Los extranjeros deberán pagar impuestos en España para tener tarjeta sanitaria

El Gobierno quiere endurecer el acceso de los extranjeros a la tarjeta sanitaria, el documento que da derecho a recibir una asistencia que vaya más allá de las urgencias. Sin la tarjeta, no es posible tener un médico de familia ni recibir todas las prestaciones. La ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que ya no bastará solo con estar empadronado. «Necesitarán la residencia fiscal» y demostrar que viven efectivamente en España, explicó.

La Ley de Extranjería será reformada, y ahí se establecerán las condiciones. Habrá que esperar a conocer con detalle la reforma, porque las palabras de Mato generaron ayer múltiples interpretaciones. El cambio no afectará a los inmigrantes con permiso de trabajo, pero sí podría dificultar el acceso a la tarjeta sanitaria a los 'irregulares' (aquellos que no tienen papeles y que en estos momentos pueden entrar en el sistema sanitario a través de una tarjeta 'solidaria'). También se entiende que se endurecerá el acceso a los extranjeros 'ricos' que residen a veces solo parte del año en España, y sobre los que recaen acusaciones de 'turismo sanitario'.

En la Región hay 204.000 extranjeros con tarjeta sanitaria. La mayoría son inmigrantes con sus papeles en regla, pero también hay 'irregulares', y 10.000 pensionistas de países comunitarios. Fuentes de la Consejería de Sanidad explican que, en estos momentos, los 'sin papeles' tienen la posibilidad de acceder a una 'tarjeta sanitaria solidaria'. Es decir, aunque no estén afiliados a la Seguridad Social, si demuestran que carecen de recursos económicos, se les concede el documento.

Ana Mato aseguró que la intención de la reforma es luchar contra los abusos en el uso de la sanidad española. «Había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país», expuso la titular de Sanidad. «Se tendrá en cuenta a las personas que de verdad vivan en España».

En estos momentos la tarjeta sanitaria de cualquier persona afiliada a la Seguridad Social (sea española o extranjera) da derecho a que sus hijos y familiares directos tengan acceso en iguales condiciones al sistema sanitario. Por tanto, queda por saber si la medida puede afectar a inmigrantes en situación legal en España pero con familiares que en realidad no viven en el país aunque hagan uso del sistema.

Revisar los convenios

Con respecto a los turistas extranjeros, Ana Mato advirtió que España revisará los convenios con algunos países que no están abonando las facturas que les expide la sanidad española por la atención a sus ciudadanos.

Con respecto a los extranjeros comunitarios, el Gobierno introducirá un artículo que no se incluyó en su día -por «una mala transposición»- en la normativa europea relativa al derecho de los ciudadanos a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros de la UE. Ese artículo prohíbe desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. «Por este motivo muchas personas se han desplazado a nuestro país para hacer lo que todo el mundo comúnmente conoce como turismo sanitario», aseguró la ministra.

Ana Mato volvió a recordar un informe del Tribunal de Cuentas que cifra en 917 millones el coste de estas prácticas en 2009. Con la lucha contra el fenómeno del turismo sanitario, el ahorro previsto es de unos 1.500 millones de euros, según el Ministerio.

En realidad, España recibe una compensación económica por la atención a los ciudadanos de países de la UE que residen en nuestro país al menos seis meses al año, algo que no se ha reseñado estos días. Por ejemplo, por los europeos que viven en Murcia, Sanidad recibió 14,2 millones de euros en 2009. Al resto de extranjeros que no residen de forma habitual se les factura la asistencia (no a ellos, sino a sus países).

Sin embargo, el problema son las prácticas indebidas, recogidas por el Tribunal de Cuentas, como por ejemplo empadronarse en España y a través de la tarjeta europea ser atendido en el país de origen con cargo a España. También hay fallos en los mecanismos de pago que hacen que se pierda dinero.