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Sábado, 9 de junio 2012, 02:58
Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, lanzó el jueves, al mismo tiempo que una tanda de nuevos recortes en los presupuestos de su comunidad, la idea de reducir a la mitad el parlamento autonómico, desde 129 miembros a 65, como medida de austeridad. La oposición acusó a Aguirre de haber lanzado su propuesta a modo de cortina de humo para distraer la atención de las duras medidas acordadas, y, ciertamente, la curtida política madrileña consiguió su propósito. Pero ayer, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Sáenz de Santamaría, recordó que es la Constitución la que determina la composición del Congreso y el Senado, por lo que cualquier modificación a ese nivel requeriría reforma de la Carta Magna, si bien añadió que valora positivamente cualquier medida encaminada a la austeridad que puedan poner en marcha las comunidades autónomas. En definitiva, la reforma de las asambleas autonómicas parece hoy extemporánea; sin embargo, no deberían descartarse medidas de esta índole, o incluso la desprofesionalización de ciertos roles políticos como el de parlamentario autonómico, para reducir y hacer más sostenible la estructura del Estado.
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