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ALICIA NEGRE
Lunes, 30 de abril 2012, 12:01
Los juzgados de lo Social llevan años aguantando el envite de la crisis económica y ya no dan más de sí. La excesiva carga de trabajo que arrastran estos órganos ha provocado un retraso en la resolución de las demandas que preocupa a los propios magistrados. Si antes de la crisis, un despido se resolvía en unos 30 días, el proceso ahora se ha alargado y la espera en los tribunales murcianos para que un juez decida sobre estos asuntos alcanza ya los cinco meses. «Seguimos llevando un retraso que a nosotros no nos gusta llevar, pero que realmente no podemos reducir debido a la gran pendencia», reconoce Mariano Gascón, magistrado del juzgado de lo Social número 2 de Murcia.
Más de 21.000 trabajadores han 'peleado' en los últimos cinco años sus despidos en los juzgados de lo Social de la Región. Es el fiel reflejo de una situación económica que ha dejado en la calle a una parte importante de la población. Estos órganos alcanzaron en 2009 su pico más negro. Hasta 6.454 demandas por despido llegaron a registrar los tribunales murcianos en ese ejercicio. Una cifra que triplicaba los 2.021 asuntos de 2007 y que desbordaba cualquier previsión. «La destrucción de empleo ha sido extraordinaria y la Región la ha acusado muy especialmente», explica Gascón.
A partir de 2009, los juzgados de lo Social de Murcia se situaron a la cabeza en el número de demandas recibidas. Estos órganos pasaron de arrastrar unos 900 asuntos por año, a enfrentarse a un atasco de 2.200 demandas anuales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valoró la situación y aprobó un plan de refuerzo que estuvo activo entre el 30 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2010. María Dolores Nogueroles, magistrada coordinadora de la jurisdicción social, explica que ésta fue «una medida positiva, pero lamentablemente insuficiente para acabar definitivamente con la pendencia de asuntos».
El titular del juzgado de lo Social número 2 de Murcia recuerda que España es uno de los países de Europa que menos jueces por habitante tiene y, sin embargo, soporta una de las tasas de litigiosidad más altas del continente. «Por mucha capacidad productiva que procuremos tener siempre vamos a tener un grado de pendencia», recalca Gascón. «Trabajamos todo lo que podemos e intentamos dar una respuesta lo más pronta posible».
En el último año, la avalancha de asuntos que llegan a los juzgados de lo Social parece haber frenado su marcha y las cifras comienzan a estabilizarse. En 2011 fueron 3.816 las demandas por despido registradas, un 0,7% menos que el año anterior, y en el primer trimestre de este año 786 personas han acudido a los tribunales al verse en la calle. Una circunstancia en la que muchos ven el agotamiento del mercado laboral de la Región. «El tejido productivo que había en Murcia ha ido destruyéndose poco a poco», recuerda el magistrado Mariano Gascón. «La construcción es un sector que ha sufrido un zarpazo terrible y en el que se ha destruido mucho empleo».
Pese a esta estabilización, los juzgados de lo Social siguen soportando una carga de trabajo «desbordante», debida, en parte, al retraso que acumulan de años anteriores. Cada órgano celebra vistas dos días a la semana y, en ese periodo, estudia una veintena de casos. Casos que, como recuerda el magistrado Gascón, son de gran crucialidad para sus protagonistas y para el mercado laboral de la Región, y merecen un estudio sosegado y atento. «Hoy en día, decidir si una persona debe cobrar una prestación por desempleo, si el despido de un trabajador debe ser declarado procedente, improcedente o nulo, con la que está cayendo, creo que tiene una gran trascendencia para la sociedad».
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