y 1565/2010) encaminados a modificar la normativa y establecer medidas urgentes para corregir el déficit tarifario que arrastra el sector eléctrico (24.000 millones de euros).

Estos decretos, en 2010, supusieron «un cambio de la reglas de juego a mitad de la partida, con una inseguridad jurídica brutal y una reducción de las primas comprometidas del 35%». Pero ahora, en 2012, están poniendo en jaque 40.000 empleos de los 93.000 puestos de trabajo que generó el sector de las renovables, desde que entró en vigor en 2007 el 'decreto verde' de Zapatero. A estas pérdidas se suman las económicas, solo en 2012, de 750 millones de euros, tal y como denuncia, Martínez-Aroca: «Las inversiones todavía están sin amortizar pero el gobierno socialista apostó por recortar a las familias, en vez de quitárselo a las grandes compañías hidroeléctricas».

Un panorama desalentador que el Ejecutivo de Rajoy frenó, introduciendo una moratoria, pero sin entrar en el fondo del problema. Algo que desde Anpier creen que se producirá «a finales de junio, el Consejos de Ministros modificará el sector eléctrico». Por todo ello el presidente de esta asociación que aglutina en España y la Región a 4.000 'socios' de las energías renovables, exigirá al Ministerio de Industria que «deroguen los cambios retroactivos que introdujeron en la normativa, los decretos 14/2010 y 1565/2010, porque detrás de las plantas fotovoltaicas hay muchas familias».

Ya han solicitado una reunión al ministro de Industria, José Manuel Soria, para solucionar la encrucijada a la que se enfrenta el sector, «pero no nos recibe» y están dispuestos a adoptar nuevas acciones legales para lograr la derogación de la ley.